CAPÍTULO VI

LOS PRIMEROS AÑOS DEL SIGLO XX

a) Marco constitucional

Éste período estuvo normado por la vigencia de las Constituciones de 1867, 1920 y 1933.

La Constitución de 1920, en el artículo 121, inciso 12, definió como facultades del Primer Mandatario dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar los tratados, con la condición expresa de que éstos sean sometidos al Congreso.

Por otro lado, el artículo 121, inciso 1, definió como una atribución del Mandatario representar al Estado en el interior y exterior. En relación a la conservación de la Seguridad Exterior, el artículo 121, inciso 3, dispuso que el Presidente conservara el orden interior y la seguridad exterior de la República. El artículo 83, inciso 18, atribuyó al Poder Legislativo la aprobación o desaprobación de tratados de paz, concordatos y demás convenios celebrados con gobiernos  extranjeros.

Asimismo, la  autorización del ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, fue atribuida al Congreso, en el artículo 83, inciso 16. Con respecto al Estado de guerra, el artículo 83, inciso 17, facultó al Parlamento para declararla a iniciativa del Poder Ejecutivo, o previo informe del mismo. La misma disposición estableció que el Legislativo tenía derecho de requerir al Ejecutivo para negociar la paz.

En lo concerniente al servicio diplomático, el nombramiento de los Ministros de Estado y Agentes Diplomáticos  según el artículo 121, inciso 14, era facultad del Presidente. Le correspondía al Senado aprobar o desaprobar estos nombramientos conforme al artículo  97, inciso 3. Asimismo el Presidente según el artículo 121, inciso 13, era responsable de recibir a los ministros extranjeros y admitir a los cónsules. Por último el artículo 123, prohibía al Presidente salir del territorio de la República durante su gestión, sin permiso del Congreso.

La Constitución de 1933, por su parte, estableció en su artículo 154, inciso 1, como atribuciones del Presidente de la República, representar al Estado en el interior y en el exterior. Con respecto a la conservación de la Seguridad Exterior, el artículo mencionado en el inciso 2, atribuyó al Presidente la facultad de mantener el orden interno y la seguridad exterior de la República. El artículo 154, inciso 20, estableció como atribuciones presidenciales, celebrar tratados, concordatos y convenciones internacionales, con aprobación del Consejo de Ministros y someterlos al conocimiento del Congreso. Su artículo 123, inciso 18, fijó como facultad parlamentaria el prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio republicano, siempre que no afectara la soberanía nacional. Por otro lado, el artículo 123, inciso 19, atribuyó al Congreso resolver la declaración de guerra, a iniciativa o previo informe del Poder Ejecutivo. Consecuentemente, el Parlamento también podía requerir al Ejecutivo para negociar la paz.

Con respecto a los funcionarios diplomáticos, el artículo constitucional 154, inciso 17, responsabilizó al Presidente del nombramiento de embajadores y ministros plenipotenciarios, con aprobación del Consejo de Ministros.

En referencia a las relaciones con la Santa Sede, el artículo 154, inciso 22, atribuyó al Presidente la celebración de concordatos, de acuerdo con las instrucciones dadas por el Congreso. En el mismo artículo, inciso 26, se contempló la facultad presidencial de conceder o negar el pase a decretos conciliares, breves y rescriptos pontificios, con asentimiento del Congreso. El Presidente tenía el mismo derecho con respecto a las bulas, cuando no se refirieran a las instituciones de Arzobispo u Obispo.
 

b) El Congreso y los asuntos externos del Estado

En esta época los trabajos parlamentarios en materia internacional continuaron centrados fundamentalmente en las relaciones con el Ecuador, Colombia y Chile.

Para este nuevo período destacamos también de manera especial el rol del Congreso en las relaciones con los Estados Unidos de América; la especial situación del Perú frente a la Primera Guerra Mundial y las relaciones con el Japón a la luz de las corrientes de inmigración japonesa al Perú.

i.  Las relaciones con Ecuador

Al fracasar las negociaciones directas respecto de las modificaciones hechas por el Gobierno peruano al Tratado García–Herrera  firmado el 2 de mayo de 1890, los dos países solicitaron la continuación del arbitraje español en 1904.

