LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA

 

 

 

INDICE

 

Presentación                                                                                                  3

I.                   Objetivos del Estudio                                        5

II.                 Metodología empleada                                    5

III.              Relación de la legislación compendiada                      6

 

Sección Uno

 

Descripción de los contenidos legislativos de los países seleccionados en relación con cada tema

 

1.                  Definiciones sobre discapacidad y otras definiciones relacionadas con las PCDs, principios rectores o fundamentos de la legislación sobre discapacidad.                                                                                                   10

 

2.                  Los entes rectores, estructura orgánica, composición y funciones, aspectos de coordinación interinstitucional, participación de PCDs en los entes rectores, descentralización y financiamiento.                         19

 

3.                  Garantías para el cumplimiento de la legislación: ente fiscalizador, sanciones, protección contra la discriminación, protección de las personas jurídicamente incapacitadas, otras cuestiones relacionadas con la protección de las personas con discapacidad.             38

 

4.                  Certificación y registro.                                                                                     44

 

5.                  Discapacidad y derecho a la salud: prevención, atención y tratamiento, rehabilitación integral.                                                            53

 

6.                  Equiparación de oportunidades y accesibilidad.                         77

 

7.                  Discapacidad y derecho a la educación y la formación: no discriminación, educación inclusiva, educación especial, capacitación docente, promoción cultural y deportiva, orientación profesional, participación de PCDs y familiares en el sistema educativo.                    90

 

8.                  Discapacidad, derecho al trabajo y promoción empresarial: no discriminación, capacitación y formación profesional, fomento del empleo, promoción empresarial.                                                                 107

 

9.                  Seguridad social                                                                                              129

 

10.              Prestaciones en materia de asistencia y servicios sociales específicos.                                                                                                                  136

 

 

Sección Dos

Balance acerca de las mejores prácticas en el campo de la promoción de los derechos de las personas con discapacidad en la legislación comparada                                                                                         150

 

Sección Tres

Recomendaciones                                                                                           199

 

ANEXOS

 

Anexo 1

Cuadro general con las Constituciones y Legislación Marco sistematizada.

(En CD)

 

Anexo 2

Repertorio de legislación marco sobre los derechos de las personas con discapacidad. (En CD)

 

Anexo 3

Repertorio de propuestas de ley formuladas, en el marco de este estudio, para promover la reforma de la legislación peruana en materia de derechos de las personas con discapacidad. (En CD)          

 


 

PRESENTACIÓN

 

La promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad  (PCDs) se encuentra directamente vinculada al tema de la discriminación que impide que las mismas puedan disfrutar y ver plenamente realizados sus derechos humanos. Es evidente, por ello, que mientras subsista tal discriminación estas personas no podrán gozar de sus derechos, y verán retaceada su posibilidad de ejercer la condición de ciudadanía que es el sustrato básico de las sociedades modernas.

 

Para corregir esta situación, la normativa internacional ha ido concretando significativos avances, en orden a consagrar y garantizar los principios universales que ordenan la protección de los derechos de las personas con discapacidad, fundamentalmente en base a los principios de no discriminación y de igualdad de trato y de oportunidades.

 

Los progresos advertidos en favor de la aplicación de estos principios por medio de la adopción de normas internacionales depende, en buena medida, de la capacidad de los Estados para traducirlas en normas nacionales, políticas públicas, reformas legislativas y programas dirigidos a combatir la violación de los derechos de las personas con discapacidad y superar la discriminación que habitualmente afecta a las PCDs.

 

En este primer aspecto, el de la integración en el derecho interno de los principios y normas derivadas de los instrumentos internacionales relacionadas con los derechos humanos de las PCDS, existe importantes avances concretados en muchos de los países de América, obtenidos durante las últimas décadas; que, sin embargo, aún no han sido suficientemente sistematizados.

 

Existen, ciertamente, compilaciones que reúnen la legislación de los países de la región relacionada con los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, muchas veces ésta se encuentra incompleta, dispersa y poco sistematizada, Esta situación y la necesidad de contar con mayores elementos de juicio para definir, con mejor criterio, las bases de nuevas reformas políticas, legislativas y administrativas en este campo, motiva la necesidad de iniciar un trabajo de comparación y sistematización en este aspecto que permita, tanto a la Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad, como al Congreso de la República en pleno, así como a las demás entidades públicas y privadas relacionadas con la problemática de los derechos de las PCDs, disponer de un repertorio de ejemplos de buenas prácticas de políticas públicas en la región, y progresivamente de otras partes del mundo, que pueda inspirar en los mejores términos su quehacer legislativo, ejecutivo, social y cultural a favor de los derechos de las PCDs. Tal, la motivación y objetivo de este esfuerzo de análisis comparativo de la legislación de casi dos decenas de países que fueron integrados en este estudio.

 

El mismo tiene, en esta fase, un carácter inicial y trata tres (3) aspectos básicos:

 

 

El presente estudio se llevo a cabo entre Junio y Octubre de 2003, bajo la coordinación del Dr. Javier Mujica, con la participación de un equipo de trabajo integrado por el mismo Javier Mujica, Luz Elena Calle, Angélica Castañeda, Oscar Salas, Wendolyn Woll, con la asistencia de Víctor Saco.

 

I.            OBJETIVO DEL ESTUDIO

 

Proveer a los formuladores de políticas públicas, y en particular a los legisladores, así como a las demás entidades públicas y privadas relacionadas con las PCDs, información sistematizada y elementos de juicio que les permitan desarrollar propuestas en torno a la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad.

 

II.            METODOLOGÍA EMPLEADA

 

El equipo de trabajo formuló una matriz que permitiera ordenar todos los campos temáticos relacionados con el ámbito de los derechos de la persona con discapacidad. Al mismo tiempo, se seleccionaron los países de los que se extraería la información pertinente, concentrándose el análisis – en esta fase – en quince países de América, a los que se agregó dos países por Europa (Inglaterra y España), y dos de Asia (India y Corea), todos los cuales destacan por los avances de su legislación en algunos aspectos relevantes de esta materia.

 

Acto seguido, el equipo de trabajo ingresó la información legislativa correspondiente en la matriz, componiendo la base de datos necesaria para efectuar el análisis correspondiente. Logrado este objetivo, se procedió a elaborar el informe de análisis, que cuenta con tres (3) secciones y tres (3) anexos:

 

 

 

 

 

 

 

      III. RELACION DE LEGISLACIÓN COMPENDIADA

     

 

LEYES MARCO

 

PAIS

LEY

NOMBRE

FECHA

 

1.      ARGENTINA

Ley Nº 22.431

De Protección Integral para los Discapacitados

16 de marzo de 1981

2.      BOLIVIA

Ley Nº 1678

De la persona con discapacidad

15 de diciembre de 1995

3.      BRASIL

Ley Nº 7.853

Dispone apoyo a las PCDs, su integración social, crea la Coordinadora Nacional para la Integración de las PCDs, instituye la tutela jurisdiccional de los intereses colectivos y difusos de las PCDs, los crímenes que se cometen contra éstas y las providencias respectivas.

24 de octubre de 1989

4.      CHILE

Ley Nº 19.284

Sobre Integración Social de las Personas con Discapacidad.

5 de enero de 1994

5.      COLOMBIA

Ley Nº 361

Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones.

7 de febrero de 1997

6.      COREA

Ley Nº 4179

La Ley de Bienestar para Personas con Discapacidad

 

30 de Diciembre de 1989

7.      COSTA RICA

Ley Nº 7600

Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad

18 de abril de 1996

8.      ECUADOR

Codificación Nº 000.RO/301

Codificación de la ley vigente sobre discapacidades en el Ecuador

6 de abril de 2001

9.      EL SALVADOR

Decreto Nº 888

 

27 de abril de 2000

10.  ESPAÑA

Ley Nº 13

De Integración social de los minusválidos

27 de abril de 2000

11.  ESTADOS UNIDOS

S/n

Disability Discrimination Act

26 de Julio de 1990

12.  GUATEMALA

Decreto Nº 35-96

Ley de atención a las personas con discapacidad

28 de noviembre de 1996

13.  INDIA

S/n

The Persons with Disabilities
(Equal Opportunities, Protection of Rights & Full Participation

1 de enero 1996

14.  INGLATERRA

S/n

Disability Discrimination Act -

1995

15.  MÉXICO

S/n

Ley para las Personas con Discapacidad del Distrito Federal

27 de abril 1999

16.  NICARAGUA

Ley Nº 202

Ley para la Prevención, Rehabilitación y Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad

27 septiembre 1995

17.  PANAMA

Ley Nº  3

 

15 de Mayo de 1994

18.  PERU

Ley Nº 27050

Ley de la Persona con Discapacidad

18 diciembre 1998

19.  VENEZUELA

Ley Nº 4.623

Ley para la Integración de las Personas Incapacitadas

Ley del 15 de agosto de 1993

 

 


SECCIÓN UNO: DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS LEGISLATIVOS DE LOS PAÍSES SELECCIONADOS EN RELACIÓN CON CADA TEMA

 

  1. DEFINICIONES SOBRE DISCAPACIDAD Y OTRAS DEFINICIONES RELACIONADAS CON LAS PCDS, PRINCIPIOS RECTORES O FUNDAMENTOS DE LA LEGISLACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD.

 

La legislación de Argentina[1] considera discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social, implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. La existencia de tales discapacidades, su naturaleza y grado, así como las posibilidades de rehabilitación del afectado, son certificadas por la Secretaria de Estado de Salud Pública, quien debe precisar qué tipo de actividad laboral o profesional puede desempeñar el afectado, teniendo en cuenta su personalidad y antecedentes. El certificado así expedido acredita plenamente la discapacidad en todos los supuestos en que sea necesario invocarla, salvo en materia de jubilación y de pensiones[2].

 

El Estado se compromete a prestar a las PCDs, en la medida en que éstos, las personas de quienes dependan, o los entes de obra social a los que se encuentren afiliados, no puedan afrontarlos, servicios de rehabilitación integral, entendida como el desarrollo de las capacidades de la PCD; formación laboral o profesional; préstamos y subsidios destinados a facilitar su actividad laboral o intelectual; regímenes diferenciales de seguridad social; escolarización en establecimientos comunes con los apoyos necesarios provistos gratuitamente, o en establecimientos especiales cuando en razón del grado de discapacidad no puedan cursar la escuela común; orientación o promoción individual, familiar y social[3].

 

La ley de Bolivia[4] incluye definiciones sobre deficiencia, discapacidad, minusvalía, prevención, rehabilitación, educación especial, equiparación de oportunidades, rehabilitación, normalización y necesidades especiales. La discapacidad es definida como “toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano[5]. La legislación de Brasil[6], en cambio,  carece definiciones relacionadas con el tema.

 

La legislación sobre la materia en Chile[7], por el contrario, considera persona con discapacidad a toda aquélla que, como consecuencias de una o más deficiencias físicas, síquicas o sensoriales, congénitas adquiridas, previsiblemente de carácter permanente y con independencia de la causa que las hubiera originado, vea obstaculizada, en a lo menos un tercio su capacidad educativa, laboral o de integración social. El reglamento de la ley señala la forma de determinar la existencia de las deficiencias que constituyen discapacidad, su calificación y cuantificación[8].

La ley vigente en Colombia[9] carece de definiciones en materia de discapacidad, pero en cambio precisa los principios que inspiran la legislación de este país en esta materia. Los mismos se fundamentan en el reconocimiento que su Constitución Nacional reconoce a la dignidad que le es propia a las PCDs en sus derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales para su completa realización personal y su total integración social y a las personas con limitaciones severas y profundas, la asistencia y protección necesarias. Desde esa perspectiva, la ley colombiana señala que el Estado garantiza y vela por que en su ordenamiento jurídico no prevalezca discriminación sobre habitante alguno en su territorio, por circunstancias personales, económicas, físicas, fisiológicas, síquicas, sensoriales y sociales[10].

La ley colombiana, asimismo, declara estar inspirada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), en la Declaración de los Derechos del Deficiente Mental (1971), en la Declaración de los Derechos de las Personas con Limitación (1975);  en el Convenio 159 de la OIT, en la Declaración de Sund Berg de Torremolinos (UNESCO 1981), en la Declaración de las Naciones Unidas concerniente a las personas con limitación (1983) y en la recomendación 168 de la OIT (1983)[11].

La ley sobre discapacidad de Corea[12] define las PCDs como aquellas personas con incapacidades físicas, incapacidad visual, incapacidad audio-lingüística, retardo mental u otro defecto mental que han sufrido substancialmente en su vida diaria o vida social debido a su discapacidad[13]. Define, al mismo tiempo, los siguientes principios básicos: La obligación de garantizar a las PCDs los derechos de dignidad humana, valor y trato justo; ninguna PCD debe ser discriminada en áreas de la vida política, económica social y cultural a causa de su discapacidad; toda persona con discapacidad tendrá garantizada la oportunidad en actividades políticas, económicas, sociales y culturales como miembro de la sociedad[14].

 

Establece, a la vez, que las PCDs se esforzarán en participar en la vida social y económica utilizando al máximo sus capacidades, y que los familiares de éstas se esforzarán en proveerles aliento[15]. Precisa que es responsabilidad de los gobiernos nacional y locales aumentar el interés de la Nación en la prevención de la discapacidad y su detección temprana, así como de apoyar su autosuficiencia y cuidado, y promover el bienestar de las PCDs. Y, más aún, que los países son responsables de cooperar en la prevención y detección temprana de discapacidades, y la mejora  del bienestar de PCDs[16].

En el caso de Costa Rica, su legislación[17] declara de interés público el desarrollo integral de la población con discapacidad, en iguales condiciones de calidad, oportunidad, derechos v deberes que el resto de los habitantes[18] y establece definiciones para la Igualdad de Oportunidades; la Equiparación de Oportunidades; la Discapacidad; Organización de personas con Discapacidad; las Ayudas Técnicas; los Servicios de Apoyo; las Necesidades Educativas Especiales; y la Estimulación Temprana. La discapacidad es definida como cualquier deficiencia física, mental o sensorial que limite, sustancialmente, una o mas de las actividades principales de un individuo[19].

Desde un enfoque garantista de los derechos de las PCDs, la ley establece que cuando, por cualquier razón o propósito, se trate o utilice el tema de la discapacidad éste debe presentarse reforzando la dignidad e igualdad entre los seres humanos. Ningún medio de información debe emitir mensajes estereotipados ni menospreciativos en relación con la discapacidad. Las organizaciones de PCDs deben ser consultadas sobre este tema. La ley dispone, asimismo, que las instituciones públicas y las privadas que brinden servicios a personas con discapacidad y a sus familias deben proporcionar información veraz, comprensible y accesible en referencia a la discapacidad y los servicios que presten.

La ley de Costa Rica señala que todo programas y/o servicio que cuente con el financiamiento total o parcial, o con el beneficio del Estado, o las Municipalidades y los programas privados, tiene la obligación de cumplir con las normas establecidas en la ley. Los gobiernos locales deben apoyar a las instituciones públicas y privadas, en el desarrollo, ejecución y evaluación de programas, proyectos y servicios que promuevan la igualdad de oportunidades y el desarrollo de las PCDs[20].

Según la ley costarricense las PCDs deben tener la misma oportunidad para involucrarse en la definición y ejecución de las actividades, que desarrollan en las comunidades; y todos los miembros de la familia deben contribuir a que las PCDs desarrollen una vida digna y ejerzan plenamente sus derechos y deberes. Asimismo, la ley señala que las PCD que no disfruten del derecho de vivir con su familia, deben contar con opciones para vivir con dignidad, en ambientes no segregados[21].

 

La legislación de Ecuador[22] fundamenta el accionar del Estado ecuatoriano en materia de discapacidad en el principio constitucional de igualdad ante la ley, asumiendo como objetivos de sus políticas: el reconocimiento pleno de los derechos que corresponden a las PCDs; la eliminación de toda forma de discriminación por razones de discapacidad y la sanción de quienes incurrieren en esta prohibición; el establecimiento de un sistema de prevención de discapacidades; la creación de mecanismos para la atención e integración social de las personas con discapacidad atendiendo las necesidades particulares de cada sexo; y, garantizar la igualdad de oportunidades para desempeñar un rol equivalente al que ejercen las demás personas y la participación equitativa de hombres y mujeres en las instancias de decisión y dirección[23]

La Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) de España[24] señala que los principios que la inspiran se fundamentan en los derechos que el artículo 49º de la Constitución[25] española reconoce, en razón a la dignidad que les es propia, a los disminuidos en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales para su completa realización personal y su total integración social, y a los disminuidos profundos para la asistencia y tutela necesarias. La ley española inspira su legislación en la materia, además, en la Declaración de Derechos del Deficiente Mental, aprobada por las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1971, y en la Declaración de Derechos de los Minusválidos, aprobada por la Resolución 3447 de dicha Organización, de 9 de diciembre de 1975, amoldando a ella su actuación[26].

 

La legislación española define a las PCDs como toda persona cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se hallen disminuidos como consecuencia de una deficiencia, previsiblemente permanente, de carácter congénito o no, en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales[27].

 

La Ley de los Estados Unidos[28] define a toda persona calificada como PCD como aquella persona que sufriendo de una discapacidad no puede desempeñar las funciones esenciales de la posición que ocupa o que desea ocupar. Según ésta, una persona con discapacidad tiene la condición de tal por que tiene:

1.      Un impedimento físico o mental que limita una o más de las mayores actividades de la vida. Tiene un "impedimento substancial", esto es que es de largo plazo y provoca serios impactos en la habilidad de funcionar bien en la vida de la persona. "Actividades mayores de la vida" incluyen caminar, oír, ver, trabajar, mantenerse, aprender y hablar. Por ejemplo: la persona que usa silla de ruedas o que es ciega.

 

2.      O que tenga antecedentes de tales impedimentos. La persona que se ha recuperado de una enfermedad, tal como cáncer, que limita substancialmente una o mas de las actividades primordiales.

 

3.      Un individuo que se considera con uno de estos impedimentos. Entre los ejemplos se incluyen: personas que usan medicinas para la epilepsia, o que han sido diagnosticadas como VIH positivo.[29]

La ley de Guatemala[30] carece de una definición sobre discapacidad o conceptos relacionados con ésta. Sin embargo, establece que la interpretación y aplicación de las disposiciones de la ley de la materia debe hacerse en armonía con los principios de normalización y democratización, con los principios generales del derecho, y con la doctrina y normativa internacional en esta material, de manera que garantice a las PCDS los derechos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, los tratados, convenciones, pactos y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Guatemala[31].

 

La Ley de Inglaterra[32], por su parte, define a la persona con discapacidad como aquella que tiene un deterioro físico o mental, que suscita una "invalidez" con un efecto adverso sustancial y a largo plazo en su habilidad de llevar a cabo las actividades diarias de manera normal.[33]

La Ley de la India[34], que se extiende a todo India, a excepción de los Estados de Jammu y Cachemira, describe en qué consisten las discapacidades de la ceguera o variantes, parálisis cerebral, lepra, sordera, invalidez motora, retraso mental, enfermedad mental [35].

 

La ley sobre discapacidad del Distrito Federal de México[36] define como PCD a todo ser humano que presenta, temporal o permanentemente, una disminución en sus facultades físicas, intelectuales, o sensoriales que le limitan realizar una actividad normal[37]. Incluye también definiciones para las nociones de Prevención; Rehabilitación; Equiparación de oportunidades para la integración social; Ayudas técnicas; Barreras físicas; Trabajo protegido; Organizaciones de y para Personas con Discapacidad; y Norma Oficial[38]. 

