INVITACIÓN # 10

COMENTARIOS AL PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

DR. JAVIER AROCA MEDINA, JEFE DEL PROGRAMA ESPECIAL DE COMUNIDADES NATIVAS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Sesión del día Lunes 19 de Junio del 2000

Sala Nº 02 del Palacio Legislativo

El expositor suscribe considera que el Proyecto presenta con realismo, la situación de los pueblos indígenas, en particular de los pueblos indígenas amazónicos, sin embargo, anota que hace falta desarrollar un estudio similar acerca de la situación de los pueblos indígenas andinos.

Remarcó la tarea conjunta realizada por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia para dar a conocer la legislación especial que protege los derechos de los pueblos indígenas y comunidades nativas. En realidad, la falta de normas legales no ha sido un problema sino la aplicación y el cumplimiento de esas normas, lo que considera el invitado es que hace falta una ley marco que establezca las normas generales que orienten al Estado Peruano hacia el cumplimiento y respeto de los derechos de las comunidades, para que no sigan sintiéndose discriminadas ni excluidas de la sociedad.

En los considerandos, señaló el Sr. Aroca debían realizarse algunas enmiendas, por ejemplo el primer considerando sólo indica que los pueblos indígenas son los que están asentados en la sierra y la selva peruana, se han omitido a las comunidades asentadas en la costa, el tercer considerando debe modificarse en el sentido que el Estado, en aplicación del Convenio 169 de la OIT, aprobado por Resolución Legislativa 26253, regula el estatuto jurídico de los pueblos indígenas mediante leyes especiales.

Por otro lado, el texto de la ley debe ser más preciso en la formulación de los derechos que se quieren proteger, menos declarativo y más constitutivo de derechos. De lo contrario le puede ocurrir lo mismo que al Convenio 169 de la OIT que, para un sector de funcionarios públicos, en tanto que no establece sanciones para los infractores, termina siendo una mera declaración de principios y que por eso debe reglamentarse.

La ley debe establecer que los pueblos indígenas son las comunidades campesinas y las comunidades nativas, debe señalar que estas comunidades, reconocidas oficialmente por el Ministerio de Agricultura deben ser inscritas, de oficio y en forma gratuita, en los registros públicos, debe actualizarse los poderes de las juntas directivas comunales y debe olvidarse de que tienen que inscribirse todas las juntas directivas anteriores a la actual junta directiva. Hacer esto resolvería de una vez por todas un problema importante por el que atraviesan las comunidades, de no poder inscribir a sus directivos en los libros de mandatos. Asimismo, debe establecer un plazo no mayor de 5 años, es decir, antes que culmine el "Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas" para que el Estado concluya todos los procesos de demarcación y titulación de als comunidades campesinas y nativas, y debe disponer su inscripción gratuita en los registros públicos.

La ley debe establecer criterios técnicos y normativos para establecer mecanismos de consulta y participación de las comunidades campesinas y nativas, cuando se vayan a emprender, dentro de sus territorios, actividades forestales, mineras, genéticas, de hidrocarburos, etc.

La ley debe disponer que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil entregue a todos los pobladores de las comunidades campesinas y nativas, sus respectivos documentos nacionales de identidad. Esto incluye las partidas de nacimiento y las libretas militares, para lo cual tendrán que intervenir también los gobiernos locales y las guarniciones militares más cercanas a las comunidades que lo necesiten. La documentación debe ser realizada con la colaboración de brigadas compuestas por pobladores de las mismas comunidades de manera que se logre llegar a todos los rincones del país.

La Ley debe establecer medidas que garanticen a estos pueblos que no se les va a expropiar sus tierras que tradicionalmente han ocupado. Y cuando ello sea inevitable, debe quedar la certeza de que se han agotado previamente todas las alternativas y posibilidades distintas a tener que expropiarles en el nombre del interés nacional. Y la indemnización debe efectuarse de manera justa y equitativa.

La ley debe establecer medidas claras que permitan a las comunidades campesinas y nativas, como pueblos indígenas, el acceso a los servicios básicos de educación bilingüe intercultural y salud. Salud que impida la muerte prematura de tantos niños, mujeres y hombres, pobladores de comunidades campesinas y nativas. No se debe olvidar que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), el 26 de Noviembre del año pasado, advirtió sobre la salud de millones de indígenas del mundo, incluyendo a los del Perú, cuyas vidas se ven abreviadas por enfermedades y pobreza, y cuya existencia se ve cada más amenazada por la degradación ambiental. Se requiere que, esta ley adopte medidas para mejorar la situación crítica, con la participación de los representantes de los pueblos indígenas.

La ley debe regular la relación del Estado con las comunidades campesinas y nativas, como pueblos indígenas. De acuerdo a la experiencia de la Defensoría del Pueblo, se recomienda que en los procesos judiciales en los que las comunidades, campesinas o nativas, sean parte, se deben tener en cuenta las costumbres de estos pueblos. Y en los procesos penales en los que se vea involucrado un miembro de dichas comunidades, se debe aplicar el principio del error de hecho culturalmente condicionado, debe contar con la asistencia gratuita y obligatoria de intérpretes si no comprende o no habla castellano. Debe ser obligatoria la presentación de peritajes antropológicos que ilustren a los juzgadores respecto a las costumbres de estos pueblos.

La ley debe resolver el enorme problema de falta de abogados defensores para las personas indígenas, comunidades campesinas y nativas, así como a las propias organizaciones indígenas. La ley debe prever mecanismos adecuados para garantizar el adecuado derecho a la defensa de las personas y de las comunidades indígenas. Tanto es así que, en ausencia del abogado patrocinador, se debe prever el nombramiento de abogados defensores de oficio, porque el derecho de defensa es un derecho fundamental. Siendo una materia especializada, la ley debe establecer que en PROMUDEH o en el propio Ministerio de Justicia se brinde un servicio jurídico gratuito a las comunidades.

Finalmente la ley no debe olvidar la problemática de los pueblos no contactados o en contacto inicial ni la situación de los pueblos que habitan en las áreas naturales protegidas, ni de los indígenas que habitan en las zonas fronterizas del país con Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia.

Sería bueno realizar una consulta a las organizaciones indígenas nacionales. Dicha consulta debe ser acerca del contenido de la futura ley de protección de los derechos de los pueblos indígenas. Se debe incluir una disposición que nombre una comisión revisora de la legislación aplicable a los pueblos indígenas. Dicha comisión , compuesta por representantes del Estado, de las organizaciones indígenas y de especialistas, puede ser el mecanismo que permita la aprobación consensual de una ley que refleje los legítimos intereses de los pueblos indígenas del país.