Dos años después, los representantes peruanos Mariano H. Cornejo y Felipe de Osma, presentaron la memoria final de nuestro país al Monarca ibérico. Dicho documento negó vigencia a los arreglos limítrofes que el Perú sostuvo con la Gran Colombia, de los que el Ecuador aspiraba a ser considerado heredero. Asimismo, el derecho colonial era reconocido como principio de delimitación, mas no de reivindicación de territorios, como pretendía el país norteño. Finalmente, el Gobierno peruano solicitó que la frontera fuera fijada de acuerdo al alegato presentado por Pardo y Barreda en 1889. El Ecuador, por su parte, ratificó sus puntos de vista previos, a través de su representante Honorato Vásquez(184) .

Entre 1903 y 1904, se produjeron incidentes armados entre fuerzas peruanas y ecuatorianas en los alrededores de los ríos Napo y Aguarico. Estos sucesos coincidieron con el arribo de Ramón Menéndez Pidal, hombre de letras español, quien había sido nombrado Comisario Regio por su Monarca. Menéndez logró el retiro de tropas peruanas y ecuatorianas de la zona en que se habían enfrentado. Luego, se dedicó a investigar en los archivos de Lima y Quito, buscando documentos que pudieran servir para orientar el arbitraje. Paralelamente, una Comisión Técnica estudiaba en Madrid los alegatos y memorias presentadas por las partes.

En 1910, se había difundido entre la opinión pública del Ecuador la creencia de que el fallo arbitral del Rey de España le sería desfavorable, por lo que su Gobierno se negó a reconocerlo antes que aquél pudiera pronunciarse.

Paralelamente, se produjeron ataques contra intereses y ciudadanos peruanos en Ecuador, los que a su vez fueron contestados con represalias contra ecuatorianos en Lima(185) .

Frente a esta coyuntura, el Monarca español se inhibió de emitir su fallo.

Todos estos sucesos pusieron a los dos países al borde de un conflicto bélico. Los Estados Unidos de América, Brasil y Argentina intervinieron, logrando evitar la guerra. También propusieron el arbitraje de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, lo que fue rechazado por Ecuador(186) .

El Gobierno peruano propuso al Ecuador una fórmula mixta: combinar el arbitraje internacional con la negociación directa paralela. Luego de las negociaciones correspondientes, ambos países decidieron el recurso a esta fórmula mediante el Protocolo Castro Oyanguren–Ponce, del 21 de junio de 1924.

Se acordó el envío de delegaciones demarcatorias a Washington, para lograr una línea fronteriza total y definitiva. En caso de no alcanzar dicho objetivo, los desacuerdos serían sometidos al arbitraje del Presidente de los Estados Unidos. El envío de las delegaciones se haría una vez que el Presidente estadounidense emitiera su fallo acerca de la cuestión de Tacna y Arica, que también había sido sometida a su arbitraje(187) .

La cuestión limítrofe con Ecuador rebasó este período y continuó siendo uno de los puntos pendientes de la agenda nacional en materia de relaciones exteriores.
 

ii.  Las relaciones con Colombia

Como ya señaláramos anteriormente, luego del fracaso de la firma del Tratado García–Herrera se iniciaron negociaciones en las cuales también participó Colombia a razón de los derechos que alegaba tener. Estas negociaciones culminaron con la firma de una Convención Adicional de Arbitraje, por la cual se sometió las cuestiones limítrofes al Rey de España, siendo firmada sólo por los Parlamentos peruano y colombiano absteniéndose el Congreso ecuatoriano.

A principios de 1904, el Congreso peruano le retiró su aprobación, en vista del tiempo transcurrido.

En los primeros años del siglo XX el territorio entre los ríos Putumayo y Caquetá se vio afectado por continuos incidentes entre peruanos y colombianos, debido a que era una zona de producción cauchera. Por ello, los gobiernos de ambos países firmaron una serie de convenios sucesivos  tratando de llegar a un acuerdo de límites.
El primer acuerdo fue el Convenio de Arbitraje ante el Rey de España, de 6 de mayo de 1904. Este acuerdo fue aprobado por el Congreso peruano, pero no por el colombiano, por lo que quedó sin efecto.