 

La Ley de Nicaragua [39] define a la discapacidad como cualquier restricción o impedimento en la ejecución de una actividad, ocasionados por una deficiencia en la forma o dentro del ámbito que limite o impida el cumplimiento de una función que es normal para esa persona según la edad, el sexo y los factores sociales y culturales.[40]

 

La legislación de Panamá[41], por su parte, define como discapacitada a toda persona que sufra cualquier restricción o impedimento del funcionamiento de una actividad, ocasionado por una deficiencia en la forma o dentro del ámbito considerado normal por el ser humano; correspondiéndole al Estado establecer una coordinación intersectorial e. interinstitucional que garantice su desarrollo integral y su inserción al medio social[42]. Señala, también, que las PCDs tiene los mismos derechos que la Constitución, el Código de Familia y las demás leyes confirman a los ciudadanos y a la aplicación de lo que en su interés superior disponga los convenios o tratados internacionales[43].

La legislación panameña clasifica, a su vez, las discapacidades de acuerdo a: deficiencias intelectuales y otras deficiencias sicológicas (retardo mental, disturbios emocionales y enfermos mentales); deficiencias del lenguaje; deficiencias del órgano de la audición; deficiencias del órgano de la visión; deficiencias de los músculos esqueléticos; y deficiencias por desfiguraciones.

Por su parte, la ley del Perú[44] define a la persona con discapacidad como aquella que tiene una o más deficiencias evidenciadas con la pérdida significativa de alguna o algunas de sus funciones físicas, mentales o sensoriales, que impliquen la disminución o ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro de formas o márgenes considerados normales, limitándola en el desempeño de un rol, función o ejercicio de actividades y oportunidades para participar equitativamente dentro de la sociedad.

La Ley de Venezuela[45] entiende por personas incapacitadas, todos aquellas cuyas posibilidades de integración social estén disminuidas en razón de un impedimento físico, sensorial o intelectual en sus diferentes niveles y grados que limite su capacidad de realizar cualquier actividad.[46]


  1. LOS ENTES RECTORES, ESTRUCTURA ORGÁNICA, COMPOSICIÓN Y FUNCIONES, ASPECTOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, PARTICIPACIÓN DE LAS PCDS, DESCENTRALIZACIÓN Y FINANCIAMIENTO.

 

El Ministerio de Bienestar Social de Argentina [47] es el ente rector encargado de actuar para lograr el pleno cumplimiento de las medidas establecidas a favor de las PCDs; reunir toda la información sobre problemas y situaciones que plantea la discapacidad; desarrollar planes estatales en la materia y dirigir la investigación en el área de la discapacidad; prestar atención técnica y financiera a las provincias; realizar estadísticas que no lleven a cabo otros organismos estatales; apoyar y coordinar la actividad de las entidades privadas sin fines de lucro que orienten sus acciones en favor de las personas discapacitadas; proponer medidas adicionales a las establecidas en la presente ley, que tiendan a mejorar la situación de las personas discapacitadas y a prevenir las discapacidades y sus consecuencias; estimular a través de los medios de comunicación el uso efectivo de los recursos y servicios existentes, así como propender al desarrollo del sentido de solidaridad social en esta materia[48].

El Comité Nacional de la Persona con Discapacidad de Bolivia [49] es el ente rector del sector y se erige como entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo Humano, planteándose como objetivos orientar, coordinar, controlar y asesorar las políticas y acciones que se efectúen en beneficio de las PCDs. Esta compuesto por 8 miembros e integrado de la siguiente forma: 3 representantes del Ministerio de Desarrollo Humano (uno por la Secretaría Nacional de Salud, otro por la Secretaría Nacional de Educación y uno por el Ministerio de Trabajo); 4 representantes de la Confederación de Personas con Discapacidad; y 1 representante de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que trabajen en el área de la discapacidad. Cuenta con un Consejo Consultivo, que es convocado según las necesidades[50].

Las atribuciones del Comité Nacional de la Persona con Discapacidad de Bolivia son promover y proponer a todo nivel, políticas en materia de discapacidades; evaluar, controlar y supervisar la ejecución de planes, programas y proyectos en materia de discapacidad; promover y recomendar la creación de instituciones de rehabilitación y/o habilitación y el mejoramiento de las existentes, de acuerdo a los avances científicos de esta especialidad; promover y recomendar la creación de organizaciones de persona con discapacidad, de padres, tutores y curadores; coordinar las actividades de las instituciones públicas, privadas y mixtas que desarrollan labores en materia de discapacidad; incentivar programas de capacitación de recursos humanos en materia de discapacidad; estimular la fabricación, importación y uso de equipos, instrumentos y elementos de ayuda bio-mecánica en rehabilitación; asesorar sobre cualquier actividad de rehabilitación integral, que se vincule con la problemática de la persona con discapacidad y su Incorporación a la sociedad; promover la revisión y unificación de sistemas para la calificación de discapacidades; promover y apoyar la investigación, información, documentación y estudio en discapacidad; proporcionar la orientación necesaria para un investigación en materia de discapacidad; promover la capacitación, canalización y supervisión adecuadas, de la cooperación técnica y financiera para los programas de rehabilitación; coordinar con los distintos ámbitos estatales y privados, respetando el principio de la normalización, universalidad y democratización; abogar por los derechos de la persona con discapacidad; así como velar por el adecuado destino y uso de los recursos humanos, materiales y económicos orientados a la problemática de la discapacidad[51].

Todas las instancias del Poder Ejecutivo y los gobiernos locales de Bolivia deben contar con unidades especializadas destinadas a la atención de la PCD y actuar conforme a los planes, programas y normas relativas a la discapacidad, en las funciones que a cada uno de ellos corresponda[52]. Los organismos encargados de aplicar la legislación sobre discapacidad deben contar con profesionales y técnicos de reconocida idoneidad, para la atención de la PCD[53].

En Brasil [54] la coordinación superior de los asuntos, acciones gubernamentales y medidas referentes a las PCDs corresponde a un órgano subordinado a la Presidencia de la República, denominado Coordinadora Nacional para la Integración de la Persona portadora de Deficiencia (CORDE)[55], el mismo que esta dotado de autonomía administrativa y financiera, con presupuesto propio. El funcionario a cargo de esta entidad tiene el deber de proponer al Presidente de la República una propuesta de Política Nacional para la Integración de las PCDs, incluyendo planes, programas y proyectos, así como cumplir sus instrucciones en materia de coordinación en este campo.

 

Es competencia de la CORDE: coordinar las acciones gubernamentales que se refieran a las PCDs; elaborar los planes, programas y proyectos que forman parte de la Política Nacional para la Integración de las PCDs, así como proveer las medidas necesarias para su completa implantación, adecuación y desarrollo, incluyendo las pertinentes a recursos de carácter legislativo; acompañar y orientar la ejecución por la administración federal de los planes, programas y proyectos antes referidos; manifestarse sobre la adecuación a la Política Nacional para la Integración de las PCDs de los proyectos federales a ella conexos, antes de la promulgación de las normas respectivas; mantener estrecho relacionamiento con los demás órganos de la administración procurando la concurrencia de acciones a favor de la integración social de las PCDs; coordinar con el Ministerio Público, proporcionándole la información correspondiente, para la interposición de acciones civiles a favor del cumplimiento de la ley; emitir opinión sobre los acuerdos, contratos o convenios relacionados con la aplicación de la Política Nacional para la Integración de las PCDs; promover e incentivar la divulgación y debate de las cuestiones concernientes a las PCDs, procurando la concientización de la sociedad[56].  El CORDE cuenta con un órgano de asesoramiento colegiado, llamado Consejo Consultivo de la Coordinadora Nacional para la Integración de la Persona Portadora de Deficiencia, el mismo que tiene como funciones; opinar sobre el desarrollo de la Política Nacional para la Integración de las PCDs; presentar sugestiones para el mejor encaminamiento de esta política; responder a las consultas que le formule la CORDE[57].

 

La administración pública federal brasileña, a todo nivel, tiene el mandato legal de conferir a los asuntos relacionados con las PCDs tratamiento prioritario y apropiado, de modo que sea efectivo el ejercicio  de sus derechos y su completa integración social. Para ello, la ley señala que el tratamiento de tales asuntos debe ser coordinado e integrado por tales entidades en planes, programas y proyectos sujetos a plazos y objetivos determinados[58].

 

El Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS) de Chile[59] es el ente rector en la materia. Como tal, opera con plena capacidad para adquirir, ejercer derechos y contraer obligaciones. La ley le asigna como finalidad esencial administrar los recursos que ella misma prevé en favor de las personas con discapacidad y se relaciona con el Estado a través del Ministerio de Planificación y Cooperación[60]. Su patrimonio esta constituido por los bienes muebles e inmuebles que adquiera a titulo gratuito u oneroso; por los recursos que la ley destinó para constituir el patrimonio inicial del Fondo, y en especial por los recursos que anualmente se incluyen en el Presupuesto de Chile; otros recursos previstos en leyes generales o especiales; aportes de la cooperación internacional; herencias, legados y donaciones; fondos provenientes de juegos de azar u otras modalidades que la ley autorice, y los frutos de tales bienes[61].

Con tales recursos, el FONADIS financia la adquisición de ayudas técnicas destinadas a PCDs de escasos recursos, o a personas jurídicas sin fines de lucro que las atiendan; planes, programas y proyectos en favor de PCDs, los mismos que son ejecutados por terceros y están orientados, preferentemente, a la prevención, diagnostico, rehabilitación e integración social de dichas personas, así como a financiar los gastos de propia su administración. Los recursos destinados a la ejecución de planes, programas y provectos a favor de las PCDs se asignan a través de concursos públicos, en los que pueden postular personas naturales o jurídicas, sean o no chilenas, y organismos internacionales o extranjeros[62].

La dirección del FONADIS corresponde a un Consejo que es su máxima autoridad y esta integrado por: El Ministro de Planificación y Cooperación, quien lo preside y dirime los empates; los Ministros de Educación, de Salud, del Trabajo y Previsión Social, de Vivienda y Urbanismo, y de Transportes y Telecomunicaciones, o sus representantes; 4 representantes de organizaciones de PCDs, que no persigan fines de lucro; 1 representante del sector empresarial; 1 representante de los trabajadores, y 2 representantes de instituciones privadas de beneficencia constituidas para atender a personas con discapacidad. Los Consejeros desempeñan su función ad honorem por un período de 4 años renovables[63].

El Consejo del FONADIS decide sobre el financiamiento de beneficios, aportes y subvenciones; adjudica las licitaciones, cuando proceda; celebra convenios y resuelve los concursos; solicita de los Ministerios, servicios públicos y entidades en los que el Estado tiene participación, los antecedentes y la información necesarios para el cumplimiento de sus funciones; aprueba el programa anual de acción y el proyecto de presupuesto del Fondo y sus modificaciones; delega parte de sus funciones y atribuciones en el Secretario Ejecutivo, en los demás funcionarios del Fondo y, para efectos específicos, en Comités que al efecto constituya con consejeros o incluso personas ajenas al Consejo; aprueba la organización interna del Fondo y sus modificaciones, y cumple las demás funciones y tareas que las leyes, reglamentos o sus Estatutos le encomienden[64].

Los acuerdos a que se refieren las letras a), c) y d), necesitarán del voto conforme de los dos tercios de los consejeros presentes

La administración, representación legal, judicial y extrajudicial del FONADIS es ejercida por un Secretario Ejecutivo, designado por el Presidente de la República. Sus funciones son: cumplir y hacer cumplir los acuerdos e instrucciones del Consejo y realizar los actos y funciones que éste le delegue en el ejercicio de sus atribuciones; proponer a éste el programa anual de acción del Fondo, así como otras materias que requieran del estudio o resolución del Consejo; preparar el proyecto de presupuesto del Fondo para someterlo al Consejo; ejecutar el que definitivamente se apruebe y proponer las modificaciones que se requieran durante su ejecución; proponer al Consejo la organización interna del Fondo y sus modificaciones; informar periódicamente al Consejo acerca de la marcha del Fondo y del cumplimiento de sus acuerdos e instrucciones; contratar personal, asignarle funciones y poner término a sus servicios, de acuerdo con las Instrucciones que le Imparta el Consejo; contratar, previo acuerdo del Consejo, con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales, extranjeras o internacionales, estudios relacionados con la integración y desarrollo de las personas con discapacidad; adquirir, enajenar, gravar y administrar toda clase de bienes y ejecutar o celebrar cualquier acto o contrato tendiente directa o indirectamente al cumplimiento del objeto y funciones del Fondo, sujetándose a los acuerdos e instrucciones del Consejo; conferir poder a abogados habilitados para el ejercicio de la profesión; delegar parte de sus funciones en otros trabajadores del Fondo, y en general, ejercer las demás facultades sean necesarias para la buena marcha del Fondo.

Aunque no es conceptuado institucionalmente como ente rector, en propiedad, el Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación de Colombia [65]cumple funciones de asesoría institucional al más alto nivel para el seguimiento y verificación de la puesta en marcha de las políticas públicas, estrategias y programas que garanticen la integración social de las PCDs en este país. Comité que tiene carácter permanente y es coordinado por una Consejería Presidencial designada para tal efecto[66].

Es, asimismo, función del Comité, velar por el debido cumplimiento de las disposiciones y principios establecidos en esta ley, y deberá además promover las labores de coordinación interinstitucional conformando grupos de enlace sectorial con los Ministros de Salud, Educación, Trabajo y Seguridad Social, Transporte, Desarrollo Económico, Comunicaciones, Hacienda y las demás entidades y organismos que se estime conveniente vincular.

El Comité es presidido por el Ministro de Salud y esta conformado por cinco representantes de organizaciones de y para limitados dentro de los cuales habrá un representante de organizaciones de padres de familia de limitados, tres representantes de organizaciones académicas y/o científicas que tengan que ver con la materia y tres representantes de personas jurídicas cuya capacidad de actuación gire en torno a este objeto social. Estos miembros son designados por el Ministro de Salud. Forman parte del Comité, asimismo, un delegado de la Defensoría del Pueblo, el Director del fondo de Inversión Social -FIS-, el jefe de la Unidad de Inversión Social del Departamento Nacional de Planeación, y un Secretario Técnico quien será designado por el Comité quien estará vinculado a la planta de personal del Ministerio de Salud.

Las distintas administraciones de Colombia, tanto a nivel nacional como territorial, deben incluir en sus planes de desarrollo económico y social, programas y proyectos que permitan la financiación y el desarrollo adecuados de las distintas medidas instituidas por la ley a favor de las PCDs. De acuerdo con la ley colombiana, el Estado tiene la obligación de garantizar los mecanismos de concertación que permitan que las organizaciones de y para PCDs participen en el diseño y ejecución de las políticas que tengan que ver con éstas[67].

 

En Corea[68] existe un Comité Central para el Bienestar de las PCDs en el Ministerio de Salud y Asuntos Sociales. Existen también Comités Locales para el Bienestar de las PCDs en la ciudad de Seúl, en lo que se denominan municipalidades directamente controladas y en las provincias, encargados todos de revisar y recomendar asuntos relacionados con el bienestar de las PCDs. Cuando es necesario, tales comités pueden exigir la comparecencia y explicación de los equipos relacionados y la entrega de materiales de las entidades administrativas pertinentes[69].

 

Las organizaciones de PCDs legalmente constituidas en Costa Rica[70]  tiene derecho de ejercer su derecho a la autodeterminación y a participar en la toma de decisiones que les afecten directa o indirectamente; a contar con una representación permanente, en una proporción de un veinticinco por ciento (25%), en el órgano directivo del órgano rector en materia de discapacidad; y a disponer de recursos para reunir, reproducir, traducir y transmitir información ágil y oportuna sobre la discapacidad, con el fin de informar y asesorar a las instituciones, empresas y público en general sobre la eliminación de barreras, ayudas técnicas y servicios de apoyo. Tienen el derecho, además, a ser consultadas por parte de las instituciones encargadas de planificar, ejecutar y evaluar servicios y acciones relacionadas con la discapacidad.[71]

 

El ente rector de Ecuador[72] en materia de discapacidad es el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), organismo definido como persona jurídica de derecho público, autónomo, y con patrimonio y presupuesto propio. El CONADIS ecuatoriano ejerce sus funciones y atribuciones dentro de un régimen administrativo y económicamente descentralizado, mediante el traspaso de responsabilidades y recursos a sus comisiones provinciales y cantonales. Le compete: formular las políticas nacionales relacionadas con las discapacidades y someterlas para la aprobación del Presidente de la República; planificar acciones que permitan el fortalecimiento de los programas de prevención de discapacidades, atención e integración de las personas con discapacidad; defender jurídicamente los derechos de las PCDs; realizar investigaciones y coordinar las acciones que, en relación con las discapacidades, realicen organismos y entidades de los sectores público y privado; y, vigilar por el eficaz cumplimiento de esta ley y exigir la aplicación de la sanción a quienes la incumplan[73].

El CONADIS se organiza sobre la base de un Directorio, una Dirección Ejecutiva y una Comisión Técnica. El Directorio esta integrado por un representante del Presidente de la República, que lo preside y tiene voto dirimente; los Ministros o Sub Secretarios de Salud Pública, de Educación, de Trabajo; de Bienestar Social; de Economía; de Presupuesto; el Presidente del Instituto Nacional del Niño y la Familia o su delegado; el Presidente de la Federación Nacional de Sordos del Ecuador o su delegado; el Presidente de la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador o su delegado; el Presidente de la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física o su delegado; el Presidente de la Federación Ecuatoriana Pro Atención a la Persona con Deficiencia Mental o su delegado; y, el Presidente de la Federación de los Organismos No Gubernamentales que trabajan en el área de las discapacidades o su delegado. Sus integrantes deben ser ecuatorianos. El Director Ejecutivo del CONADIS actúa como Secretario del Directorio, con voz pero sin voto[74].

El Directorio del CONADIS tiene como atribuciones: Determinar las políticas nacionales en materia de discapacidades e impulsar su cumplimiento; aprobar y vigilar el cumplimiento del Plan Nacional de Discapacidades; expedir los reglamentos internos en los que se establecerá la estructura orgánica funcional del Consejo; designar al Director Ejecutivo del CONADIS, en base a la tema presentada por el Presidente del Consejo; designar de entre sus miembros al Vicepresidente del Directorio del CONADIS, a quien le corresponde subrogar al Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva; autorizar al Director Ejecutivo la suscripción de acuerdos de cooperación técnica y ayuda económica con organismos nacionales e internacionales; conocer e impulsar la creación de las Comisiones Provinciales de Discapacidades que se conformarán con la participación de la sociedad civil, los organismos seccionales y provinciales respectivos, propendiendo a la descentralización y la representación equitativa de hombres y mujeres; conocer sobre las situaciones de discriminación y las acciones que se han tomado al respecto; conocer y aprobar los planes operativos, presupuestarios e inversiones, así como los informes periódicos correspondientes; decidir sobre los objetivos, montos y programas del CONADIS para el financiamiento de beneficios, aportes y subvenciones para personas con discapacidad u organismos de y para personas con discapacidad, sin fines de lucro; Fijar un porcentaje de recursos del CONADIS para el financiamiento de proyectos que impulsen el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones de y para personas con discapacidad y programas de prevención, atención e integración; vigilar el cumplimiento de las actividades que realizan las personas jurídicas vinculadas a las discapacidades; fiscalizar el buen manejo de los recursos provistos por el CONADIS, a las personas jurídicas vinculadas con las discapacidades; y, conocer de los viajes al exterior del Presidente, Director Ejecutivo y funcionarios del CONADIS[75].