El 12 de setiembre del año siguiente, el representante peruano Hernán Velarde y el Ministro colombiano Clímaco Calderón, firmaron un Convenio de Arbitraje ante el Sumo Pontífice. En este caso, el acuerdo no fue aprobado por el Perú. El mismo día se firmó un acuerdo para mantener el statu–quo en la zona en conflicto.

El Perú mantenía sus posiciones en la margen derecha, mientras que Colombia lo hacía en la margen izquierda. Además, se plantearon varias condiciones comerciales en la zona.

Casi un año después, se firmó un nuevo acuerdo de statu–quo y se acordó establecer un modus vivendi sobre el río Putumayo, declarándolo neutral(188) .

En 1907 Colombia declaró anulado el modus vivendi y a raíz de la renovada presencia de guarniciones colombianas, se produjeron choques con fuerzas peruanas(189) .

En 1909, el Ministro de Relaciones Exteriores peruano Melitón Porras y el representante colombiano Tanco Argaez, sostuvieron conversaciones en Lima.

El 21 de abril firmaron un Tratado de Amistad y Arbitraje en el que se acordó arreglar el diferendo limítrofe luego de que el Rey español emitiera su fallo acerca de la frontera peruano–ecuatoriana. En caso se presentaran desacuerdos, estos serían sometidos a arbitraje. Se acordó asimismo un nuevo modus vivendi en la zona en discusión(190) .

En 1910, el Gobierno colombiano envió una expedición militar a la margen derecha del río Caquetá, para ocupar Puerto Córdova. Nuestro país consideraba dicho territorio como peruano, por lo que a principios de 1911 el Gobierno envió una partida militar destinada a enfrentar a los invasores. La fuerza peruana, encabezada por el Teniente Coronel Oscar R. Benavides, arribó al lugar de los acontecimientos a principios del mes de julio. Pidió entonces a las fuerzas colombianas que se retiraran a su territorio, a la margen izquierda del río. La expedición colombiana no accedió a la solicitud, por lo que los peruanos atacaron la posición de La Pedrera, logrando finalmente desalojar  a los invasores.

Paralelamente, el Gobierno peruano había enviado al Plenipotenciario Ernesto de Tezanos Pinto a negociar en Bogotá con el Canciller colombiano Enrique Olaya Herrera. Allí se acordó que Colombia podría conservar Puerto Córdova temporalmente, sin que de ello resultara el reconocimiento de derechos colombianos sobre la margen izquierda del río Caquetá.

El convenio se firmó el 19 de julio de 1911. Como resultado, las fuerzas peruanas desocuparon Puerto Córdova y dejaron la población bajo control colombiano.

Pocos años después, a mediados de julio de 1916, Colombia y Ecuador celebraron un Tratado de Límites. Dicho acuerdo cercenaba ilegítimamente parte del territorio peruano en la región oriental amazónica. En vista de ello, el Gobierno de nuestro país reclamó ante las otras dos repúblicas la extensión real del territorio peruano en la zona mencionada(191) .

En los años siguientes, los diplomáticos peruanos y colombianos buscaron una solución que satisficiera a ambos países. El Perú deseaba someter el asunto al arbitraje de la Corte de Justicia Internacional de La Haya o al Presidente de la Confederación Suiza. Colombia, por su parte, quería el arbitraje del Sumo Pontífice.

En 1919, el país del norte propuso al Gobierno peruano entablar negociaciones directas, lo que fue aceptado por el Presidente Augusto B. Leguía. Como consecuencia, el 24 de marzo de 1922, el Ministro de Relaciones Exteriores peruano Alberto Salomón Osorio y el representante colombiano Fabio Lozano y Torrijos, firmaron un Tratado de Límites, conocido como Salomón–Lozano.

De acuerdo con el Tratado, Perú reconoció la posesión colombiana de la zona comprendida entre los ríos Putumayo y Caquetá. También cedió al país del norte el llamado «Trapecio Amazónico», vale decir, el territorio comprendido entre los ríos Putumayo y Amazonas, la boca del río Yaguas en el Putumayo, la boca del río Atacuari en el Amazonas, por un lado, y la frontera peruano–brasileña fijada en 1851, por el otro. De este modo, Colombia logró acceso a la orilla izquierda del Amazonas.

A cambio de sus concesiones, el Perú recibió el «Triángulo de Sucumbios», territorio comprendido entre el meridiano de la boca del  río Chimbé en el río Putumayo, el Putumayo y el río Sucumbios. El Perú no tenía acceso directo a esta zona, ya que se interponía una porción de territorio ecuatoriano. Dicho territorio fue finalmente cedido al Ecuador en el Protocolo de 1942, como se verá mas adelante.

Como es evidente, las condiciones del Tratado no fueron favorables para el Perú. Probablemente debido a ello, ambos gobiernos trataron de mantenerlo en secreto.

El Presidente Leguía anunció en octubre de 1924, que el Tratado sería debatido próximamente en el pleno del Parlamento(192) .

Sin embargo,  el Poder Ejecutivo, aprobó dicho Tratado después de cinco años de celebrado, el 20 de diciembre de 1927. El Presidente Leguía lo ratificó en enero de 1928 y las ratificaciones de ambas partes fueron canjeadas a mediados de marzo del mismo año. Leguía, en su discurso anual ante el Congreso en 1928, defendió el Tratado en los siguientes términos:

“Yo espero que la posteridad nos hará justicia y que la historia no negará su aplauso a los que resolvimos, con criterio de equidad, el viejo pleito de fronteras con Colombia, asumiendo una responsabilidad que no puede traducirse sino en bien del Perú y de América”( 193)

Una vez que las condiciones del Tratado fueron del conocimiento de la opinión pública, diversas personalidades se mostraron en desacuerdo con él.

Al interior del Congreso, que había dilatado la aprobación del Tratado, se opusieron los Senadores Julio Arana, Ego–Aguirre y Medina, y los Diputados Arévalo, Hernández Mesía, Málaga y Noriega del Águila. También el destacado intelectual Víctor Andrés Belaúnde, quien se hallaba exiliado, cuestionó la justicia del acuerdo(194) .

A pesar de ello, la frontera se terminó de delimitar el 17 de agosto de 1930. Entre las poblaciones peruanas que pasaron a Colombia, como parte del Trapecio Amazónico, se encontraba la localidad de Leticia. Un grupo de pobladores civiles de dicho lugar, descontentos con la cesión territorial, trataron de reivindicar nuevamente dicho territorio para el Perú en 1932. Con apoyo de civiles loretanos, capturaron el pueblo y procedieron a desalojar a las autoridades colombianas. El Gobierno de Colombia protestó por el suceso y se dispuso a reprimir a los responsables. Mientras tanto, el Gobierno peruano buscó iniciar conversaciones con su homólogo colombiano. Paralelamente, se iniciaron preparativos militares para proteger a los peruanos que habían tomado Leticia. Poco después, se produjeron choques en el Triángulo Amazónico.

Ambos países expusieron la situación ante la Liga de Naciones, la que recomendó al Gobierno peruano que respetara el Tratado de 1922. Al mismo tiempo, propuso la cesación de hostilidades militares, poner el territorio de Leticia bajo administración de la Liga y realizar nuevas negociaciones, teniendo en cuenta los intereses legítimos de nuestro país. Mientras tanto, los preparativos militares en Lima continuaban.

En el transcurso de una revista de tropas en la capital, el entonces Presidente, General Luis M. Sánchez Cerro, fue asesinado por un opositor.

El Congreso nombró Presidente al General Oscar R. Benavides. Este propuso al Presidente colombiano electo, Alfonso López, para negociar una salida pacífica al conflicto. Ambos presidentes se reunieron en Lima y firmaron un Acuerdo en Ginebra el 25 de mayo de 1933, aceptando la propuesta de la Liga de Naciones.