Para ser Presidente del CONADIS se requiere ser ecuatoriano; tener experiencia en el área de discapacidades y estar en goce de sus derechos políticos. Preside el Directorio de la institución, trabaja a tiempo completo de forma remunerada y tiene las siguientes funciones: Promover, a través de las Defensorías, la defensa de los derechos constitucionales y legales de las PCDs en todos aquellos casos de discriminación, violación de derechos humanos o abandono, que representen un riesgo para la calidad de vida o dignidad de las personas; elaborar y presentar la terna ante el Directorio para el nombramiento del Director Ejecutivo; requerir de las entidades u organismos de los sectores público y privado la entrega de información y colaboración en la ejecución de actividades relativas a discapacidades; conocer el proyecto de presupuesto del CONADIS y ponerlo en conocimiento del Directorio para su aprobación hasta el 1 de junio de cada año; gestionar y poner en conocimiento del Directorio la consecución de recursos económicos, técnicos y otros, sean nacionales o internacionales, que permitan el cumplimiento de las funciones que la ley le asigna al CONADIS; conocer y suscribir conjuntamente con los miembros de la comisión designada por el Directorio las resoluciones de la concesión de beneficios relativos a la importación de bienes establecidos en la ley; presentar el informe anual de actividades al Presidente de la República para su informe a la Nación; y, las demás que le asigne el Directorio[76].

El Director Ejecutivo del CONADIS, a su vez, es nombrado por el Directorio de la institución, lo representa legalmente y tiene a su cargo la dirección técnica, la gestión administrativa y la coordinación con las demás instituciones encargadas del cumplimiento de las normas sobre derechos de las PCDs. Debe ser ecuatoriano, poseer título profesional, tener experiencia en discapacidades y funciones administrativas. Sus funciones y atribuciones son: coordinar la elaboración, ejecución y aplicación del Plan Operativo Anual y la ejecución de los convenios nacionales e internacionales sobre discapacidades; administrar los recursos y los bienes del CONADIS en cumplimiento de las leyes y reglamentos; requerir de las entidades u organismos de los sectores público y privado, la entrega de información y colaboración en la ejecución de actividades relativas a discapacidades, reconociendo su autoría y participación; coordinar y supervisar las actividades de prevención de discapacidades, atención e integración social de personas con discapacidad que se realicen en el ámbito nacional para verificar la ejecución del Plan Nacional de Discapacidades y del Plan Operativo Anual; mantener registros y estadísticas a escala nacional de personas con discapacidad y de instituciones públicas y privadas dedicadas al trabajo en el área de las discapacidades; representar judicial y extrajudicialmente al CONADIS; conocer de oficio sobre situaciones de discriminación por razones de discapacidad y tomar acciones necesarias para solucionarlas a través de las instancias pertinentes; convocar y presidir la Comisión Técnica del CONADIS y estructurar las subcomisiones de asesoramiento y apoyo que la misma considere necesarias; preparar y proponer el presupuesto y el programa anual de inversiones al Directorio para su conocimiento y aprobación; nombrar a los funcionarios, empleados y trabajadores del CONADIS y removerlos en caso de que incumplan con sus obligaciones de acuerdo a la ley; vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios, empleados y trabajadores del CONADIS; autorizar las comisiones de servicios de los funcionarios y empleados del CONADIS; supervisar y coordinar las acciones de las comisiones provinciales de discapacidades; y, las demás que se le asignen en el reglamento[77].

El CONADIS cuenta con una Comisión Técnica integrada por directores o delegados permanentes, con capacidad de decisión, provenientes del área técnico administrativa de discapacidades de los ministerios de Educación, Salud, Trabajo y Bienestar Social; un representante del Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA); un representante de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME); un representante de la Corporación Aduanera Ecuatoriana; un representante del Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP); un representante de los organismos no gubernamentales; un representante de cada una de las Federaciones Nacionales de Personas con Discapacidad; un representante del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); un representante del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA); y, un representante del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL)[78]. Sus decisiones que tome la Comisión Técnica serán de carácter obligatorio para las instituciones allí representadas.

De acuerdo a la ley marco sobre discapacidad de El Salvador[79], el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, formula la política nacional de atención integral a las personas con discapacidad. El Estado, a través de sus diferentes instituciones, apoya al ente rector para que lleve un registro actualizado a nivel nacional de las personas con discapacidad. Como ente rector de la Política Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad, el Consejo coordina las acciones desarrolladas por los diversos sectores en beneficio de las personas con discapacidad. Las instituciones rehabilitadoras deben formular sus Planes de conformidad a la Política Nacional de Atención Integral que establezca el Consejo[80].

 

La ley de España,[81] partiendo de un enfoque de transversalidad en el tratamiento de la problemática de la discapacidad, no creo un organismo particular encargado singularmente de la problemática de las PCDS, y estableció – más bien - un año de plazo para que el Gobierno efectuará la reorganización administrativa requerida, en orden a garantizar una atención integral a los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, racionalizando; simplificando y unificando, con este fin, los órganos de la Administración de modo que pudieran coordinar racionalmente sus competencias.

 

Dicha reorganización debía contemplar, específicamente, la planificación de la política general de atención a las PCDs; la descentralización de los servicios mediante la sectorización de los mismos; la participación democrática de los beneficiarios, por sí mismos o a través de sus legales representantes y de los profesionales del campo a la deficiencia directamente o a través de Asociaciones específicas; la financiación pública de las actuaciones encaminadas a la atención integral de los disminuidos; la elaboración, programación, ejecución, control y evaluación de los resultados de una planificación regional, y la integración de dicha planificación en el contexto de los servicios generales sanitarios, educativos, laborales y sociales, y en el programa nacional de desarrollo socioeconómico[82].

 

La financiación de las distintas prestaciones, subsidios, atenciones y servicios reconocidos por la ley española se concreta con base a los Presupuestos Generales del Estado, y a los de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, de acuerdo con las competencias que les correspondan respectivamente. En dichos presupuestos debe consignarse, de manera específica, las dotaciones correspondientes[83].

 

El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad de Guatemala[84] es el ente rector sobre la materia de dicho país. Opera como entidad autónoma, con personalidad jurídica, patrimonio propio y con carácter coordinador, asesor e impulsor de las políticas generales en materia de discapacidad. Esta integrado por delegados del sector público y de la sociedad civil, incluyendo las universidades del país, que realizan acciones en las diversas áreas vinculadas a la rehabilitación integral, en materia de discapacidad[85].

 

La legislación mexicana no prevé, en rigor, una ente rector en materia de discapacidad como tal. No obstante, en dicha materia, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal de México[86] tiene, las siguientes facultades y obligaciones: Establecer las políticas y acciones necesarias para dar cumplimiento en el Distrito Federal a los programas nacionales y locales en materia de personas con discapacidad; definir las políticas que garanticen la equidad de derechos de las PCDs; planear y ejecutar el Sistema de Identificación de las PCDs, el cual consistirá en un padrón cuyo objetivo será la planeación, diseño y aplicación de políticas para identificar, registrar, atender los distintos tipos de discapacidades, y emitir con base en éste, una credencial oficial que certifique la discapacidad del portador de la misma; promover la difusión y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, así como las disposiciones legales que los contemplan, a fin de garantizar su efectiva aplicación; propiciar la orientación y asistencia jurídica, en los juicios de interdicción y otras acciones legales para las PCDs, especialmente a las personas con discapacidad intelectual; planear, ejecutar y difundir el Programa de Desarrollo e Integración para las Personas con Discapacidad del Distrito Federal[87]; planear, elaborar y operar programas en materia de prevención, rehabilitación y orientación para las personas con discapacidad, así como proponer a las instituciones encargadas de su aplicación, normas técnicas para la prestación de dichos servicios; establecer en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, el correspondiente a los programas relativos a la población con discapacidad; coordinar, concertar, supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas y normas técnicas con la participación de las instituciones públicas, privadas y sociales relacionadas con las PCDs; coordinar y concertar la participación de los sectores público, social y privado en la planeación, programación, ejecución, evaluación y supervisión de las acciones que se emprendan en favor de las PCDs en el Distrito Federal; recibir y canalizar ante las instancias competentes, las quejas y sugerencias sobre la atención de las autoridades y empresas privadas a las PCDs; fomentar e impulsar las actividades deportivas, culturales y recreativas, así como promover la creación y asignación de becas deportivas, educativas y otros apoyos, para PCDs; y las demás que el Jefe de Gobierno Distrito Federal y el Consejo Promotor para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad acuerden[88].

 

La ley mexicana instituye, en defecto de un ente rector, como tal, un Consejo Promotor para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, que tiene el carácter de órgano de consulta y asesoría para establecer acciones específicas de concertación, coordinación, planeación y promoción de los trabajos necesarios, para garantizar condiciones favorables a las personas con discapacidad, al que convocará a: Representantes de las Organizaciones de y para personas con discapacidad del Distrito Federal; y Diputados que designe la Comisión por los Derechos e Integración de las Personas con Discapacidad de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal[89].

 

En el caso del Perú,[90] el logro de los fines y la aplicación de la legislación relativa a las PCDs, se concreta a través del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), que fue originalmente incorporado como Organismo Público Descentralizado del Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano (hoy Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social)[91].

El CONADIS está integrado por los siguientes miembros: Un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, quién lo preside; un representante del Ministerio de Defensa; un representante del Ministerio del Interior; un representante del Ministerio de Educación; un representante del Ministerio de Salud; un representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; un representante del Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social; un representante del Seguro Social de Salud – ESSALUD; un representante de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas; un representante de las Instituciones privadas de rehabilitación y educación especial de nivel nacional; tres representantes, uno por cada tipo de discapacidad, elegidos entre los integrantes de las Asociaciones de Personas con Discapacidad, legalmente constituidas; y, un representante de las Asociaciones de familiares de las personas con discapacidad por deficiencia mental, legalmente constituidas. Su Secretaría Ejecutiva esta a cargo del Ministerio de la Mujer y del Desarrollo Social. [92]

El CONADIS tiene las siguientes funciones: formular y aprobar las políticas para la prevención, atención e integración social de las personas con discapacidad; aprobar su Plan Operativo Anual, supervisando y vigilando su ejecución y estableciendo la coordinación necesaria con las instituciones públicas y privadas, en relación con la materia de su competencia; elaborar su Reglamento de Organización y Funciones; recomendar a las diferentes entidades de los sectores público y privado, la ejecución de acciones en materia de atención, sistemas previsionales e integración social de las personas con discapacidad; elaborar proyectos de corto, mediano y largo plazo, para el desarrollo social y económico del sector poblacional con discapacidad; apoyar y promover el financiamiento de los proyectos que desarrollen las organizaciones de las personas con discapacidad; difundir, fomentar y apoyar la formulación e implementación de programas de prevención, educación, rehabilitación e integración social de las personas con discapacidad; supervisar el funcionamiento de todos los organismos que tienen que ver con las personas con discapacidad; demandar acciones de cumplimiento; fomentar y organizar eventos científicos, técnicos y de investigación que tengan relación directa con los discapacitados; dirigir el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad; imponer y administrar multas ante el incumplimiento de lo dispuesto en la Ley y su Reglamento; concertar con el sector privado el otorgamiento de beneficios para las personas con discapacidad; y ejercer las funciones específicas que le asigne el Reglamento de la Ley[93].

El CONADIS se financia con los siguientes recursos: Los que le son asignados presupuestamente por el Estado; un porcentaje de los recursos obtenidos mediante juegos de lotería y similares, realizados por las Sociedades de Beneficencia o directamente manejados por los gremios de las personas con discapacidad; los recursos directamente recaudados obtenidos por el desarrollo de sus actividades y por los servicios que preste, así como por las multas impuestas por el incumplimiento de la Ley; los recursos provenientes de la Cooperación Técnica Internacional; las donaciones y legados; y los fondos provenientes de las colectas que organice oficialmente[94].

En el marco de su accionar, la ley prevé que el CONADIS pueda celebrar convenios con las Municipalidades, para que en su representación vigilen el cumplimiento de la legislación sobre PCDs, Los gobiernos locales, por su parte, deben prever la formación de Oficinas de Protección, Participación y Organización de los Vecinos con Discapacidad (denominadas hoy OMPEDs)[95].


 

  1. GARANTÍAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN: ENTE FISCALIZADOR, SANCIONES, PROTECCIÓN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAMENTE INCAPACITADAS, OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

 

La ley de Argentina[96] encarga al Ministerio de Bienestar Social, entre otras, la función de actuar de oficio para lograr el pleno cumplimiento de las medidas en ella establecidas[97]. La de Brasil[98] va más allá y vela por la existencia de mecanismos efectivos que permitan la canalización de acciones civiles para la defensa de intereses difusos destinados a la protección de los intereses colectivos de las PCDs. Esas acciones son canalizadas por el Ministerio Público, la Unión de Estados de la República Federativa del Brasil, cada Estado, sus municipios, o cualquier entidad o asociación constituida con al menos un año de antigüedad, siempre que incluya entre sus finalidades institucionales la protección de las PCDs[99].

 

Los actos de discriminación contra las PCDs son tipificados en Brasil como crímenes punibles con penas de entre 1 y 4 años de pena privativa de la libertad[100].

 

La legislación del Ecuador [101] reconoce y garantiza el derecho de las PCDs a no ser discriminadas, por su condición, en todas las prácticas relativas al empleo, incluyendo los procedimientos para la aplicación, selección, contratación, capacitación, despido e indemnización de personal y en cuanto a todos los demás términos, condiciones y privilegios, de los trabajadores. Todas las instituciones, (públicas, privadas y mixtas), están obligadas a adecuar sus requisitos y mecanismos de selección de empleo, para facilitar la participación de las PCDs en igualdad de oportunidades y equidad de género.

 

La ley encarga al CONADIS defender jurídicamente los derechos de las PCDs y vigilar el eficaz cumplimiento de la ley, exigiendo sanciones a quienes la incumplan[102]. Dispone, asimismo, que las resoluciones del Directorio del CONADIS tienen carácter obligatorio para las instituciones, organizaciones o personas naturales y jurídicas vinculadas con las organizaciones del área de las discapacidades. Su incumplimiento acarrea sanciones, las mismas que son establecidas en la ley[103]. El Directorio del CONADIS, tiene el deber legal de conocer sobre las situaciones de discriminación y las acciones que se adopten al respecto[104].

 

La ley ecuatoriana señala que toda persona que sufra discriminación por su condición de PCD o amenaza en el ejercicio de sus derechos y beneficios consagrados en la ley, puede, antes de demandar y en cualquier etapa del proceso, pedir ante un juez civil las providencias y medidas cautelares respectivas; el cese inmediato de la acción discriminatoria; y cualquier otra que evite la continuación de la violación de sus derechos.  Si en el proceso se verifica la existencia de discriminación o de una violación de los derechos de la PCD, el juez esta facultado para imponer una multa de US $ 250 a 5000 dólares americanos al infractor o agresor[105].

La ley de Colombia [106]dispone que, en ningún caso, la limitación de una persona, puede ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el campo que se va a desempeñar. Ninguna PCD puede ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de trabajo. No obstante, quienes fueren despedidos, o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito antes previsto, tienen derecho a una indemnización equivalente a 180 días de salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones previstas en la legislación laboral[107].

La ley de Chile[108] contempla sanciones administrativas y penales por la infracción de sus disposiciones. En cuanto al procedimiento, señala que toda persona que por causa de un acto u omisión arbitraria o legal sufra discriminación o amenaza en el ejercicio de sus derechos y beneficios legales, podrá acudir ante un juez de policía local para que adopte las providencias que aseguren o restablezcan el derecho afectado. Las sanciones administrativas consisten en multas (de una a tres unidades tributarias mensuales) y, en caso de reincidencia, se duplicarán. La reincidencia es causal de exclusión del Registro Nacional de Discapacidad si el sancionado estuviere inscrito en él. Los juzgados de policía locales deben comunicar al Registro Nacional de Discapacidad las sentencias ejecutoriadas que condene a una persona natural o jurídica por infracciones en materia de la ley sobre discapacidad[109].

La ley de Corea[110] señala que los infractores de sus disposiciones pueden ser condenados hasta un año de prisión o multadas hasta un máximo de un millón de Won (la moneda local). En el caso de violaciones cometidas por un funcionario o representante de una persona jurídica, no solo será sancionada dicha persona sino la entidad legal relacionada con ésta[111].

La legislación de Costa Rica[112] garantiza el derecho de las PCDs a un empleo adecuado a sus condiciones v necesidades personales y a verse libres de toda forma de discriminación en el empleo. Con tal efecto, considerara actos de discriminación y penaliza el uso en la selección de personal de mecanismos que no estén adaptados a las condiciones de los aspirantes; la exigencia de requisitos adicionales a los establecidos para cualquier solicitante; el rechazo a emplear, por razón de su discapacidad, a un trabajador idóneo; o la negativa al acceso y utilización de recursos productos a alguien en razón de su discapacidad.

La misma ley señala que los educadores, patronos y jerarcas tienen la obligación de mantener condiciones de respeto a las PCDs en el lugar de trabajo o estudio, mediante una política interna que prevenga la discriminación por razón de una discapacidad, no la promueva o evite. Las instituciones públicas y de servicio público están obligadas a elaborar y divulgar esa política, la cual debe comunicarse por escrito a todos los responsables y asesores de la entidad correspondiente, así como a los empleados, estudiantes y usuarios de las mismas; así como a adoptar las medidas y sanciones pertinentes en sus reglamentos internos, convenios colectivos, arreglos directos, circulares y demás actos administrativos[113]. Los educadores, patronos y jerarcas son legalmente responsables de divulgar el contenido de la ley[114]. Un capítulo integro de la ley sobre discapacidad de Costa Rica refiere los procedimientos y sanciones aplicables por el incumplimiento de la misma. Aunque las sanciones previstas son esencialmente multas, en materia de infracción a las normas sobre accesibilidad, la ley establece que los encargados de las construcciones que incumplan tales reglas podrán ser obligados, a solicitud del perjudicado, a realizar a costa de ellos mismos obras para garantizar este derecho. No se tramitarán permisos de construcción, y se suspenderán los ya otorgados hasta que se realicen las remodelaciones[115].

 

La ley de Guatemala[116] establece que para asegurar el cumplimiento de la misma, el Estado debe asegurar los recursos financieros de manera gradual y en la medida de sus posibilidades reales; y que su incumplimiento acarrea responsabilidades administrativas y civiles que se sancionarán de acuerdo con las prescripciones del reglamento.[117]

 

La ley de Panamá[118] señala que protege al discapacitado de toda explotación, abuso o trato degradante; así como la exhibición ante el público en circunstancias lesivas a su dignidad y, en general, de cualquier violación a sus derechos inherentes, incluyendo el derecho a recibir el tratamiento acorde a su discapacidad, el respeto a sus derechos como humano, y a sus garantías procesales, en todo proceso judicial en que se vea involucrado[119].

 

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) del Perú, [120] por su parte, tiene competencia para impulsar Acciones de Cumplimiento a favor de medidas orientadas a garantizar los derechos de las PCDs. Las acciones de cumplimiento constituyen procesos previstos por la Constitución del Perú mediante las cuales se solicita al Poder Judicial instruya a la administración un acto que se considera debido[121]. Dispone, al mismo tiempo, de atribuciones para imponer y administrar multas ante el incumplimiento de lo dispuesto en la Ley y su Reglamento[122].

 

En materia de lucha contra la discriminación y equiparación de oportunidades en materia de empleo, la legislación de España [123]considera nulos y sin efecto toda norma o acto de las empresas que imponga a las PCDs discriminaciones en materia de retribuciones, jornadas y demás condiciones de trabajo.

 

El Directorio del Consejo Nacional para la Integración de Personas Incapacitadas de Venezuela [124] es encargado por la ley de ese país[125] de imponer las sanciones administrativas consideradas por ésta a sus infractores[126].