A continuación, las fuerzas militares de ambos países abandonaron la zona de Leticia. Ésta fue puesta bajo la administración de una Comisión internacional. Seguidamente, se realizó una reunión con los representantes de las dos repúblicas bajo los auspicios del Ministro de Relaciones Exteriores brasileño Afranio de Mello Franco. Los delegados peruanos fueron Víctor M. Maúrtua, Víctor Andrés Belaúnde y Alberto Ulloa, quienes contaron con la asesoría de Raúl Porras Barrenechea.

Luego de arduas negociaciones, el 24 de mayo de 1933 se celebró el Protocolo de Amistad y Cooperación entre Perú y Colombia.

El Protocolo acordó el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países y ratificó la validez del Tratado de Límites de 1922. Asimismo, se estableció que la frontera común sería desmilitarizada y se realizarían acuerdos especiales en beneficio de las cuencas de los ríos Amazonas y Putumayo. Un Acta Adicional acordaba disposiciones para permitir la navegación y el tránsito libres en las cuencas de los dos ríos mencionados.
Estos acuerdos fueron sometidos a la consideración del Congreso y aprobados finalmente por resolución legislativa de 19 de noviembre de 1934. Las ratificaciones fueron canjeadas en setiembre de 1935.

Sobre temas de menor trascendencia, en 1936, Perú y Colombia firmaron varios acuerdos sobre intercambio intelectual, cultural y de publicaciones. Asimismo, sobre actas de Estado civil, censos y pasaportes en la región amazónica. El 10 de mayo de 1938, firmaron el Convenio de Cooperación Aduanera(195) .
 

iii.  Las relaciones con los Estados Unidos de América

La presencia de los Estados Unidos de América en los países de América Latina  se había reforzado a inicios del siglo XX, como consecuencia de su creciente poderío político, económico y militar. Los gobiernos latinoamericanos buscaban mantener en los mejores términos sus relaciones con el gran país del norte.

En el caso del Perú, como se señaló en el capítulo anterior, una motivación adicional era la expectativa de que los Estados Unidos presionaran a Chile para que cumpliera con los términos del Tratado de Ancón y se lograra así una solución definitiva al problema de Tacna y Arica.

En 1906, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Elihu Root, realizó una serie de visitas a los países sudamericanos. El diplomático norteamericano arribó al Callao en setiembre y, durante su estadía en Lima, recibió una serie de atenciones y participó en diversas actividades oficiales(196) .

Como parte de su visita, el día 13 de setiembre visitó al Senado reunido en sesión solemne. Fue recibido por los Senadores Manuel Irigoyen, Enrique de la Riva Agüero y Manuel Olaechea, miembros de la Comisión Diplomática. A ellos se sumaron los Senadores Carlos Álvarez Calderón y José Carlos Bernales.

El ingreso de Root al recinto fue acompañado por la interpretación del himno nacional norteamericano y de una ovación de los Senadores, Diputados y el público asistente.

Manuel Barrios, Presidente de la Cámara, pronunció un discurso de bienvenida. Saludó a Root como representante de un pueblo democrático, cuyas prácticas jurídicas basadas en la libertad y la igualdad eran un modelo para el resto de países americanos. Afirmó también que la visita de Root era uno de los eventos de mayor trascendencia y resonancia histórica que se habían realizado al continente. Dicha vista estaba en plena consonancia con los ideales americanistas de unión y progreso. Barrios afirmó que el Perú, al igual que el resto de países americanos,  aspiraba a plasmar de manera efectiva y sincera, los ideales de democracia interna, y justicia en la vida internacional.

Root agradeció a Barrios, asegurando su simpatía por la labor que los legisladores peruanos realizaban a favor del país. Mencionó la importancia de la tarea legislativa, brindando garantías para la propiedad,  los frutos empresariales, la libertad personal y la justicia. En su concepto, todo ello contribuiría al desarrollo del comercio, la industria, la inversión y la inmigración. Terminó haciendo votos por el progreso del Perú y la consecución de sus objetivos(197) .

A continuación, la Comisión Diplomática presentó la siguiente moción de orden del día:

«El Senado del Perú tiene la honra de saludar al Senado de los Estados Unidos de América y de expresarle la singular complacencia con que ha recibido en su seno al eminente estadista, Excelentísimo Señor Elihu Root. Sus propósitos de solidaridad americana, dentro del respeto a las soberanías, la libertad y la justicia, avivan y robustecen la amistad y simpatía que la nación peruana profesa a la gran República».