 

  1. CERTIFICACIÓN Y REGISTRO.

 

La Ley Argentina[127] la Secretaría de Estado de Salud Pública certifica la existencia de la discapacidad, su naturaleza y su grado, así como las posibilidades de rehabilitación del afectado. Dicha Secretaría de Estado indicará también, teniendo en cuenta la personalidad y los antecedentes del afectado, que tipo de actividad laboral o profesional puede desempeñar.[128]

 

La Ley de Chile[129]indica que un reglamento señalará la forma de determinar la existencia de las deficiencias que constituyen discapacidad, su calificación y cuantificación.[130] Señala, asimismo, que corresponde a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de los Servicios de Salud, del Ministerio de Salud y a las otras instituciones públicas o privadas, reconocidas para estos efectos por el Ministerio de Salud, constatar, calificar, evaluar y declarar la condición de persona con discapacidad. Al realizar todas o algunas de estas funciones, deberán ceñirse a los criterios que el Ministerio determine y a las disposiciones de la Ley.

Las Comisiones e instituciones a que alude el inciso primero deberán emitir un informe que contendrá, a lo menos, la indicación de la discapacidad de que se trata y su grado; la deficiencia que la provoca; las aptitudes y habilidades que la persona con discapacidad conservar y las que puede desarrollar, los aspectos de personalidad del sujeto diagnosticado y de su entorno familiar; los lineamientos generales de la rehabilitación que debe recibir y la periodicidad con la que debe ser reevaluado a fin de mantener actualizado dicho informe.

La evaluación podrá efectuarse del afectado, de las personas que lo representen o de las que el reglamento señale, como asimismo la reevaluación cuando se funde en la aparición de nuevas deficiencias o discapacidad o en la agravación de las reconocida.[131]

El requirente debe presentar una solicitud indicando el o los impedimento que se haga valer para justificar el reconocimiento que interpretará. Acompañará, además, los antecedentes médicos que se le soliciten y que estén en su poder o, en su defecto, señalará el lugar donde éstos estuvieren.

Las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán requerir de los servicios e instituciones de salud y asistenciales, sean éstos públicos o privados y de los profesionales que hubieren intervenido en el tratamiento de las personas de cuyos casos estén conociendo, los antecedentes clínicos y otros que sean necesarios para cumplir las funciones que esta ley les encomienda, y aquéllos estarán obligados a proporcionarlos.

Las personas sometidas al proceso de calificación y diagnóstico deberán concurrir a los exámenes y entrevistas a que sean citadas por las Comisiones, bajo apercibimiento de suspensión de la tramitación de la solicitud respectiva, la que, en tal caso, no podrá considerarse antes de seis meses. La no concurrencia injustificada a las reevaluaciones fijadas en el informe a que se refiere el artículo 7, o el incumplimiento reiterado e injustificado del proceso de rehabilitación conducente a la plena recuperación del afectado, hará caducar, de pleno derecho, el reconocimiento de la discapacidad.

Para los efectos de esta ley, las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez se integrarán, además, por un psicólogo, un asistente social, y un psicopedagogo o un terapeuta ocupacional según el caso. Asimismo, cuando fuere pertinente, se integrarán uno o más especialistas, de acuerdo a la naturaza de la discapacidad y a las circunstancias particulares de las personas sometidas a ellas.[132]

Las PCDs podrán inscribirse o ser inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad, acompañando la certificación emitida por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez respectiva.[133]

El Registro Nacional de la Discapacidad deberá:

1.- Inscribir a las personas con discapacidad que lo solicitaren y que acompañen el correspondiente certificado emitido por la respectiva Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez;

2-   Inscribir a las personas naturales o jurídicas y a las organizaciones de rehabilitación, productivas, educativas, de capacitación, de beneficencia, gremiales, sindicales y en general, a todas las personas que se desempeñe o se relacionen con personas con discapacidad. Dichas personas deberán acompañar los instrumentos que acrediten su existencia legal;

3-   Registrar las sanciones por infracciones a la presente ley cometidas por las personas a que se refiere el número 2 precedente;

4-   Remitir la información que sea requerida por los organismos públicos;

5-   Otorgar las credenciales de inscripción y los certificados que determine el reglamento, y

6-   Cancelar la inscripción de las personas señaladas en los números 1 y 2 cuando así lo requiera el ministerio de Planificación y Cooperación o la respectiva Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez

Todas personas que impetren derechos en conformidad con la presente ley deberán estar inscritas en el registro nacional de la discapacidad.[134]

La Ley de Colombia[135] dispone que las personas con limitación deberán aparecer calificadas como tales en el carné de afilado al Sistema de Seguridad en Salud, ya sea el régimen contributivo o subsidiado.

Para tal efecto las empresas promotoras de salud deberán consignar la existencia de la respectiva limitación en el carné de afilado, para lo cual solicitarán en el formulario de aflicción la información respectiva la verificarán a través de diagnóstico médico en caso de que dicha limitación no sea evidente.

Dicho carné especificará el carácter de persona con limitación y el grado de limitación moderada, severa o profunda de la persona. Servirá para identificarse como titular de los derechos establecidos en la presente Ley.

El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud realizará las modificaciones necesarias al formulario de afiliación y al carnet de los afilados al Sistema General de Seguridad Social en Salud con el objeto de incorporar las modificaciones aquí señaladas.

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las políticas que con relación a las personas con limitación establezca el Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación a que se refiere el articulo siguiente.[136]

La Ley de Ecuador[137] señala que la calificación de las personas con discapacidad la realizará el Ministerio de Salud Pública y el INNFA a través de sus unidades autorizadas. En el caso de afiliados y jubilados, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, la calificación la harán sus unidades autorizadas.

El Consejo Nacional de Discapacidades podrá conformar equipos calificadores cuando las entidades nombradas en el inciso precedente no puedan cubrir la demanda, o en el caso de zonas geográficas que no cuenten con unidades autorizadas. La calificación es gratuita y el reglamento de esta ley establecerá las normas que deben seguirse para realizarla.

El Consejo Nacional de Discapacidades diseñará un sistema único de calificación que será de estricta observancia por parte de las instituciones señaladas como responsables de la calificación, que se encargará del control y seguimiento de la calificación y está facultado para solicitar la recalificación en los casos que amerite, de acuerdo con el reglamento. De comprobarse una calificación dolosa, sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles y penales pertinentes, el Consejo Nacional de Discapacidades anulará la calificación y eliminará de sus registros a los beneficiarios de ella.

Una vez calificadas, las personas con discapacidad deberán inscribirse en el Registro Nacional de Discapacidades y obtener el carné del Consejo Nacional de Discapacidades, de acuerdo a las normas que para el efecto dicte el reglamento a esta ley.

El carné o registro será documento suficiente para acogerse a los beneficios de esta ley y el único requerido para todo trámite en los sectores público y privado, salvo los casos en que la ley determine otros requisitos.

Las personas con discapacidad o las organizaciones de y para personas con discapacidad que violen las disposiciones de esta ley, sus reglamentos o que hagan mal uso de su condición o finalidades serán sancionadas de acuerdo al reglamento.[138]

La inscripción de las personas naturales en el Registro Nacional de Discapacidades mantiene su vigencia. La inscripción de las personas jurídicas actualmente inscritas deberá realizarse nuevamente de acuerdo al instructivo que, para el efecto, expedirá el Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Discapacidades; respecto a aquellas que no estuvieren inscritas se sujetarán a las normas que consten en el Reglamento General de esta ley.[139]

En Inglaterra [140]un tribunal o Corte determina, para cualquier propósito de los derechos reconocidos por su legislación (Acta), si un deterioro tiene un efecto adverso sustancial y a largo plazo en la habilidad de una persona de llevar a cabo las actividades diarias normales.[141]

 

La Ley de Corea[142]indica que, las personas con discapacidad y sus apoderados legales o protectores definidos  por Decreto Supremo registrarán  la condición de su discapacidad y otros asuntos señalados  por el Ministro de Salud y Asuntos Sociales a los alcaldes de la ciudad de Seúl, municipios controlados directamente o prefectos provinciales (en adelante, “alcaldes/ prefectos”).Alcaldes/ prefectos entregarán certificados de discapacidad (en adelante, “certificado”) a las personas registradas con discapacidad

 

Los receptores de certificados, devolverán el certificado sin demora cuando la persona con discapacidad ya no califica o fallece. En caso de no devolver el certificado, los alcaldes/ prefectos pueden ordenar la devolución del certificado.

 

Los alcaldes/ prefectos pueden ordenar diagnósticos de discapacidad para determinar el grado de discapacidad de las personas con discapacidad de acuerdo con cambios de la situación actual de discapacidad, establecer un comité central de revisión en el Ministerio de Salud y Asuntos Sociales, y comités locales de revisión en la ciudad de Seúl, municipalidades controladas directamente y provincias, con el objeto de determinar el grado de discapacidad de personas con discapacidad.

 

Los certificados no serán transferidos ni prestados a ninguna otra persona.[143]

Las provisiones necesarias para el registro de personas con discapacidad, la entrega y devolución de los certificados, el diagnóstico de discapacidad y los comités de revisión serán señalados por Decreto Obligatorio del Ministro de Salud y Asuntos Especiales.[144]

 

La Ley de India [145] establece que ninguna persona establecerá o mantendrá cualquier institución para las PCDs sin un certificado de registro emitido en este nombre por la autoridad competente: Antes de denegar la concesión de un certificado, la autoridad competente esta obligada a dar al solicitante una oportunidad razonable para ser oída, y la negativa del certificado – en todo caso - debe ser notificada al solicitante de la tal manera que éste pueda apelar al Gobierno Estatal. Esto no se aplica a las instituciones para las PCDs establecidas por el Gobierno Central o el Gobierno Estatal. [146]

 

La Ley de Nicaragua [147] dispone que el Ministerio de Salud es la institución autorizada, a través de una Comisión o equipo calificado, para evaluar y certificar la existencia de la discapacidad, su naturaleza y su grado, así como las posibilidades de su rehabilitación y la recomendación del tipo de actividad educativa y/o laboral que pueda desempeñar. La evaluación podrá efectuarse a petición de la persona discapacitada o de quien lo represente.

 

En el caso de la certificación de existencia de la discapacidad para efectos de la seguridad social, se regirá conforme la ley de la materia y su reglamento.

 

Estas comisiones o equipos, estarán ubicados en las estructuras departamentales, las regiones autónomas de la Costa Atlántica o municipales que determine el MINSA y tendrán además la responsabilidad de mantener información actualizada, cuantitativa y cualitativa, sobre las personas que presenten algún grado de discapacidad.[148]

 

La Ley de Perú[149] dispone que los Ministerios de Salud, de Defensa y del Interior, a través de sus centros hospitalarios y el Instituto Peruano de Seguridad Social, son las autoridades competentes para declarar la condición de persona con discapacidad y otorgarle el correspondiente certificado que lo acredite.[150]

La inscripción en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, a cargo del CONADIS, es de carácter gratuito, contendrá los siguientes datos y registros especiales:

a.       La filiación de las personas con discapacidad y sus familiares.

b.      Las entidades públicas y privadas que brinden atención, servicios y programas en beneficio de las PCDs.

c.       Las instituciones voluntarias sin fines de lucro que trabajen con o para las personas con discapacidad.

d.      Las organizaciones industriales, importadoras o comercializadoras de bienes y servicios especiales y compensatorios para personas con discapacidad.

La información contenida en el Registro es de carácter confidencial. Solo puede ser usada con fines estadísticos, científicos y técnicos.

El Reglamento del CONADIS establece los requisitos y procedimientos para las inscripciones en los registros especiales citados. [151]

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), participan en la actualización del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, en coordinación con el CONADIS. [152]


 

  1. DISCAPACIDAD Y DERECHO A LA SALUD: PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y TRATAMIENTO, REHABILITACIÓN INTEGRAL.

 

La Ley de Argentina [153] indica que el Estado a través de el Ministerio de Bienestar Social de la Nación y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires pondrán en ejecución programas a través de los cuales se habiliten, en los hospitales de sus jurisdicciones, de acuerdo a su grado de complejidad y al ámbito territorial a cubrir, servicios especiales destinados a las personas discapacitadas. Promoverán también la creación de talleres protegidos terapéuticos y tendrán a su cargo su habilitación, registro y supervisión.[154]

El Estado apoya la creación de hogares con internación total o parcial para personas discapacitadas cuya atención sea dificultosa a través un grupo familiar, reservándose en todos los casos la facultad de reglamentar y fiscalizar su funcionamiento, Serán tenidas especialmente en cuenta, para prestar ese apoyo, las actividades de las entidades privadas sin fines de lucro.[155]

La Ley de Bolivia[156] señala entre las atribuciones del Ente Ejecutor de políticas para PCDs, promover y recomendar la creación de instituciones de rehabilitación y/o habilitación y le mejoramiento de las existentes, de acuerdo a los avances científicos de esta especialidad; estimular la fabricación, importación y uso de equipos, instrumentos y elementos de ayuda bio-mecánica en rehabilitación: y asesorar sobre cualquier actividad de rehabilitación integral, que se vincule con la problemática de la persona con discapacidad y su Incorporación a la sociedad.[157]

La Ley de Brasil [158] dispone la promoción de acciones preventivas relacionadas a planificación familiar y asesoramiento genético; acompañamiento y asesoramiento en la gestación, parto, puerperio, nutrición de mujeres embarazadas, control de la gestante de alto riesgo. Igualmente, desarrollo de programas de prevención de accidentes laborales, de tránsito y tratamiento adecuado de las víctimas.

 

Indica la creación de una red de servicios especializados en rehabilitación, garantiza el acceso de las PCDs a establecimientos de salud pública y privada; garantiza la atención domiciliaria de las PCDs con discapacidad grave. Indica que todos los servicios de salud deberán desarrollarse con participación de la sociedad y orientados ha la integración social [159]

 

La Ley de Chile [160] declara que la prevención de las discapacidades y la rehabilitación constituyen una obligación del Estado y. asimismo, un derecho y un deber de las personas con discapacidad. de su familia y, de la sociedad en su conjunto.[161]

Señala que, para efectos de la Ley, la prevención comprende tanto las medidas tendientes a evitar las causas de las deficiencias que pueden ocasionar discapacidad, como las destinadas a evitar su progresión o derivación en otras discapacidades.

Privilegian la prevención en las áreas de salud, educación, trabajo y comunicación. Dicha prevención comprende principalmente:

1) La atención adecuada del embarazo, del puerperio y del recién nacido para evitar y detectar la deficiencia y discapacidad;

2) El asesoramiento genético;

3) La investigación en el recién nacido de enfermedades metabólicas;

4) La detección y registro de las malformaciones congénitas visibles en los recién nacidos;

5) La promoción de la salud física y mental, principalmente evitando el uso indebido de las drogas, y el abuso del alcohol y el tabaco, y

6) La prevención en accidentes del tránsito, del trabajo y enfermedades ocupacionales.[162]

En cuanto a la rehabilitación que ésta tiene por finalidad permitir a las personas que presentan una discapacidad física, síquica o sensorial, que dificulte su integración social, educativa o laboral, mediante el acceso a las prestaciones y servicios oportunos y necesarios, la recuperación de la funcionalidad y su mantenimiento. De no ser posible la completa recuperación, la acción rehabilitadota consistirá en desarrollar sus destrezas funcionales y en dotar de elementos alternativos para compensar dicha discapacidad.[163]

El Estado adecuará el equipamiento y personal necesarios para asegurar entre las prestaciones médicas, las que se refieran a la prevención y rehabilitación médico funcional; y fomentará la creación de centros públicos o privados, de prevención y rehabilitación, y la formación y perfeccionamiento de profesionales, la investigación, la producción y la comercialización de ayudas técnicas.

Asimismo, canalizará recursos para colaborar en acciones de prevención y rehabilitación a través de programas orientados a mejorar el acceso de la población discapacitada de escasos recursos a dichas acciones.[164]

En aquellos casos que en razón de la discapacidad, sea imprescindible el uso de prótesis, de órtesis o de otras ayudas técnicas para realizar las funciones propias de la vida diaria, para la educación o para el trabajo, la adquisición, conservación, adaptación y renovación de dichos aparatos se entenderá como parte del proceso de rehabilitación.[165]

Durante la rehabilitación se propenderá a la asistencia en salud mental, con el propósito que la persona sometida a ella desarrolle al máximo sus capacidades. De ser necesario, dicha asistencia podrá extenderse a la familia.[166]

La Ley de Colombia [167]  dispone que el Gobierno junto con el Ente Rector velará porque se tomen las medidas preventivas necesarias para disminuir y en lo posible eliminar las distintas circunstancias causantes de limitación, evitando de este modo consecuencias físicas y psicosociales posteriores que pueden llevar hasta la propia minusvalía, tales como: el control pre y post natal, el mejoramiento de las prácticas nutricionales, el mejoramiento de las acciones educativas en salud, el mejoramiento de los servicios sanitarios, la debida educación en materia de higiene y de seguridad en el hogar, en el trabajo y en el medio ambiente, el control de accidentes, entre otras.

 

Para tal efecto las Entidades Promotoras de Salud incluirán en su plan obligatorio de Salud las acciones encaminadas a la detección temprana y la intervención oportuna de la limitación y las Administradoras de Riesgos Profesionales deberán incluir en sus programas de Salud Ocupacional las directrices que sobre seguridad laboral dicte el Ente Rector. Las autoridades Departamentales o Municipales correspondientes deberán adoptar las medidas de tránsito que les recomiende el Ente Rector

 

Esta disposición, señala, incluye las medidas de apoyo, diagnóstico de deficiencia, discapacidad y minusvalía y las acciones terapéuticas correspondientes realizadas por profesionales especializados en el campo medico, de la enfermería y terapéutico.[168]

 

El Gobierno a través del Ministerio de Educación Nacional tomará las medidas necesarias para que tanto en el proceso educativo como en el de culturización en general, se asegure dentro de la formación integral de la persona la prevención de aquellas condiciones generalmente causantes de limitación.

 

Para estos efectos las entidades públicas y privadas que tengan por objeto la formación y capacitación de profesionales de la educación, la salud, trabajadores sociales, psicólogos, arquitectos, ingenieros, o cualquier otra profesión que pueda tener injerencia en el tema, deberán incluir en sus currículos temáticas referentes a la atención y prevención de las enfermedades y demás causas de limitación y minusvalías.

 

El Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Salud, Trabajo y Educación, deberá incluir en sus planes y programas, el desarrollo de un Plan Nacional de Prevención con miras a la disminución y en lo posible la eliminación de las condiciones causantes de limitación y a la atención de sus consecuencias.

 

Para estos efectos deberán tomarse las medidas pertinentes en los sectores laboral, salud y de seguridad social.[169]

 

En lo referente a Rehabilitación, la ley señala que toda persona con limitación que no haya desarrollado al máximo sus capacidades, o que con posterioridad a su escolarización hubiere sufrido la limitación, tendrá derecho a seguir el proceso requerido para alcanzar sus óptimos niveles de funcionamiento psíquico, físico, fisiológico, ocupacional y social. Para estos efectos el Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Trabajo, Salud y Educación Nacional, establecerá los mecanismos necesarios para que los limitados cuenten con los programas y servicios de rehabilitación integral, en términos de readaptación funcional, rehabilitación profesional y para que en general cuenten con los instrumentos que les permitan autor realizarse, cambiar la calidad de sus vidas y a intervenir en su ambiente inmediato y en la sociedad.

Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones en materia de rehabilitación establecidas en el Plan Obligatorio de Salud para las Empresas Promotoras de Salud y para las Administradoras de Riesgos Profesionales cuando se trate de limitaciones surgidas por enfermedad profesional o accidentes de trabajo.[170]

Respecto a las Ayudas Técnicas, dispone que los Municipios podrán destinar recursos de su participación en los ingresos Corrientes de la Nación a subsidiar la adquisición de prótesis, aparatos ortopédicos u otros elementos necesarios para la población con limitación de escasos recursos, dentro de las atenciones del Plan Obligatorio de Salud.[171]

Con el fin de mejorar la oferta de servicios integrales de rehabilitación a los limitados, la Conserjería Presidencia promoverá iniciativas para poner en marcha proyectos en cabeza de las entidades territoriales, las organizaciones no gubernamentales y la cooperación técnica internacional, de manera que toda persona limitada, durante su proceso de educación, capacitación, habilitación o rehabilitación según el caso, tenga derecho a que se le suministre los equipos y ayudas especiales requeridas para cumplir con éxito su proceso.[172]

La Ley de Costa Rica [173] señala que las instituciones públicas y las privadas de servicio público deberán proveer, a las personas con discapacidad, los servicios de apoyo y las ayudas técnicas requeridos para garantizar el ejercicio de sus derechos y deberes.[174]

 

En cuanto a los servicios de salud, éstos deben ofrecerse en igualdad de condiciones a toda persona los requiera. Son considerados actos discriminatorios. en razón de la discapacidad, el negarse a prestarlos, proporcionarlos de inferior calidad o no prestarlos en el centro de salud que corresponda.[175]

 

Las instituciones públicas de salud responsables de suministrar servicios de rehabilitación, deben garantizar que los servicios a su cargo estén disponibles en forma oportuna, en todos los niveles de atención, inclusive la provisión de servicios de apoyo y las ayudas técnicas que los usuarios requieran.[176] Deben contar, asimismo, con medios de transporte adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad.[177]

 

Es responsabilidad del Ministerio de Salud certificar la calidad y el estricto cumplimiento de las especificaciones de las ayudas técnicas que se otorguen en las instituciones estatales o se distribuyan en el mercado.[178]  En cuanto a las condiciones de hospitalización, cuando una persona con discapacidad tenga que ser hospitalizada, no se le podrá impedir el acceso a las ayudas técnicas o servicios de apoyo que, rutinariamente, utiliza para realizar sus actividades.[179]

 

La misma legislación prevé que los centros de salud o servicios en los cuales se brinda atención de rehabilitación, deben establecer normas específicas para promover y facilitar al proceso de rehabilitación a los usuarios y sus familias,. Con el fin de no lesionar la dignidad de la PCD y facilitar el logro de los objetivos establecidos, los servicios de rehabilitación deben garantizar que sus instalaciones cuenten con las medidas de seguridad, comodidad y privacidad que los usuarios requieran.[180]

 

La Ley de Ecuador [181], por su parte, dispone una serie de actividades relacionadas con la atención de la salud, dentro del enfoque de Integración Social. Ellas son:

a)      La concesión de subsidios para acceder a: servicios de salud, vivienda, asistencia técnica y provisión de ayudas técnicas y tecnológicas, a través de los organismos públicos y privados responsables de las áreas indicadas; 

 

b)      El  Impulso a los servicios (necesarios) para la dotación, fabricación, mantenimiento o distribución de órtesis, prótesis y otras ayudas técnicas y tecnológicas, que suplan o compensen las deficiencias. Las ayudas técnicas y tecnológicas serán entregadas obligatoriamente por el Estado y las instituciones de seguridad social, directamente, bajo convenio o contrato con otras instituciones públicas o privadas;  La disposición, a través del Ministerio de Salud Pública, de producción y distribución de medicamentos genéricos y esenciales, además de los insumos que se necesiten para la atención de deficiencias y discapacidades que requieran de un tratamiento prolongado;  [182]

 

La Ley ecuatoriana reconoce expresamente que, sin perjuicio de los derechos establecidos en la Constitución, en las leyes y en convenios internacionales, el Estado ecuatoriano reconocerá y garantizará a las personas con discapacidad el derecho a la Salud y a la Rehabilitación. Los servicios de salud deberán ofrecerse en igualdad de condiciones a todas las personas con discapacidad que los requieran, y serán considerados como actos discriminatorios, el negarse a prestarlos o proporcionarnos de inferior calidad.

 

El Ministerio de Salud Pública debe establecer los procedimientos de coordinación y supervisión de las unidades de salud pública, a fin de que brinden los medios especializados de rehabilitación requeridos, y determina las políticas de prevención y atención congruente con las necesidades reales de la población. Norma, asimismo, las acciones que en este campo realicen otras instituciones y organismos públicos y privados [183]. La legislación ecuatoriana considera la investigación con objetivo de la Prevención, disponiendo que todos los profesionales de la salud, tanto si laboran en el sector público como en el privado, están obligados a remitir al Ministerio de Salud y al Centro de Información y Documentación del CONADIS la información que éste requiera sobre discapacidades con fines epidemiológicos.[184]

 

La Ley de El Salvador [185] indica que Todas las personas con discapacidad deben tener acceso a los servicios de rehabilitación integral. El Estado, a través de las instituciones correspondientes, debe crear, dotar, adecuar y poner en funcionamiento, los servicios e instituciones de rehabilitación y recuperación necesarias, para atender a la población con discapacidad.[186]

 

La participación de la persona con discapacidad y su familia, debe ser fomentada en todos los establecimientos publica, privados y las comunidades que desarrollen programas de rehabilitación.[187]

 

Para el logro de la atención integral de la salud, el Estado Salvadoreño se obliga a impulsar acciones encaminadas a la prevención, detección precoz, diagnostico oportuno, e intervención temprana de discapacidades.[188] Dispone, asimismo, que las instituciones rehabilitadotas deben formular sus Planes de conformidad con la Política Nacional de Atención Integral que establezca el Consejo. Toda institución que inicie un determinado proceso de rehabilitación, debe coordinarse con otras entidades afines que desarrollen programas de seguimiento en servicios de menor complejidad, cercanos al domicilio de los usuarios, o en planes de hogar que complemente su esfuerzo.[189]

 

La legislación de El Salvador aborda el servicio de rehabilitación con enfoque multidisciplinario y comunitario, señalando que las instituciones del Estado deben conformar equipos de profesionales, que aseguren una atención multidisciplinaria para cada persona según lo precise, y garanticen su integración socio-comunitaria.[190]

 

La Ley de España [191]  considera como un componente esencial de la atención de la salud de las personas con discapacidad la Prevención. Señala, en este aspecto, que la prevención de las minusvalías constituye un derecho y un deber de todo ciudadano y de la sociedad en su conjunto, y forma parte de las obligaciones prioritarias del Estado en el campo de la salud pública y de los servicios sociales. Consecuentemente, el Gobierno asume el deber de presentar a las Cortes Generales un Proyecto de Ley en el que se fijen los principios y normas básicas de ordenación y coordinación en materia de prevención de las minusvalías.

 

Sin perjuicio de las facultades que puedan corresponder a las distintas Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, para formular sus propios planes de actuación en la materia, el Gobierno se compromete a elaborar cuatrienalmente, en relación con tales planes, un Plan Nacional de Prevención de las Minusvalías que se presenta a las Cortes Generales para su conocimiento, y de cuyo desarrollo informa anualmente a las mismas. En dichos planes se concede especial importancia a los servicios de orientación y planificación familiar, consejo genético, atención prenatal y peri natal, detección y diagnóstico precoz y asistencia pediátrica, así como a la higiene y seguridad en el trabajo, a la seguridad en el tráfico vial, al control higiénico y sanitario de los alimentos y a la contaminación ambiental. Se contemplarán de modo específico las acciones destinadas a las zonas rurales.[192]

 

En lo referente a Rehabilitación, la legislación española parte de la concepción de que se trata de un proceso dirigido a que las PCDs adquieran su máximo nivel de desarrollo personal y su integración en la vida social, fundamentalmente a través de la obtención de un empleo adecuado. Con tal objeto se señala que los procesos de rehabilitación podrán abarcar los siguientes campos:

a. La rehabilitación médico-funcional.

b. El tratamiento y orientación psicológica.

c. La educación general y especial.

d. La recuperación profesional.

 

El Estado español fomenta y establece un sistema de rehabilitación, coordinado con los restantes servicios sociales, escolares y laborales, en las menores unidades posibles, para acercar el servicio a los usuarios y administrado descentralizadamente.

 

Señalan como Rehabilitación Funcional, dirigida a dotar de las condiciones precisas para su recuperación a aquellas personas que presenten una disminución de su capacidad física, sensorial o psíquica, deberá comenzar de forma inmediata a la detección y al diagnóstico de cualquier tipo de anomalía o deficiencia, debiendo continuarse hasta conseguir el máximo de funcionalidad, así como el mantenimiento de ésta.

 

Toda persona que presente alguna disminución funcional, calificada según lo dispuesto en esta Ley, tiene derecho a beneficiarse de los procesos de rehabilitación médica necesarios para corregir o modificar su estado físico, psíquico o sensorial cuando éste constituya un obstáculo para su integración educativa, laboral y social.

 

Los procesos de rehabilitación se complementan con el suministro, la adaptación, conservación y renovación de aparatos de prótesis y órtesis, así como los vehículos y otros elementos auxiliares para los minusválidos cuya disminución lo aconseje.[193]

 

La ley señala que el proceso rehabilitador que se inicie en instituciones específicas se desarrollará en íntima conexión con los centros de recuperación en donde deba continuarse y proseguirá, si fuera necesario, como tratamiento domiciliario, a través de equipos móviles multiprofesionales. El Estado español, de otra parte, asume el compromiso legal de intensificar la creación, dotación y puesta en funcionamiento de los servicios e instituciones de rehabilitación y recuperación necesarios y debidamente diversificados, para atender adecuadamente a los minusválidos, tanto en zonas rurales como urbanas, conseguir su máxima integración social y fomentar tanto la formación de profesionales, como la investigación, producción y utilización de órtesis y prótesis.[194]

La Ley española hace mención expresa de aspectos como el tratamiento y la orientación psicológica. Señalan, a este respecto, que el tratamiento y la orientación psicológica estarán presentes durante las distintas fases del proceso rehabilitador, e irán encaminadas a lograr del minusválido la superación de su situación y el más pleno desarrollo de su personalidad.

 

El tratamiento y orientación psicológicas deben tener en cuenta las características personales de la PCD, sus motivaciones e intereses, así como los factores familiares y sociales que puedan condicionarle, y deben estar dirigidos a potenciar al máximo el uso de sus capacidades residuales.

 

El tratamiento y apoyo psicológicos deben ser simultáneos a los tratamientos funcionales y, en todo caso, facilitarse desde la comprobación de la minusvalía, o desde la fecha en que se inicie un proceso patológico que pueda desembocar en minusvalía.[195]

 

La Ley de Guatemala [196] indica que las personas con discapacidad tienen derecho al disfrute, bajo las mismas condiciones, de los servicios de salud y del tratamiento de las enfermedades y su rehabilitación. Los servicios de salud deben ofrecerse evitando actos discriminatorios; considerándose como tales, el negarse a prestarlos, proporcionarlos de inferior calidad o no prestarlos en el hospital público o centro de salud que corresponda.[197]

 

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social establece funciones rectoras y los procedimientos de coordinación y supervisión respectivos, para los centros públicos o privados que brinden servicios especializados de rehabilitación, con el fin de facilitar el establecimiento de políticas congruentes con las necesidades reales de la población.

 

Las instituciones públicas o privadas de salud responsables de suministrar servicios de prevención, promoción y rehabilitación a las discapacidades, deben garantizar que los servicios a su cargo estén disponibles en forma oportuna, en todos los niveles de atención.

 

Las instituciones públicas que brindan servicios de rehabilitación deben contar con medios de transporte adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad.

 

Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social certificar la calidad y el estricto cumplimiento de las especificaciones de las ayudas técnicas que se otorguen en las instituciones estatales o privadas.

 

Cuando una persona con discapacidad sea hospitalizada, no se le podrá impedir el acceso a las ayudas técnicas o servicios de apoyo que rutinariamente utiliza para realizar sus actividades.

 

Los centros de rehabilitación públicos o privados, en los cuales se brinda atención de rehabilitación, deberán establecer para los usuarios y sus familias normas específicas para promover y facilitar el proceso de rehabilitación.

 

Con el fin de no lesionar la dignidad y facilitar el logro de los objetivos establecidos, los centros de rehabilitación públicos o privados deben garantizar que sus instalaciones cuenten con las medidas de seguridad, comodidad y privacidad que los usuarios requieren y según la discapacidad que presenten.[198]

 

En el tema Salud, la Ley de India [199] prevé acciones sobre Prevención y detección temprana de discapacidades, señalando que, dentro de los límites de su capacidad económica y desarrollo, el Gobiernos nacional y las autoridades locales, tomaran medidas con miras a prevenir la ocurrencia de discapacidades. Entre otras, por medio de

(a) Emprender estudios, investigaciones e investigación acerca de la causa de ocurrencia de discapacidades;

(b) Promover métodos de prevenir las discapacidades;

(c) Examinar a todos los niños, por lo menos una vez en un año, con el propósito de identificar los riesgos existentes al respecto;

(d) Mantener entrenado al personal de los centros de salud primarios;

(e) Patrocinar el conocimiento y hacer campaña de información para la higiene general, así como aspectos de salud e higienización,

(f)   Tomar las medidas para el cuidado pre natal, paternal y post natal, tanto de la madre como del niño;

(g) Educar al público a través de los establecimientos pre escolares, las escuelas, aspectos esenciales relacionados con la salud primaria;

(h) Difundir ampliamente a través de la televisión, la radio y otros medios de comunicación de masas las causas de discapacidad y las medidas preventivas neceserias de ser adoptadas; [200]

La Ley de Corea [201] cuenta con varios artículos sobre cuestiones de tratamiento y protección de la salud. Señala que los gobiernos nacionales y locales proveerán el tratamiento necesario para que las PCDs aprendan y recuperen la habilidad de vivir, y tomarán las medidas necesarias para proveerlas de aparatos para la rehabilitación u otros equipos necesarios para compensar sus discapacidades.

El gobierno nacional y los gobiernos locales tomarán medidas para la implementación de la protección adecuada, tratamiento, consejo, entrenamiento y referencia de PCDs a instituciones de acuerdo con la edad, naturaleza y extensión de la discapacidad.[202]

 

En materia de Rehabilitación, la ley coreana dispone que se proporcione a las PCDs, cuando sea necesario, exámenes médicos y servicio de asesoría. Medidas que incluyen

 

(a)     La referencia de PCDs a hospitales nacionales o públicos, centros de salud o sus sucursales, y otos institutos médicos para  su cuidado médico a asesoría de salud;

 

(b)     Proveer cuidado institucional o clínico a PCDs en las instituciones de beneficencia establecidas por los gobiernos nacional o locales;

 

(c)     La referencia de PCDs a instituciones de beneficencia establecidas por organizaciones legalmente constituidas de beneficencia social y otras organizaciones sin fines de lucro;

 

(d)     La recomendación a PCDs que necesitan de entrenamiento vocacional u obtención de trabajo en instituciones de entrenamiento vocacional, públicas  y privadas, a las instituciones pertinentes y a las oficinas de empleo.

 

La ley coreana prevé el otorgamiento de reembolsos por tratamiento médico, de acuerdo al grado de discapacidad, a las PCDs cuya dificultad para afrontar los gastos este probada.[203]

 

En cuanto e refiere a la entrega de ayudas para rehabilitación y aparatos, la ley dispone que, previa solicitud de las PCDs que tienen dificultad para adquirir ayudas para rehabilitación y aparatos o pagar el costo de su reparación, se entregue o repare prótesis, soportes, sillas de ruedas, audífonos y aparatos, pizarras Braille,bastones y otras ayudas para rehabilitación y aparatos indicados por el Ministro o, en defecto de lo anterior, el otorgamiento de las sumas de dinero necesarias para la adquisición o reparación de dichas ayudas o aparatos.[204]

 

La ley coreana considera también el apoyo a las empresas que producen ayudas para rehabilitación y aparatos a través del pago de subsidios, préstamos o el otorgamiento de asistencia técnica y soporte tecnológico.[205] Asimismo, y en materia de investigación en rehabilitación, precisa que los gobiernos nacional y locales pueden encargar y financiar proyectos de investigación sobre discapacidades, tratamiento médico, educación y rehabilitación vocacional a instituciones de rehabilitación profesionales de manera de practicar amplia y sistemática investigación en materia de rehabilitación de PCDs.[206]

La Ley de México[207] establece como facultad y obligación del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en esta materia, planear, ejecutar y difundir el Programa de Desarrollo e Integración para las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, el mismo que debe contemplar acciones en materia de prevención, asistencia médica y asistencia rehabilitatoria, así como de bancos de prótesis, órtesis, ayudas técnicas y medicinas de uso restringido.[208]

La Ley de Nicaragua sobre discapacidad[209], señala en materia de prevención de discapacidades que el Estado debe impulsar medidas apropiadas para la prevención de las deficiencias y las discapacidades a través de las siguientes acciones:

 

a)      La creación de sistemas de atención primaria de salud, basados en la comunidad, particularmente en las zonas rurales y en los barrios pobres de las ciudades;

 

b)      El otorgamiento de atención y asesoramiento sanitario materno-infantiles eficaces, así como asesoramiento, planificación de la familia y sobre la vida familiar;

 

c)      El otorgamiento de educación sobre nutrición y asistencia en la obtención de una dieta apropiada, especialmente para las madres y los niños;

 

d)      La garantía de una cobertura universal de inmunizaciones contra enfermedades infecto-contagiosas;

 

e)      La elaboración de reglamentos sanitarios y programas de capacitación para la prevención de accidentes en el hogar, en el trabajo, en la circulación vial y en las actividades recreativas;

 

f)        El otorgamiento de capacitación apropiada para personal médico, paramédico y de cualquier otra índole, con miras a prevenir discapacidades de diverso grado.

 

De acuerdo con la ley mexicana, los empleadores están obligados a establecer programas de seguridad e higiene ocupacional con el fin de impedir que se produzcan deficiencias o enfermedades profesionales y su exacerbación. Señala, asimismo, que el Estado y la sociedad deben promover la responsabilidad personal, familiar y comunitaria en la prevención de las deficiencias y/o discapacidad, a través del establecimiento de medidas de lucha contra el uso imprudente de medicamentos, drogas, alcohol, tabaco y otros estimulantes o depresivos, a fin de prevenir la deficiencia derivada de las drogas, en particular entre los niños y mujeres embarazadas; y de la priorización de actividades educativas y sanitarias, que ayuden a la población a lograr estilos de vida que proporcionan un máximo de defensa contra las causas de las deficiencias.[210]

 

En lo referente a Rehabilitación el Estado y la comunidad, desarrollarán y asegurarán prestación de los servicios de rehabilitación integral a las personas con discapacidad.

 

Esto incluye servicios sociales de nutrición, médicos y de formación profesional necesarios para poner a las personas con deficiencias en condiciones de alcanzar un nivel funcional óptimo. Dichos servicios podrán proporcionarse mediante:

 

  1. Trabajadores comunitarios.

 

  1. Servicios generales de salud, educativos, sociales y de formación profesional.

 

  1. Otros servicios especializados tales como la atención en hogares terapéuticos con internación total o parcial, para los casos en que los de carácter general no puedan proporcionar la atención necesaria.

 

En materia de otorgamiento de Aparatos, la ley de México [211]establece que el Estado tiene la obligación ineludible de prestar ayuda en equipos y otros instrumentos apropiados para las personas a quienes sean indispensables, suprimiendo los derechos de importación u otros requisitos que obstaculicen la pronta disponibilidad de estas ayudas técnicas y los materiales que no se puedan fabricar en el país.

 

En materia de discapacidad mental indica, asimismo, que en el caso específico de las personas con enfermedades mentales la atención psiquiátrica debe ir acompañada de la prestación de apoyo y orientación social a estas personas y a sus familias.