Manuel Irigoyen, Presidente de la Comisión Diplomática,  fundamentó la moción con el siguiente discurso:

«Excelentísimo Señor Presidente: La Comisión Diplomática que tengo la honra de presidir, ha presentado la moción de orden del día que se ha leído y Vuestra Excelencia ha puesto en debate, animada del deseo de que se exteriorice la complacencia con que la Honorable Cámara que ha recibido la vista del Excelentísimo Señor Secretario de los Estados Unidos de América señor Elihu Root, y de que quede solemnemente establecida la conformidad de sus principios políticos con lo que sustenta tan eminente estadista.

Esta visita del Excelentísimo señor Root, tan excepcional, como la sesión que en estos momentos celebramos, dejará luminosa huella y perdurable en los anales parlamentarios del Perú. Estoy seguro que la Honorable Cámara aprobará con entusiasmo esa moción, no solamente porque traduce con fidelidad los sentimientos que la animan, sino porque es el mejor testimonio que puede ofrecer de las simpatías que le inspira el pueblo de los Estados Unidos, que hace de su grandeza un modo de afianzar en toda la extensión del nuevo mundo, el imperio de la justicia, del derecho y de la libertad».

La moción fue aprobada por unanimidad.

Root dio por terminada la visita y abandonó el local de la Cámara, acompañado por honores militares de la guardia y la entonación del himno nacional del Perú(198) .
 

iv.  El papel del Congreso durante la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles: 1914–1918

Sin lugar a dudas el inicio de la Primera Guerra Mundial afectó económicamente a todos los países de América Latina, incluyendo al Perú. Por un lado, se produjo una reducción de la demanda de determinadas materias primas, y por otro, disminuyó la oferta de los bienes manufacturados en el Viejo Mundo(199) .

Para entender la posición oficial del Perú durante la Primera Guerra Mundial, contamos con el valioso testimonio de un contemporáneo como Juan Bautista de Lavalle, destacado jurista y diplomático nacional.

Según Lavalle, la posición peruana durante la Primera Guerra Mundial, correspondió cabalmente a las bases tradicionales de su política exterior: el sentimiento de justicia; la confianza en las soluciones pacíficas y acordes con el derecho; el amor a la independencia, a la libertad y a la democracia; y la lealtad a los pueblos vinculados históricamente con el Perú, por influencias espirituales, políticas y económicas(200) .

Pero en el año 1917 el Imperio Alemán anunció la guerra irrestricta contra todas las embarcaciones que comerciaran con las potencias aliadas, aún cuando pertenecieran a países neutrales.
El Perú fue uno de los países que protestaron contra la medida. Pero adicionalmente, el 4 de febrero, un submarino alemán hundió la barca peruana  “Lorton”  que se hallaba frente al puerto español de Suances.

El Gobierno peruano demandó al Gobierno alemán las reparaciones correspondientes. En abril del mismo año, los Estados Unidos ingresaron en la guerra, entre otros motivos, por la posición alemana ante la libertad de comercio de los países neutrales.

El Perú secundó oficialmente la actitud norteamericana y se abstuvo de manifestar su neutralidad, argumentando identidad de principios y  solidaridad continental(201) .

Pero la situación del Perú en el conflicto no se limitó a eso. A mediados de setiembre, el Gobierno peruano asumió la custodia de las embarcaciones alemanas estacionadas en puertos peruanos. Ello se debió al temor de que los tripulantes de dichas embarcaciones las hundieran, con la finalidad de impedir el tráfico de nuestro país con los rivales del Imperio Alemán.

A fines del mismo mes, el Perú pidió al Imperio Alemán satisfacciones inmediatas con respecto al hundimiento de la Lorton, lo que  se negó a hacer.

El Canciller peruano, Francisco Tudela, se presentó ante el Congreso de la República el 5 de octubre, para exponer la situación y proponer la ruptura de relaciones diplomáticas. La propuesta fue secundada por José Balta, Diputado por Pacasmayo.