 

La ley asume como política pública a la Rehabilitación Basada en la Comunidad, al señalar que el Estado promoverá y desarrollará actividades de atención primaria de rehabilitación a través de la estrategia de rehabilitación con base de la comunidad. Considera, además, el apoyo y coordinación de la actividad de las entidades privadas sin fines de lucro, que orienten sus acciones en favor de las PCDs.[212]

La Ley de Panamá  [213] señala que la atención de los menores discapacitados compete prioritariamente a la familia, y complementaria y subsidiariamente, a las instituciones comunales y sociales. Al Estado le corresponde:

a)      Proveer de las instituciones de atención especializadas, así como la adquisición, reparación y mantenimiento de ayudas técnicas que se requieren para la rehabilitación y habilitación del menor discapacitado;

 

b)      Desarrollar programas dirigidos a la prevención mediante campañas educativas y profilácticas, así como aquellas dirigidas a los discapacitados mediante la creación de centros de capacitación apropiados, o para su inserción en el sistema educatívo; así, como estímular su participación en eventos recreativos y competitivos dirigidos a su rehabilitación integral;

 

c)      Hacer efectiva y obligatoria la coordinación interinstítucíonal e intersectorial, a fin de lograr el acceso a los servicios médicos y educativos que así se requieran para el logro de los objetivos que aquí se enmarcan, garantizando que tal atención sea dispensada tanto en el centro de salud como en el educativo más cercano a su comunidad, con la debida oríentación del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) [214]

 

En el caso de la Ley de Venezuela [215], ésta  indica que todas persona con discapacidad tiene derecho al uso y goce de prótesis y demás equipos auxiliares que faciliten su integración. El Estado propenderá al ejercicio de este derecho, y en consecuencia el Consejo Nacional para la Integración de Personas Incapacitadas esta obligado a dictar las normas necesarias para la aplicación de esta disposición.[216]

La Ley de Perú [217] señala que en la ejecución de su política de prevención, el CONADIS, en coordinación con las instituciones públicas correspondientes, realiza las investigaciones científicas necesarias para detectar las causas que ocasionan discapacidad en las diferentes zonas del país.[218] Asimismo, que el Ministerio de Salud, en coordinación con el CONADIS, debe programar y ejecutar los planes de prevención primaria de las enfermedades y otras causas que generen discapacidad; ejecutar y coordinar con el Instituto Peruano de Seguridad Social (antes IPSS, hoy ESSALUD), y con los establecimientos de salud de los Ministerios de Defensa y del Interior, las acciones que permitan la atención de enfermedades establecidas para su prevención secundaria. En cuanto a los aspectos relacionados con la prevención terciaria, ejecutar y promover la ampliación de la cobertura de atención de las PCDS orientándose a su rehabilitación efectiva.

Las PCDs tienen derecho, de conformidad con esta ley, a acceder a los servicios de salud del Ministerio de Salud, cuyo personal médico, profesional, auxiliar y administrativo deben brindarles una atención especial en base a la capacitación y actualización en la comunicación, orientación y conducción que faciliten su asistencia y tratamiento. [219]

En cuanto al apoyo a actividades y programas científicos, la ley peruana establece que el CONADIS debe promover y apoyar actividades y programas científicos en el ámbito de la genética y conferir especial atención a la investigación y normas para el cuidado prenatal y perinatal.[220]

En materia de aparatos, medicinas y ayuda compensatoria para la rehabilitación, la ley señala que las prótesis, aparatos ortopédicos, medicinas, drogas y toda ayuda compensatoria para la rehabilitación física de las PCDs, deben ser proporcionados por los servicios de medicina física del Ministerio de Salud, con el apoyo y coordinación del CONADIS. Los servicios de medicina y rehabilitación física del IPSS y los hospitales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, proporcionan directamente los requerimientos compensatorios. [221]

En materia de servicios de intervención temprana, señala la ley del Perú, el CONADIS en coordinación con los Ministerios de Salud, de Educación y de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano, debe promover, apoyar, investigar y supervisar los servicios de intervención temprana, brindando especial énfasis a la orientación familiar, y difundiendo y apoyando los métodos y procedimientos especializados. [222]

En materia de atención de la salud en las instituciones del Estado, la misma ley precisa que las instituciones del Estado en el campo de la salud, en coordinación con CONADIS, brindarán atención en todas sus especialidades a las PCDS, con la finalidad de alcanzar la recuperación de su salud. Con el mismo objeto, el Ministerio de Salud debe promover la participación de instituciones del sector privado para la atención de las PCDs en los servicios de salud que éstas posean.[223]


  1. EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES Y ACCESIBILIDAD.

 

Entre los derechos reconocidos a las PCDs por la legislación del Ecuador[224], se incluye el derecho de éstas a la plena accesibilidad y utilización de los bienes y servicios de la sociedad. Derecho tratado con un enfoque inclusivo que comprende aspectos relacionados con accesibilidad física, en el transporte y en la comunicación. En el primer aspecto, se prevé que toda obra pública que suponga acceso del público debe incluir acceso, medios de circulación, información e instalaciones adecuadas para PCDs. Prescripción que obliga a las empresas privadas de servicio público, en ámbitos como el cultural, social o recreativo de uso comunitario. Los Municipios están obligados a dictar las ordenanzas respectivas y establecer sanciones y multas en caso de inobservancia de la ley.  En materia de transportes, la ley ecuatoriana no solo considera la reserva de asientos para PCDs, sino que contempla la progresiva adecuación de las unidades de transporte a las necesidades de estas personas[225].

 

En cuanto refiere a la accesibilidad en materia de comunicación, promueve tanto la eliminación de barreras respecto a la difusión de información como la incorporación de recursos tecnológicos y humanos que permitan la recepción de mensajes y el acceso a los sistemas de comunicación y señalización, como el lenguaje de señas ecuatorianas, generación de caracteres, el sistema braille y otros que faciliten el ejercicio del derecho a la comunicación y la información.

 

La legislación ecuatoriana otorga un tratamiento especial a la problemática de las personas sordas, subrayando su derecho al uso del lenguaje de señas ecuatorianas, a la educación, bilingüe u oralista, y auspicia la investigación y difusión de la misma[226].

 

Argentina, a través de su legislación[227], establece que las empresas de transporte colectivo deben transportar gratuitamente a las PCDs en el trayecto que medie entre su domicilio y el establecimiento educacional y/o de rehabilitación al que deban concurrir. La misma legislación otorga a las PCDs franquicias de libre tránsito y estacionamiento. Como en la mayor parte de los países en este mismo campo, la ley argentina establece que toda edificación pública y privada de servicio público, y en los que se exhiban espectáculos públicos, que se ejecute en lo sucesivo y sea destinadas a actividades de acceso público, deben contar con accesos, medios de circulación e instalaciones adecuadas para PCDs que utilicen sillas de ruedas[228].

Bolivia, por su parte, establece en su legislación[229]  que todas las empresas de transporte terrestre, aéreo, lacustre y fluvial, públicas o privadas, deben otorgar las máximas facilidades a las PCDs para transportar, sin recargo alguno, sus equipos biomecánicos, sillas de ruedas y otros implementos necesarios, así como perros lazarillos.

La legislación de Chile[230] organiza su enfoque legal en materia de equiparación de oportunidades, incorporando un espectro amplio de medidas dirigidas a garantizar la plena accesibilidad de las PCDs en materia de educación, cultura, información, comunicaciones, espacio físico y trabajo. Toda oferta de cursos, empleos o servicios llamados a concurso deben adecuar los mecanismos de selección para permitir la participación de las PCDs en igualdad de oportunidades[231]. Los medios de comunicación televisiva deben prever mecanismos audiovisuales que permitan a las personas sordas acceder a la información trasmitida. Las bibliotecas, por su parte, deben adecuarse gradualmente a las necesidades de los invidentes. Toda nueva construcciones, ampliación, instalación, telefónica, eléctrica o de otro tipo, así como las reformas de edificios de propiedad pública o privada de uso público, lo mismo que las vias públicas y los accesos a medios de transporte, parques, jardines y plazas, deben, ser accesibles y utilizables sin dificultad por quienes se desplacen en sillas de ruedas. Los ascensores deben tener capacidad suficiente para transportarlas. Los organismos competentes deben modificar las normas de urbanismo y construcción con este mismo fin, previéndose sanciones en caso de incumplimiento y plazos para que las edificaciones ya existentes se adecuen a tales exigencias[232].

En lo referente a accesibilidad en materia de vivienda, la ley chilena prevé el otorgamiento de subsidios para adquirir y habilitar viviendas, así como soluciones habitacionales para ser destinadas a personas con discapacidad, sus familia o representantes, con quienes ellas vivan[233].

En materia de transporte público, salvo los vehículos de alquiler, todos los medios de trasporte de pasajeros deben contar con asientos de fácil acceso, y adecuadamente señalizados, aptos para ser usados por PCDs. El número de éstos será de 1 por cada diez pasajeros. Los organismos competentes a nivel nacional, regional, provincial y comunal, así como las Municipalidades, están obligadas a adoptar medidas técnicas para asegurar la adaptación de los medios de transporte de pasajeros a tales requerimientos. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones esta encargado de fiscalizar y sancionar el incumplimiento de la ley[234].

Todos los establecimientos y edificios destinados a un uso que implique la concurrencia de público, deben contra con estacionamientos para vehículos y reservar un número suficiente de ellos, para el uso de las PCDs. Las municipalidades están encargadas de velar por el cumplimiento de esta obligación[235].

La legislación de Colombia[236] dispone que las bibliotecas públicas y privadas deben contar con servicios especiales dirigidos a garantizar el acceso a las mismas de las PCDs, las que en un año, a partir de la entrada en vigor de la ley, debían tomar las medidas en materia de barreras arquitectónicas correspondientes, so pena de sanción[237]. Asimismo, establece que todo papel moneda y moneda metálica que se emita debe diferenciarse de tal forma que pueda ser fácilmente distinguible por toda persona[238].

Las normas sobre discapacidad en Corea[239] establecen que tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales deben desarrollar políticas necesarias para  el abastecimiento y equipamiento de viviendas adecuadas a la vida diaria de personas con discapacidad. Asimismo, políticas necesarias para la creación de instalaciones (...) para que las PCDs puedan participar en actividades de entretenimiento y deporte de manera positiva[240].

 

La misma legislación señala que los gobiernos nacional y locales deben adoptar medidas en la estructura de las instalaciones y el diseño de equipos para la conveniencia de PCDs en el uso de transporte y otras instalaciones públicas. De igual forma, que la construcción de instalaciones públicas, tales como caminos, parques, edificios públicos, medios de transporte, sistemas de comunicaciones, edificios de departamentos y otras instalaciones públicas deben esforzarse en proveer instalaciones adecuadas y equipo para la conveniencia de las PCDs[241].

En materia de edificaciones, la legislación brasileña[242] dispone la obligación de adoptar de una manera efectiva normas que garanticen tanto la plena funcionalidad de éstas, como de las vías públicas, de modo que eviten la existencia de obstáculos para las PCDs y faciliten su acceso a edificios y medios de transporte.

 

La Ley sobre Discapacidad de Costa Rica[243] señala que las construcciones nuevas, ampliaciones o remodelaciones de edificios, parques, aceras, jardines, plazas, vías, servicios sanitarios u otros espacios de propiedad pública y privada, deben efectuarse conforme a las especificaciones técnicas reglamentarias de los organismos encargados de la materia. Las mismas obligaciones rigen para los proyectos de vivienda de cualquier carácter financiados, total o parcialmente, con fondos públicos; en los cuales las viviendas asignadas a las PCDs, o a las familias de éstas, deben ubicarse en lugares que garanticen su fácil acceso.

 

Los pasos peatonales deben contar con rampas, pasamanos, señalizaciones visuales, auditivas y táctiles que garanticen su utilización sin riesgo por las PCDs. Los ascensores, asimismo, deben disponer de facilidades de acceso, manejo, señalización visual, auditiva y táctil, y mecanismos de emergencia, de modo que puedan ser utilizados por todas las personas[244].

En cuanto concierne a los establecimientos públicos y privados de servicio público que cuenten con estacionamiento, la ley indica que deben contar con un 5% de espacios destinados al estacionamiento de vehículos conducidos por PCDs, o que las transporten, cuyo número, en ningún caso, será inferior a 2 espacios. Estos estacionamientos deben estar ubicados cerca de la entrada principal. Las autoridades policiales y administrativas deben facilitar el estacionamiento de vehículos que transporten a PCDs, así como el acceso de éstos a los diversos medios de transporte público[245].

Con el objeto de garantizar la movilidad y seguridad de las PCDs en este tipo de medios, la ley costarricense establece además la obligación de adoptar medidas técnicas que conduzcan a su adaptación a las necesidades de estas personas, estableciéndose sistemas adecuados de señalización y orientación del espacio físico. Los permisos y concesiones de explotación de servicios de transporte público solo son otorgados previa revisión técnica, aprobada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que compruebe que cumplen con las medidas establecidas en la ley. En las licitaciones convocadas por dicho Ministerio para conceder u otorgar permisos en la modalidad de taxis, por lo menos un 10 % de tales vehículos deben estar adaptados a las necesidades de las PCDs. Las terminales y estaciones de medios de transporte colectivo deben contar, asimismo, con facilidades para el ingreso de usuarios con discapacidad, y para el abordaje y uso del medio de transporte respectivo por éstos[246].

 

En materia de accesibilidad a la Información y comunicación, las instituciones públicas y privadas deben garantizar que la información dirigida al público sea accesible a todas las personas, según sus necesidades particulares. Asimismo, que los programas informativos transmitidos por los canales de televisión cuenten con servicios de apoyo, inclusive intérpretes o mensajes escritos en las pantallas, para garantizar a las personas con deficiencias auditivas el ejercicio de su derecho de informarse. Todas las personas deben tener acceso a los aparatos telefónicos, y éstos deben estar instalados y ubicados de manera tal que sean accesibles para todos. Las bibliotecas públicas y privadas de acceso público, por su parte, deben contar con servicios de apoyo, incluido personal, equipo y mobiliario apropiados, que permitan su uso efectivo por todas las personas[247].

 

La legislación de El Salvador sobre discapacidad[248] prevé que las entidades responsables de autorizar planos y proyectos de urbanizaciones, deben asegurar que las construcciones nuevas, ampliaciones o remodelaciones de edificios, parques, aceras, jardines, plazas, vías, servicios sanitarios y otros espacios de propiedad publica o privada, que impliquen concurrencia o brinden atención al publico, las barreras que imposibilitan a las PCDs el acceso a las mismas y a los servicios que en ella se prestan. En todos estos lugares debe haber señalización con los símbolos correspondientes. Todos los establecimientos deben contar con, por lo menos, un 3% de espacios

destinados expresamente para estacionamiento de vehículos conducidos o que transporten PCDs; estacionamientos que deben estar ubicados cerca de los accesos de estas edificaciones[249].

 

Todos los vehículos conducidos o que transporten PCDs deben contar con identificación y autorización para el transporte y estacionamiento, expendida por las autoridades competentes. Todos los establecimientos deben procurar que sus ascensores cuentes con facilidades de acceso, manejo, señalización visual, auditiva, y dáctil y con mecanismos de emergencia, de manera que puedan ser utilizados por todas las personas[250].

 

Para garantizar la movilidad y seguridad en el transporte publico, la ley prevé el establecimiento de normas técnicas congruentes a las necesidades de las PCDs; así como el acondicionamiento de los sistemas de señalización y orientación de espacio físico[251].

 

Las instituciones publicas o privadas deben procurar que los programas de información públicos, sean presentados en forma accesible a todas las personas[252].

 

En materia de accesibilidad urbanística y arquitectónica, la legislación española[253] dispone que la construcción, ampliación y reforma de los edificios de propiedad pública o privada, destinados a uso público, así como la planificación y urbanización de las vías públicas, parques y jardines de iguales características, debe efectuarse de manera gradiual y de forma tal que resulten accesibles y utilizables a las PCDs. Se fomenta, con el mismo objeto, la adaptación de los inmuebles privados, mediante el establecimiento de ayudas, exenciones y subvenciones. Todas estas adaptaciones deben ser incluidas en los planes municipales de ordenación urbana de los Ayuntamientos.

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La ley establece que los proyectos de viviendas de protección oficial y viviendas sociales incluirán un mínimo de 3% con características constructivas accesibles a las PCDs, así como el desenvolvimiento normal de sus actividades motrices y su integración en el núcleo en que habiten. Obligación que alcanza, igualmente, a los proyectos de viviendas de cualquier otro carácter que se construyan, promuevan o subvencionen por las Administraciones Públicas y demás Entidades dependientes o vinculadas al sector público. Se considerará rehabilitación de la vivienda, a efectos de la obtención de subvenciones y préstamos con subvención de intereses, las reformas que las PCDs tengan que realizar, por causa de su minusvalía, en su vivienda habitual y permanente.

 

La instalación de ascensores debe adaptarse para transportar, simultáneamente, una silla de ruedas de tipo normalizado y una persona no minusválida. De igual forma, cuando los proyectos integren un conjunto de edificios e instalaciones que constituyan un complejo arquitectónico, éstos deben proyectarse y construirse en condiciones que permitan plena accesibilidad a los diferentes inmuebles e instalaciones complementarias. La ley contempló un plazo de un año para efectuar las medidas técnicas requeridas para la adaptación progresiva de los transportes públicos colectivos a las necesidades de las PCDs.

 

Los Ayuntamientos están obligados a adoptar las medidas adecuadas que faciliten el estacionamiento de los vehículos pertenecientes a las PCDs.

 

La legislación de Guatemala[254] dispone que las instituciones públicas y privadas deben garantizar que la información correspondiente a la discapacidad, dirigida al público, sea accesible a todas las personas.

 

La legislación del Distrito Federal de México[255] define las “Barreras físicas”, como “Todos aquellos obstáculos que dificultan, entorpecen o impiden a las personas con discapacidad, su libre desplazamiento en lugares públicos o privados, exteriores, interiores o el uso de los servicios comunitarios”[256]. Asimismo, establece que es obligación del Gobierno del Distrito Federal, en materia de accesibilidad, planear, ejecutar y difundir el Programa de Desarrollo e Integración para las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, contemplando acciones en materia de: (g) La eliminación de barreras físicas implementando facilidades arquitectónicas, de señalización y de desarrollo urbano; (h) Vehículos del servicio público de transporte, transporte adaptados y educación vial; (k) Construcción y adquisición de vivienda; (l) Actividades deportivas, recreativas y culturales; (m) Reconocimiento, difusión, enseñanza y utilización del lenguaje de señas en servicios de salud, educación, empleo, capacitación, transporte, desarrollo social, servicios públicos, servicios al público y comerciales[257].

 

Los Órganos Político Administrativos de las demarcaciones en que se divide el Distrito Federal de México deben vigilar que las construcciones o modificaciones que se realicen, cuenten con las facilidades arquitectónicas y de desarrollo urbano, adecuadas a las necesidades de las PCDs. El Programa de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, debe contener, de igual forma, lineamientos generales para incorporar facilidades arquitectónicas y de señalización en la planificación y construcción de la infraestructura urbana de carácter público y privado a fin de facilitar el tránsito, desplazamiento y uso de estos espacios por las PCDs[258].

 

Por otra parte, de acuerdo a esta misma legislación, en todo auditorio, cine, teatro, sala de conciertos y de conferencias, centros recreativos, deportivos y en general cualquier recinto en que se presenten espectáculos públicos, deben existir espacios reservados para PCDs que no puedan ocupar las butacas o asientos ordinarios. Las instalaciones del Gobierno del Distrito Federal destinadas a brindar servicios de salud, educación, administración y procuración de justicia, actividades deportivas, culturales, recreativas o sociales y las delegaciones políticas, deben contar con facilidades de accesibilidad y señalización a fin de facilitar el tránsito, desplazamiento y uso de estos espacios por las PCDs[259].

 

La ley mexicana prevé la instrumentación de acciones para que en los Programas de Vivienda se incluya la construcción de vivienda digna para PCDs, facilidades para el otorgamiento de créditos para vivienda, y programas para adaptación de vivienda en que habitan PCDs. Las viviendas para PCDs deben cumplir con las normas técnicas en su infraestructura interior y exterior, para asegurar el acceso y libre desplazamiento de las mismas[260].

 

La ley dispone la obligación de adoptar acciones para permitir a las PCDs contar con facilidades y preferencias que permitan su transporte y libre desplazamiento. En particular, que los vehículos del servicio público de transporte cumplan con especificaciones técnicas que permitan el acceso y uso a las PCDs, incluyendo la adecuación de instalaciones físicas como paraderos y estaciones. Las PCDs tienen derecho a hacer uso del servicio, así como a asientos y espacios especiales destinados a las mismas en los diversos vehículos del servicio público de transporte, así como a mecanismos necesarios para garantizar el uso adecuado de zonas como accesos, rampas y espacios de estacionamiento de vehículos en los que viajen PCDs, tanto en la vía pública, como en lugares de acceso al público. La ley dispone, además, la obligatoriedad de espacios y señalización que faciliten el estacionamiento de vehículos, de los cuales tengan que descender o ascender PCDs, las mismas que, además, tienen derecho a la aplicación de descuentos en los vehículos de transporte público y el Metro[261].

 

Las PCDs previa solicitud y comprobación, pueden ser exoneradas de las normas referidas a los programas de restricción a la circulación vehicular. Tratándose de menores con discapacidad, personas ciegas, personas con discapacidad intelectual, los responsables de su transporte en vehículos particulares gozarán de la misma exoneración[262].

 

La Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito federal esta encargada de diseñar e instrumentar programas y campañas de educación vial y cortesía urbana, encaminados a motivar los hábitos de respeto hacia las PCDs en su tránsito por la vía pública y en lugares de acceso al público. Las personas ciegas acompañadas de perros guía tienen libre acceso a todos los servicios públicos, servicios al público o comerciales[263].

 

La Ley de Nicaragua[264]  en el aspecto de accesibilidad física indica que:

 

-         Las autoridades correspondientes tomarán las medidas necesarias a fin de que las construcciones, ampliaciones e instalaciones o reformas de edificios de propiedad pública o privada, destinados a un uso que implique concurrencia de público, así como también las vías públicas y de acceso a medios de transporte público, se efectúen de manera que resulten accesibles a las personas que se desplacen en sillas de ruedas. Las instituciones competentes modificarán las normas de urbanismos y construcción vigentes, de manera que se ajusten gradualmente a cumplir con la disposición del párrafo precedente.

 

-         Las salas de espectáculos, de actividades deportivas, recreativas, culturales y turísticas deberán tomar medidas necesarias que le permitan a las personas con discapacidad disfrutar de las mismas.

 

-         Los mensajes del Gobierno que se transmitan por televisión u otros medios audiovisuales, deberán ser acompañados por un especialista del lenguaje para discapacitados auditivos fonéticos.[265]

 

La legislación sobre discapacidad del Perú[266] dispone la adecuación progresiva del diseño urbano de las ciudades, a cargo del Ministerio de Transportes y de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Señala, asimismo, que, a partir de la dación de la ley y en el plazo de 1 año, todas las edificaciones deberían dotarse de medios de accesibilidad para las personas con discapacidad[267]. La misma norma dispone que los vehículos de transporte público reserven asientos preferenciales cercanos y accesibles para el uso de PCDs.  Asimismo, que las Municipalidades dispongan la reserva de ubicaciones en cada parqueo público para vehículos conducidos o que transporten PCDs[268].

 

La Ley de Venezuela [269] indica que la construcción, ampliación y reforma de los edificios de propiedad pública o privada. destinados al uso que implique la concurrencia del público, así corno la planificación y urbanización de vías públicas, parques y jardines de iguales características. se efectuará de forma tal que resulten accesibles y utilizables a las personas incapacitadas.

Las autoridades competentes aprobarán las normas urbanísticas y arquitectónicas básicas que contendrán las condicionen a que deberán ajustarse los proyectos de aplicación a las mismas, y el procedimiento de autorización, fiscalización y sanción.[270]

 


  1. DISCAPACIDAD Y DERECHO A LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN: NO DISCRIMINACIÓN, EDUCACIÓN INCLUSIVA, EDUCACIÓN ESPECIAL, CAPACITACIÓN DOCENTE, PROMOCIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA, ORIENTACIÓN PROFESIONAL, PARTICIPACIÓN DE PCDS Y FAMILIARES EN EL SISTEMA EDUCATIVO.

 

La legislación de Argentina [271]asigna a la política  en materia de discapacidad un enfoque genérico de promoción de la integración de los educandos discapacitados, en todos los grados educacionales especiales, oficiales o privados, tendiente a su integración al sistema educativo regular. Contempla normas de ingreso y egreso a establecimientos educacionales para personas discapacitadas, que se extienden desde la detección de los déficits hasta los casos de discapacidad profunda, aun cuando no encuadren en el régimen de las escuelas de educación especial. Dispone, asimismo, la creación de centros de evaluación y orientación vocacional para los educandos discapacitados y su derivación a tareas competitivas o a talleres protegidos. Complementariamente, incluye normas orientadas a la formación de  personal docente y profesionales especializados para todos los grados educacionales, promoviendo los recursos humanos necesarios para la ejecución de los programas de asistencia, docencia e investigación en materia de rehabilitación[272].

 

La legislación del Brasil[273], por su parte, establece que los órganos y entidades de la administración deben dispensar, en el ámbito de su competencia, un tratamiento prioritario y adecuado tendiente a viabilizar, en el área de educación, medidas para incluir en el sistema educacional general, la Educación Especial como una modalidad educativa que abarca todos los grados del sistema educativo. Asimismo, la inserción del referido sistema educacional en las escuelas especiales, privadas y públicas. Su oferta, obligatoria y gratuita, en establecimientos públicos de enseñanza. La obligatoriedad de los programas de Educación Especial de nivel pre-escolar, en hospitales cuando los niños con discapacidad estén internados en ellos por un plazo igual o superior a 1 año. El acceso de alumnos portadores de deficiencia a los beneficios otorgados a los demás educandos, inclusive material escolar, merienda escolar y bolsas de estudio; así como la matrícula compulsoria en cursos regulares de establecimientos públicos o particulares de las personas portadoras de deficiencia capaces de integrarse en el sistema regular de enseñanza[274].

 

En el área de formación de recursos humanos, la legislación brasileña contempla, asimismo, la formación de profesores de nivel medio para a educación Especial; de técnicos de nivel medio especializados en habilitación y rehabilitación; de instructores para formación profesional; la formación y calificación de recursos humanos que, en las diversas áreas del conocimiento, inclusive de nivel superior, atiendan las demanda y las necesidades reales de las personas portadoras de deficiencias; el incentivo de las investigaciones y el desenvolvimiento tecnológico en todas las áreas del conocimiento relacionadas con las PCDs[275]. 

 

La legislación vigente en Chile[276], concibe la Educación Especial como una modalidad diferenciada de la educación general, que se caracteriza por constituir un sistema flexible y dinámico, que desarrolla su acción preferentemente en el sistema regular de educación, proveyendo servicios y recursos especializados a las personas, con o sin discapacidad, que presenten necesidades educativas especiales. Los establecimientos públicos y privados del sistema de educación regular deben integrar las innovaciones y adecuaciones curriculares necesarias para permitir y facilitar, a las personas que tengan necesidades educativas especiales, el acceso a los cursos o niveles existentes, brindándoles la enseñanza complementaria que requieran, para asegurar su permanencia y progreso en dicho sistema[277].

Cuando la naturaleza y/o grado de la discapacidad, hagan imposible dicha integración a los cursos ordinarios, la enseñanza especial se impartirá en clases especiales dentro del mismo establecimiento educacional. Sólo excepcionalmente, y siempre que un equipo del Ministerio de Educación lo declare indispensable, la incorporación a la educación se hará en escuelas especiales, por et tiempo que sea necesario. Con tal objeto, el Estado se compromete a introducir modificaciones en el sistema de subvenciones educacionales y/o a adoptar otras medidas conducentes al mismo fin[278].

Equipos multiprofesionales del Ministerio de Educación califican la necesidad de las personas con discapacidad de acceder a la educación especial, la modalidad y el establecimiento pertinente, así como el tiempo durante el cual esta educación debe ser impartida. Todo ello, sin perjuicio de las facultades otorgadas en este aspecto a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez y de los certificados que ellas emitan[279].

Además de atender a las personas que lo requieran, las escuelas especiales deben proveer de recursos especializados y brindar servicios y asesoría a los jardines infantiles, a las escuelas de educación básica y media, a las instituciones de educación superior o de capacitación en las que se aplique o pretenda aplicar la integración de personas que requieran educación especial[280].

De acuerdo a ley, las autoridades del Sector Educación de Chile tienen el deber de cautelar la participación de las PCDs en programas relacionados con el aprendizaje, desarrollo cultural y perfeccionamiento de las personas. Asimismo, fomentar que los programas de Educación Superior consideren las materias relacionadas con la discapacidad en el ámbito de su competencia; proporcionar a los alumnos del sistema educacional, del nivel básico, que por las características de su proceso de rehabilitación médico funcional requieran permanecer internados en centros especializados por un periodo superior a tres meses, la correspondiente atención escolar; y establecer mecanismos especiales, así como  efectuar las adaptaciones de los programas que se requieran en orden a facilitar el ingreso a la educación formal o a la capacitación de las personas que, a consecuencia de su discapacidad, no hayan iniciado o concluido su escolaridad obligatoria[281].

En cuanto concierne a la legislación de Colombia en materia de discapacidad[282], ésta garantiza el acceso a la educación y la capacitación en los niveles primario, secundario, profesional y técnico de las PCDs, asumiendo el deber legal de asegurarles una formación integral dentro del ambiente más apropiado a sus necesidades especiales[283]. También prohíbe que nadie sea discriminado por razón de su limitación para acceder al servicio de educación, ya sea en una entidad pública o privada y para cualquier nivel de formación[284].

El Estado colombiano promueve la integración de las PCDs a las aulas regulares en establecimientos educativos que se organicen, directamente o por convenio, con entidades gubernamentales y no gubernamentales, en el marco de un Proyecto Educativo Institucional. A través de su Sistema Nacional de Co financiación, el Estado apoya a estas instituciones y las dota de los materiales educativos que respondan a las necesidades específicas según el tipo de limitación que presenten los alumnos. Establece metodologías para el diseño y ejecución de programas educativos especiales de carácter individual, según el tipo de limitación, que garanticen el ambiente menos restrictivo para la formación integral de las personas con limitación; y, asimismo, promueve el diseño, producción y difusión de materiales educativos especializados, así como de estrategias de capacitación y actualización para docentes en servicio en este campo[285].

La legislación referida impulsa la realización de convenios entre las administraciones territoriales, las universidades y Organizaciones no Gubernamentales que ofrezcan programas de educación especial, psicología, trabajo social, terapia ocupacional, fisioterapia, terapia del lenguaje y fonoaudiología entre otras, para que apoyen los procesos terapéuticos y educativos dirigidos a esta población; especificando que todas las entidades que presten servicios de capacitación a las PCDs, están obligadas a incluir la rehabilitación como elemento preponderante de sus programas[286].

Los centros educativos, de cualquier nivel, deben dotarse de los medios y recursos que garanticen la atención educativa apropiada a las personas con limitaciones; estando terminantemente prohibida la negación  de servicios educativos a personas limitadas físicamente, so pena de hacerse acreedor de sanciones impuestas por las autoridades del Sector Educación Nacional[287]. 

La ley colombiana establece procedimientos y mecanismos especiales para facilitar a las personas con limitaciones físicas y sensoriales la presentación de exámenes de estado con el objeto de acceder a créditos educativos y becas. Todas las previsiones anteriores son aplicables a las personas con excepcionalidad, a quienes también se les garantiza el derecho a una formación integral dentro del ambiente más apropiado, según sus necesidades especificas individuales[288].

En cuanto a promoción del deporte, la Ley colombiana señala que el Gobierno organizará y financiará el desarrollo de eventos deportivos y de recreación a nivel nacional para la participación de personas con limitación, así como para aquellas organizaciones, que les prestan servicios en eventos de esta naturaleza a nivel internacional.[289]

Los campos y escenarios deportivos públicos deberán ser facilitados a los organismos oficiales o privados que se dediquen a la educación, habilitación y rehabilitación de personas con limitación, previa solicitud por escrito ante COLDEPORTES o las juntas administradoras del deporte. Estos organismos facilitarán y coordinarán el uso de dichos campos y escenarios deportivos por parte de la población con limitación.

Las juntas directivas de los entes deportivos departamentales y municipales que creen las asambleas y los consejos respectivamente, serán de 6 miembros, uno de ellos deberá ser un representante de la actividad deportiva de los limitados. Los demás miembros seguirán designados de acuerdo con lo dispuesto en la ley 181 de 1995.

Los escenarios culturales de propiedad de la Nación o de cualquier otra entidad pública, deben ser facilitados a las entidades oficiales o privadas dedicadas a la educación, rehabilitación y capacitación de personas con limitación o sus organizaciones, previa solicitud en tal sentido ante COLCULTURA o las entidades regionales correspondientes.[290]

La legislación de Costa Rica en esta materia[291], garantiza el acceso oportuno a la educación a las personas, independientemente de su discapacidad, desde la estimulación temprana hasta la educación superior. Compromiso legal que incluye tanto la educación pública como la privada en todas las modalidades del Sistema Educativo Nacional. Con arreglo a este temperamento, el Ministerio de Educación Pública promueve la formulación de programas que atiendan las necesidades educativas especiales; supervisa ésta en todos los niveles de atención. Se reconoce el derecho de las PCDs discapacidad a participar en los servicios educativos que favorezcan mejor su condición y desarrollo, con los servicios de apoyo requeridos; no pudiendo ser excluidas de ninguna actividad relacionada con éstos. Los centros educativos están obligados a efectuar las adaptaciones necesarias, y proporcionar los servicios de apoyo requeridos, para que el derecho antes referido sea efectivo. Las adaptaciones y los servicios de apoyo mencionados, por su parte, incluyen los recursos humanos especializados, adecuaciones curriculares, evaluaciones, metodología, recursos didácticos y planta física. Previsiones que deben ser definidas por el personal del centro educativo con asesoramiento técnico-especializado.[292] A los padres de familia o encargados de estudiantes con discapacidad, se les garantiza el derecho de participar en la selección, ubicación, organización y evaluación de los servicios educativos.[293]

 

Las personas con necesidades educativas especiales pueden recibir su educación en el Sistema Educativo Regular, con los servicios de apoyo requeridos. No obstante, los estudiantes que no puedan satisfacer sus necesidades en las aulas regulares, tienen derecho a contar con servicios apropiados, que garanticen su desarrollo y bienestar, incluyendo los brindados en los centros de enseñanza especial. La educación de las PCDs debe ser de igual calidad, e impartirse durante los mismos horarios, preferentemente en el centro educativo más cercano al lugar de residencia de éstas, y basarse en las normas y aspiraciones que orientan los niveles del sistema educativo general[294].

Los programas de estudio y materiales didácticos que incluyan textos o imágenes sobre el tema de discapacidad, están obligados a presentarlos de manera que refuercen la dignidad e igualdad de los seres humanos[295].

El Ministerio de Educación Pública de Costa Rica[296] vela por que los estudiantes que, por causa de hospitalización o convalecencia, se encuentren imposibilitados para asistir temporalmente a un centro educativo, cuenten con las opciones necesarias para continuar con su programa de estudios durante ese período, los mismos que tendrán el reconocimiento oficial[297].

 

Ecuador reconoce, de conformidad con su legislación sobre la materia[298], el derecho de las PCDs a la educación regular en establecimientos públicos y privados, en todos los niveles del sistema educativo nacional, con los apoyos necesarios, o en servicios de educación especial y específica para aquellos que no puedan asistir a establecimientos regulares de educación, en razón del grado y características de su discapacidad[299].

 

La legislación sobre discapacidad de El Salvador[300], por su parte, consagra el derecho de las PCDs a recibir educación con una metodología adecuada que facilite su aprendizaje; su acceso a sistemas de becas; al principio de igualdad de oportunidades de educación en todos los niveles educativos y a que su educación constituya una parte integrante del sistema de enseñanza[301]. De igual forma, a que, previa evaluación, las PCDs pueden integrarse a sistemas regulares de enseñanza, que deben contar con servicios de apoyo apropiados y accesibilidad. Con este objeto, el Estado se compromete a la formación de humanos recursos para brindar formación a las personas con necesidades educativas especiales, así como a facilitar que éstas accedan a los centros educativos que cuente con recursos especiales mas cercano a su lugar de residencia[302]. La misma legislación reconoce el derecho de los padres de familia o encargados de estudiantes con discapacidades a participar en la organización y evaluación de los servicios educativos[303].

 

La legislación sobre discapacidad de España[304] parte del enfoque de que las medidas tendentes a la promoción educativa, cultural, laboral y social de los minusválidos se llevarán a cabo mediante su integración en las instituciones de carácter general, excepto cuando por las características de sus minusvalías requieran una atención peculiar a través de servicios y centros especiales. Consecuentemente, refiere la integración de las PCDs en el sistema ordinario de la educación general, reconociéndoles los programas de apoyo y recursos previstos para estos casos. Las PCDs tienen derecho a la gratuidad de la enseñanza, en las instituciones de carácter general, en las de atención particular y en los centros especiales[305].

 

La Educación Especial es impartida solo a aquellas PCDs a quienes les resulte imposible integrarse en el sistema educativo ordinario y luego de un diagnóstico previo de contenido pluridimensional. La misma es impartida en instituciones ordinarias del sistema educativo general, de forma continuada, transitoria o mediante programas de apoyo, según las condiciones de las deficiencias que afecten a cada alumno y se inicia tan precozmente como lo requiera cada caso, acomodando su ulterior proceso al desarrollo psicobiológico de cada sujeto y no a criterios estrictamente cronológicos. Es concebida como un proceso integral, flexible y dinámico; de aplicación personalizada y en favor de la total integración social de la PCD. Se plantea como objetivos: (a) La superación de las deficiencias y de las consecuencias o secuelas derivadas de aquéllas; (b) la adquisición de conocimientos y hábitos que doten a la PCD de la mayor autonomía posible; (c) La promoción de todas las capacidades de la PCD para el desarrollo armónico de su personalidad; y (c) su incorporación a la vida social y a un sistema de trabajo que les permita servirse y realizarse a sí mismos[306].

 

La educación especial de las PCDs debe ser impartida por personal interdisciplinario técnicamente adecuado que, actuando como equipo multiprofesional, garantice las diversas atenciones que cada PCD requiera[307].

 

Las PCDs que cursen estudios universitarios, cuya minusvalía les dificulte gravemente la adaptación al régimen de convocatorias establecido con carácter general, pueden solicitar y los centros habrán de conceder la ampliación del número de estas en la medida que compense su dificultad. Sin mengua del nivel exigido, las pruebas se adaptarán, en su caso, a las características de la minusvalía que presente el interesado[308].

 

La ley española dispone que las actividades deportivas, culturales, de ocio y tiempo libre se desarrollen, siempre que sea posible, en las instalaciones y con los medios ordinarios de la comunidad. Sólo de forma subsidiaria o complementaria podrán establecerse servicios y actividades específicas para aquellos casos en que, por la gravedad de la minusvalía, resultará imposible la integración. Para ello deberán adoptarse las previsiones necesarias que faciliten el acceso de las PCDs a las instalaciones deportivas, recreativas y culturales. [309]

 

La legislación de Guatemala[310], por su parte, dispone que las PCDs tienen derecho a la educación desde la estimulación temprana hasta la educación superior, siempre y cuando su limitación física o mental se lo permita. Esta disposición incluye tanto la educación pública como la privada. Con tal objeto, el Ministerio de Educación Pública se compromete a promover la formulación de programas educativos que contengan las necesidades especiales de las PCDs, y el Estado a desarrollar los medios necesarios para que las personas con discapacidad participen en los servicios educativos que favorezcan su condición y desarrollo. Las autoridades educativas, por su parte, se obligan a efectuar las adaptaciones necesarias y proporcionar los servicios de apoyo requeridos para que el derecho de las personas con discapacidad sea efectivo. Las adaptaciones y los servicios de apoyo, en este caso,  incluyen los recursos humanos especializados, las adecuaciones curriculares, la metodología, recursos didácticos y planta física necesarios a este fin[311].