El Congreso aprobó la ruptura de relaciones por 105 votos contra 6(202) .

El 29 de enero de 1918, el Congreso autorizó al Ejecutivo a capturar los transportes terrestres, marítimos, y fluviales necesarios para proveer los productos y materias primas necesarias para la subsistencia y la industria. En consecuencia, las autoridades capturaron las embarcaciones alemanas estacionadas en puertos peruanos(.203)

A principios de noviembre de 1918, el Imperio Alemán se rindió ante los aliados, dando por terminadas las hostilidades.
El Congreso peruano nombró una Comisión especial para felicitar a los representantes diplomáticos de las naciones aliadas. Estuvo presidida por el Senador José Carlos Bernales, e integrada por los Senadores Víctor Eguiguren y Mariano Lino Urquieta, y los Diputados Baldomero Maldonado, Augusto Bedoya, Carlos Borda, Ernesto Sousa y Víctor Revilla.

El 18 de noviembre, el Presidente de la República ofreció un banquete a los representantes diplomáticos de las naciones aliadas, con motivo del término de la guerra y el triunfo de los aliados.

Asistieron diplomáticos, Presidentes de las Cámaras Legislativas, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, los Ministros de Estado, el Arzobispo de Lima, los miembros de las Comisiones Diplomáticas de ambas Cámaras Legislativas(204), el Presidente de la Junta Departamental del Callao, los alcaldes de Lima y Callao, entre otros.

El día 24, se realizó un banquete en honor de los representantes diplomáticos de las naciones aliadas y los miembros prominentes de las colonias residentes en la capital. Los organizadores fueron los Presidentes de las Cámaras Legislativas, los Vicepresidentes de la República, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Alcalde, el Rector de la Universidad de San Marcos y el Presidente de la Cámara de Comercio de Lima, entre otras personalidades.

El 28, los ministros de las naciones aliadas visitaron el Senado, para corresponder el saludo hecho por el Congreso del Perú con motivo del triunfo aliado.

Producida la derrota de Alemania y del Imperio Austro–Húngaro, todos los países que habían Estado envueltos en el conflicto en su calidad de “aliados” o “asociados” como el Perú, y los derrotados se reunieron en Francia, para discutir no sólo las condiciones de paz, sino también los nuevos criterios a partir de los cuales se organizarían las futuras relaciones internacionales(205) .

El Perú estuvo representado por el distinguido diplomático Francisco García Calderón, quien firmó en nombre del Perú el acuerdo final de la reunión, llamado Tratado de Versalles, el 18 de junio de 1919.

Este Tratado fue discutido en la Asamblea Nacional del Perú y aprobado unánimemente el 17 de noviembre de 1919.

El Poder Legislativo acogió con gran interés y entusiasmo el Tratado, pues él fijaba las bases para la creación de la Liga o Sociedad de Naciones. Uno de los objetivos fundamentales de esta asociación era defender la verdad y la justicia en las relaciones internacionales. Los miembros se comprometían a respetar la integridad territorial de los otros asociados. En caso de diferencias o conflictos, la Liga debía interponer sus buenos oficios e incluso arbitrar, para conseguir un arreglo pacífico. En caso de que un país miembro atacara a otro, la Liga le impondría sanciones, en defensa del ideal de paz.

Como es natural, el dictamen de la Comisión Diplomática de la Asamblea Nacional fue decididamente favorable a la ratificación del Tratado.

Su Presidente, Mariano Valcárcel, expresó su confianza en que la autoridad moral de la recién formada Liga apoyaría los reclamos legítimos del Perú frente al Gobierno chileno, vale decir, alcanzar una solución justa al cautiverio de Tacna y Arica.

Otros Congresistas también manifestaron su aprecio por el Tratado y la Liga de Naciones. Para Javier Prado, el Tratado creaba un nuevo orden jurídico mundial, basado en la solidaridad y la equidad internacionales. Este nuevo orden representaba una esperanza de que el Perú pudiera obtener justicia.

Mariano H. Cornejo, Presidente de la Asamblea, señaló que los eventos europeos representaban el triunfo del derecho y la justicia, antes que el de la fuerza y la injusticia. Ratificar el Tratado era condenar la guerra de conquista y la existencia de minorías sometidas a países extraños. Se trataba de un paralelo explícito con la pérdida de Tarapacá, Tacna y Arica, durante la Guerra del Pacífico.

Finalmente, Melitón Porras, Ministro de Relaciones Exteriores, reiteró que el Tratado representaba un aval para que el Perú pudiera defender exitosamente sus derechos con respecto a los territorios ocupados por Chile(206) .
 

v.  Las relaciones con Japón y la inmigración procedente de ese país

Durante este período continuó la llamada Restauración Meiji (1868–1912) que, como señaláramos antes, fue una etapa de transformaciones en todos los aspectos de la realidad japonesa y estuvo acompañado de un crecimiento demográfico. Entre los cambios producidos estuvo la concentración de la tierra y la modernización de la producción manufacturera. La situación creada provocó un aumento del desempleo, existiendo entonces un creciente número de ciudadanos pobres, a los que el Estado japonés no estaba en condiciones de atender. Una salida a esta situación fue la de promover la migración de ciudadanos japoneses hacia otros países, entre ellos el Perú.

En la primera fase de inmigración japonesa, este proceso fue supervisado por el Gobierno japonés y se continuó realizando mediante contratos de trabajo hasta 1923. Como se indicara anteriormente, uno de sus impulsores en el Perú fue Augusto B. Leguía.

El sistema de contratos fue abolido en 1923, por acuerdo entre los hacendados costeños y las compañías japonesas de inmigración.

La segunda fase fue la de inmigración por  llamado, desde 1924 hasta 1936. Los inmigrantes venían voluntariamente, a través de compañías japonesas, aprovechando la presencia de familiares o amigos en el Perú, muchos de los cuales querían socorrer a sus familiares mediante envíos de dinero.

Sin embargo, con frecuencia el éxito que muchos de estos inmigrantes alcanzaron, en el comercio, la agricultura y las manufacturas, generó desconfianza de  parte del Estado peruano  y conflictos con la población local(207) .

Adicionalmente, la situación política, económica y social del país tras la caída del Presidente Leguía, llevó a sucesivos gobiernos a una política de control de la migración japonesa.

El General Luis Sánchez Cerro mediante decreto de 15 de setiembre de 1930, suspendió oficialmente la inmigración. Otro decreto de 10 de octubre fijó como condiciones el pago de una cuota de 2,000 soles para  el ingreso y residencia en territorio peruano, la existencia de un contrato de trabajo legalizado o el apoyo de un familiar residente capaz de sostener al potencial inmigrante. Paralelamente, hubo ciertos intereses políticos y económicos que trataron de desviar el descontento popular hacia los japoneses.

El 8 de abril de 1932, el Presidente Sánchez Cerro dispuso la obligación de emplear un 80% de personal peruano en las empresas comerciales de extranjeros. Esto afectó directamente a las empresas de japoneses, basadas fundamentalmente en el trabajo familiar.

Por otro lado, la balanza comercial entre Perú y Japón era crecientemente favorable a éste último.

En 1933, la Sociedad Nacional de Industria se opuso al ingreso de textiles japoneses al país. El Gobierno del General Oscar R. Benavides limitó la importación de textiles mediante decreto ley de 10 de mayo de 1934.

Poco después, el 10 de octubre, el Gobierno rompió el Tratado de Comercio con el Japón.

El 26 de junio de 1936, el Presidente Benavides limitó oficialmente el número máximo de extranjeros por nacionalidad que podían residir en el país. Asimismo, dispuso que el mínimo de 80% de personal peruano en actividades económicas de extranjeros, se cumpliera también en la agricultura y la industria. Además, dispuso que el traspaso de negocios sólo podía hacerse a propietarios peruanos. Como resultado, los japoneses establecidos en el Perú no podían ceder sus empresas y propiedades a sus hijos, si éstos no tenían la ciudadanía peruana.

La representación diplomática japonesa protestó por este decreto, pues perjudicaba a la colonia de su país(208) .