 

Las PCDs tienen derecho a recibir su educación en el sistema educativo regular, con los servicios de apoyo requeridos. La legislación prevé que los estudiantes que no puedan satisfacer sus necesidades en las aulas regulares, contarán con servicios apropiados que garanticen su desarrollo y bienestar, incluyendo los brindados en los centros de enseñanza especial. Asimismo, que la educación de las personas con discapacidad se imparta durante los mismos horarios de las regulares, preferentemente en los centros educativos más cercano al lugar de su residencia, y basarse en las normas y aspiraciones que orientan los niveles del sistema educativo[312].

 

Los padres, tutores o representantes, tienen la obligación de inscribir y velar porque las PCDs asistan regularmente a clases y participar activamente en el proceso educativo de estos[313]. El Ministerio de Educación, por su parte, tiene el deber de desarrollar los mecanismos necesarios para que las PCDs del área rural tengan acceso a la educación mediante programas educativos adecuados a su realidad geográfica y étnica, garantizando la educación bilingüe, en las zonas de población mayoritariamente indígena[314]. Asimismo, estimular las investigaciones y tomar en cuenta las nuevas propuestas relacionadas a la didáctica, evaluación, en currícula y metodología que correspondan a las necesidades de las PCDs[315].

 

La ley de Corea[316] obliga a todos sus niveles de gobierno (tanto a nivel nacional como local) a tomar medidas, para el mejoramiento de la calidad y método de educación, y el establecimiento de instituciones educativas para PCDs, de manera que puedan recibir una educación adecuada de acuerdo con la edad, habilidad, naturaleza y extensión de la discapacidad de éstas. Asimismo, promover la investigación sobre la educación de las PCDs y desarrollar sistemas de educación vocacional para estas mismas personas; implementar las políticas necesarias para guiar y dar entrenamiento vocacional a las PCDs de modo que puedan obtener trabajos adecuados de acuerdo con su capacidad y aptitud[317].

 

Las instituciones educativas coreanas están prohibidas de tomar medidas discriminatorias en contra de personas con discapacidad  al momento de su solicitud para ingreso a la escuela; y deben, por el contrario, equipar sus locales y tomar los pasos necesarios para que estas personas puedan recibir una educación sin inconvenientes[318].

 

La Ley de India [319] señala que los Gobiernos y las autoridades locales deben:

(a) Asegurar que cada niño con una invalidez tiene el acceso a la educación libre en un ambiente apropiado hasta que él logra la edad de dieciocho años;

(b) Promover la integración de estudiantes con discapacidades en las escuelas normales;

(c) Promover la creación de escuelas especiales estatales y en el sector privado para aquellos que requieran de educación especial; asimismo velar porque los niños con discapacidad que vivan en cualquier parte del país tengan acceso a éstas;

(d) Equipar las escuelas especiales para los niños con discapacidad con medios de entrenamiento profesionales;

(e) Estructurar clases de media jornada para en los niños con discapacidad que no puedan continuar sus estudios en jornadas de tiempo completo;

(f) Prever que las clases de jornada incompleta aseguren la alfabetización funcional de los niños menores de dieciséis años;

(g) Impartir educación no formal utilizando los recursos humanos disponibles en las áreas rurales, después de darles apropiado orientación;

(h) Impartir educación a través de escuelas o universidades abiertas;

(i) Dirigir clases y discusiones a través de los medios electrónicos u otro medio interactivo.

(j) Proporcionar a los niños con discapacidad, libres de costo, los libros especiales y materiales necesitan para su educación. [320]

(k) Promover la investigación oficial y de las agencias no gubernamentales con el propósito de diseñar y desarrollar nuevos dispositivos de apoyo y ayudas de instrucción, materiales especiales u otros artículos que sean necesarios para dar a los niños con discapacidad oportunidades iguales en materia de educación. [321]

(l) Promover el entrenamiento de maestros y ayudar a los institutos nacionales y otras organizaciones voluntarias a desarrollar el entrenamiento de maestros en programas especializados en discapacidad de modo que mano de obra especializada esté disponible en las escuelas especiales y las escuelas integradas para los niños con discapacidad. [322]

Los gobiernos nacional y locales deben proveer, entre otras medidas:

(a) Medios de Transporte a los niños con discapacidad, o incentivos financieros alternativos a los padres y/o tutores de modo que puedan enviar a sus niños con discapacidad a las escuelas.

(b) El levantamiento de barreras arquitectónicas en las escuelas, universidades u otras instituciones, impartiendo el entrenamiento profesional y profesional respectivo;

(c) El suministro de libros, uniformes y otros materiales a los niños con discapacidad que asisten a la escuela.

(d) La concesión de becas a los estudiantes con discapacidad.[323]

La Ley para las Personas con Discapacidad del Distrito Federal de México[324] otorga al Jefe de Gobierno del Distrito Federal la facultad de planear, ejecutar y difundir el Programa de Desarrollo e Integración para las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, que contempla, entre otras, acciones en materia de Educación Especial y regular[325]; (...) promover la creación y asignación de becas (...)educativas y otros apoyos, para personas con discapacidad.  Establece, asimismo, que la Secretaría de Desarrollo Social desarrollará acciones para (...)la oportuna, adecuada canalización y atención de los menores con discapacidad en el sistema de educación especial o regular, otorgándose becas educativas a los menores de escasos recursos económicos[326]. La ley señala, asimismo, que el Instituto de Cultura del Distrito Federal formulará y aplicará programas tendientes al desarrollo cultural de las PCDs[327].

 

La Ley de Nicaragua[328] señala que Las autoridades educativas, deberán seguir criterios básicos en el establecimiento de servicios de educación para niños con discapacidad con la participación activa de los padres. Tales servicios deben ser: individualizados, localmente accesibles, universales y ofrecer además una gama de opciones compatibles con la variedad de necesidades especiales de este sector de la población.[329]

 

La legislación del Perú en materia de discapacidad[330] establece que los Centros Educativos Regulares (CER) y los Centros Educativos Especiales (CEE) contemplen dentro de su Proyecto Curricular de Centro, las necesarias adaptaciones curriculares que permitan dar una respuesta educativa pertinente a la diversidad de alumnos, incluyendo a niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, correspondiendo al Ministerio de Educación formular las directivas del caso. La educación del PCDs estará dirigida a su integración e inclusión social, económica y cultural y, con este fin, los Centros Educativos Regulares y Especiales deben incorporar a las PCDs, tomando en cuenta la naturaleza de la discapacidad, las aptitudes de la persona, así como las posibilidades e intereses individuales y/o familiares[331]. No puede negarse a nadie el acceso a un centro educativo por razones de discapacidad física, sensorial o mental, ni retirarla o expulsarla por este motivo. Son nulos todos los actos que, basados en motivos discriminatorios, afecten de cualquier manera la educación de una PCD[332].

Los establecimientos educativos de cualquier nivel, así como los organismos públicos y privados de capacitación que ofrezcan cursos y carreras profesionales y técnicas, deben adecuar sus procedimientos de ingreso para permitir el acceso de las personas con discapacidad. En el mismo sentido, las universidades públicas y privadas deben implementar programas especiales de admisión para PCDs[333].

Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que hubieren quedado discapacitados en acto de servicio, que por tal motivo hubieren tenido que interrumpir sus estudios superiores, tienen un período hasta de 5 años de matrícula vigente para su reincorporación al sistema universitario. Facilidad que también es otorgada a los alumnos universitarios que, durante su período académico de pre-grado, sufrieran alguna discapacidad por enfermedad o accidente[334].

El Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) tiene la obligación de promover el desarrollo actividades deportivas entre las PCDs. Para ello dispone de expertos, equipos e infraestructura adecuados para su práctica. De igual forma, promueve la creación de las Federaciones Deportivas Especiales que demanden las diferentes discapacidades, a fin de que el Perú pueda integrarse al Comité Para Olímpico Internacional y otros entes o instituciones internacionales del deporte especial. Los deportistas con discapacidad que obtengan triunfos olímpicos y mundiales en sus respectivas disciplinas son reconocidos por el Instituto Peruano del Deporte y el Comité Olímpico Peruano, en la misma forma con que se reconoce a los atletas y deportistas triunfadores sin discapacidad[335].

Las personas inscritas en el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad tienen derecho a un descuento de hasta 50 % sobre el valor de la entrada a los espectáculos culturales y deportivos organizados y/o auspiciados por el Instituto Nacional de Cultura, el Instituto Nacional del Deporte y las Municipalidades[336].

La Ley de Venezuela [337] señala que el Estado garantizará a las personas incapacitadas, la protección, asistencia y educación necesarias, a fin de facilitar su rehabilitación e integración al proceso educativo formal e informal.

Las personas incapacitadas, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley Orgánica de Educación, podrán solicitar su ingreso en cualquier instituto de educación o centro de capacitación del sistema regular, público o privado, sin que las autoridades correspondientes puedan negarse a su admisión por la incapacidad que presenten.

Los padres y representantes legales de incapacitados menores y mayores de edad, están obligados a dar a éstos una educación pasa atender por sí mismos a la satisfacción de sus necesidades.[338]


 

  1. DISCAPACIDAD, DERECHO AL TRABAJO Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL: NO DISCRIMINACIÓN, CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, FOMENTO DEL EMPLEO, PROMOCIÓN EMPRESARIAL.

 

En materia de derecho al trabajo y acceso al empleo de las PCDs, la legislación de Argentina[339] dispone que el Estado Nacional, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, están obligados a ocupar personas discapacitadas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al 4 % de la totalidad de su personal. El desempeño de PCDs en este ámbito debe ser autorizado y fiscalizado por el Ministerio de Trabajo teniendo en cuenta las indicaciones de la Secretaría de Salud Pública. Las PCDs que se desempeñen en los entes indicados, gozarán de los mismos derechos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que la legislación aplicable prevé para el trabajador normal[340].

La ley de Argentina [341]establece que, en todos los casos en que se conceda u otorgue el uso de bienes del dominio público o privado del Estado Nacional o de la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires para la explotación de pequeños comercios, debe darse prioridad a las PCDs que estén en condiciones de desempeñarse en tales actividades, siempre que las atiendan personalmente, aún cuando para ello necesiten del ocasional auxilio de terceros. Idéntico criterio es aplicable a las empresas del Estado Nacional y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires con relación a los inmuebles que le pertenezcan o utilicen. Son nulos las concesiones o permisos otorgados sin observar esta disposición[342].

El Ministerio de Trabajo, por su parte, asume el deber de apoyar la creación de talleres protegidos de producción, teniendo a su cargo la habilitación, registro y supervisión de los mismos. Apoya, al mismo tiempo, la labor de las PCDs a través del régimen de trabajo a domicilio[343].

En materia de seguridad social se aplica a las PCDs las normas generales o especiales previstas en la legislación vigente[344].

En materia de jubilaciones y pensiones, la discapacidad se acreditará con arreglo a lo dispuesto en los artículos 33 y 35 de la Ley 18.037 (t.o..1976) y 23 de la Ley 18.038 (t.o. 1980).

La legislación de Bolivia[345] reconoce el derecho de todas las PCDs a un trabajo remunerado, en el marco de lo dispuesto en la Ley General del Trabajo y a ser protegida  contra todo acto de explotación, trato abusivo o degradante bajo sanciones proporcionales al grado de discapacidad del damnificado[346].

Los empleadores que contratan y/o emplean PCDs tienen derecho a percibir el reconocimiento del Estado, en la misma forma que todas las personas, profesionales y no profesionales, que trabajen en las áreas de salud, rehabilitación integral y educación de las personas con discapacidad. El Ministerio de Trabajo promueve, en este aspecto, el otorgamiento de incentivos de diversa índole para las empresas, asociaciones y grupos de auto-ayuda productivos, formados por personas con discapacidad[347].

La legislación de Brasil[348] dedica una atención especial al área de formación profesional y de trabajo. Así, la ley vigente considera el otorgamiento de apoyo gubernamental a la formación profesional y garantiza el acceso de las PCDs a los servicios correspondientes, inclusive a los cursos regulares orientados a la formación profesional; el empeño del Poder Público para el surgimiento y mantenimiento de empleos, inclusive a tiempo parcial, destinados a las personas portadoras de deficiencias que no tengan acceso a empleos comunes; la promoción de acciones eficaces que propicien la inserción, en los sectores público y privado, de PCDs; la adopción de legislación específica que discipline la reserva de empleos en el mercado de trabajo a favor de las personas portadoras de deficiencia, en las entidades de la Administración Pública y del sector privado[349].

 

La ley vigente en Chile[350] establece que el Estado tienen el deber de promover la capacitación laboral de las PCDs, creando programas especiales con el fin de permitir e incrementar su inserción al trabajo. Del mismo modo, se prevé que quienes de éstas se encuentren inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad puedan celebrar contratos de aprendizaje hasta los 24 años de edad. Todas las actividades de capacitación financiadas por el Estado deben contemplar la participación de PCDs, sin limitación de edad, y procurar que los materiales y elementos utilizados se adapten para el uso y beneficio de quienes presenten discapacidad. El Estado velará, asimismo, porque los programas de capacitación dirigidos a las PCDs se formulen y lleven a cabo de acuerdo a las necesidades de éstas y a los requerimientos y posibilidades del mercado de trabajo[351].

El Estado asume el compromiso de crear condiciones y velar por la inserción laboral de las PCDs con el objeto de asegurar su independencia, desarrollo personal, ejercicio del derecho a constituir una familia, y a gozar de una vida digna. La capacitación laboral de las mismas debe comprender, además de la formación laboral, la orientación profesional, que debe otorgarse teniendo en cuenta la evaluación de las capacidades reales del beneficiario, la educación efectivamente recibida y sus intereses, teniendo presente el respectivo informe de diagnóstico[352].

En Colombia,[353] la ley prevé que el Gobierno, dentro de la política nacional de empleo adopta medidas dirigidas a la creación y fomento de fuentes de trabajo para las PCDs. De igual forma, establecer programas de empleo protegido para aquellos casos en que la disminución padecida no permita la inserción al sistema competitivo[354].

El Servicio Nacional de Aprendizaje colombiano debe realizar acciones de promoción de sus cursos entre la población con limitaciones, permitiendo su acceso en igualdad de condiciones, previa valoración de sus potencialidades. Debe establecer, asimismo, líneas de orientación laboral que permitan relacionar las capacidades de los beneficiarios y su adecuación a la demanda laboral[355].

La ley vigente otorga a los particulares que empleen PCDs garantías para ser preferidos, en igualdad de condiciones, en los procesos de licitación, adjudicación y celebración de contratos, sean estos públicos o privados, si incluyen en sus nominas por lo menos un 10% de PCDS que se encuentren debidamente certificados por la Oficina de Trabajo de la respectiva zona y hayan sido contratados por lo menos con anterioridad a un año; debiendo mantenerse por un lapso igual al de la contratación. Se les otorga, asimismo, prelación en el otorgamiento de créditos y subvenciones de organismos estatales, siempre y cuando estos se orienten al desarrollo de planes y programas que impliquen la participación activa y permanente de personas con limitación; así como tasas arancelarias reducidas en orden a la importación de maquinaria y equipo especialmente adaptados o destinados al manejo de PCDs[356].

La ley colombiana dispone también que, en ningún caso, la limitación de una persona, puede ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el campo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada puede ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de trabajo. No obstante, quienes fueren despedidos, o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito antes previsto, tienen derecho a una indemnización equivalente a 180 días de salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones previstas en la legislación laboral[357].

En los concursos organizados para el ingreso al servicio público, las PCDs deben ser admitidas en igualdad de condiciones que las personas sin limitación, y si se llegare a presentar un empate, se preferirá entre los elegibles a la PCD, siempre y cuando el tipo o clase de limitación no resulten extremo incompatible o insuperable frente al trabajo ofrecido, luego de haberse agotado todos lo medios posibles de capacitación[358].

La ley prevé, además, que las entidades públicas establezcan convenios de formación y capacitación profesional para preparar PCDs, según los requisitos y aptitudes exigidas para el cargo y según el grado de especialización de los mismos[359]. Las PCDs que, con base a certificación médica autorizada, acrediten no poder gozar de un empleo competitivo y, por lo tanto, no poder producir ingresos al menos equivalentes al salario mínimo legal vigente, tienen derecho a ser beneficiario de un régimen subsidiado de seguridad social[360].

Las entidades estatales de todo orden, están obligadas a preferir, en igualdad de condiciones, los productos, bienes y servicios que les sean ofrecidos por entidades sin ánimo de lucro constituidas por PCDs. Del mismo modo, las entidades estatales que cuenten con conmutadores telefónicos, deben preferir para su operación, en igualdad de condiciones, a personas con limitaciones diferentes a las auditivas debidamente capacitadas para el efecto. Los empleadores que ocupen trabajadores con limitación no inferior al 25% comprobada, tienen derecho a deducir del impuesto a la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o periodo gravable a los trabajadores con limitación, mientras esta subsista[361].

Las personas con limitación que laboren en Talleres de Trabajo Protegido, no pueden ser remuneradas por debajo del 50% del salario mínimo legal vigente, excepto cuando el limitado se encuentre aún bajo terapia, en cuyo caso no podrá ser remunerado por debajo del 75% del salario mínimo legal vigente[362].

El Gobierno concederá líneas de créditos blandos para el funcionamiento y constitución de pequeñas y medianas empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, dedicadas a la producción de materiales, equipos, accesorios, partes o ayudas que permitan a las PCDs desarrollar actividades cotidianas, o que les sirva para la prevención, restauración o corrección de la correspondiente limitación, o que sean utilizadas para la práctica deportiva o recreativa de estas personas Para tener acceso a estas líneas de crédito dichas empresas deben ser propiedad de una o más PCDs y su planta de personal estar integrada por no menos de 80 % de personas con limitación[363].

En Corea, la legislación  sobre discapacidad[364]  prevé que, tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales desarrollen actividades para la promoción de empleos para personas discapacitadas a través del desarrollo y difusión  del empleos adecuados a personas discapacitadas; la implementación de tests de aptitud vocacional; asesoría vocacional para personas con discapacidad; y entrenamiento para la adaptación al trabajo. Prevé también el empleo  de personas con discapacidad en sus proyectos públicos, de acuerdo con la capacidad y aptitudes de estas; y el aliento para que las empresas que tienen empleos adecuados empleen personas discapacitadas de acuerdo a la capacidad y aptitud de cada individuo.

 

La legislación de Costa Rica[365] garantiza a las personas con discapacidad, tanto en zonas rurales como urbanas, el derecho de un empleo adecuado a sus condiciones v necesidades personales y a verse libres de toda forma de discriminación en el empleo. Con tal efecto, considerara actos de discriminación emplear en la selección de personal mecanismos que no estén adaptados a las condiciones de los aspirantes; exigir requisitos adicionales a los establecidos para cualquier solicitante o no emplear, por razón de su discapacidad, a un trabajador idóneo. De igual forma, que, en razón de la discapacidad, a una persona se le niegue el acceso y la utilización de los recursos productivos[366].

La ley considera prioritaria la capacitación de PCDs mayores de dieciocho años que, como consecuencia de su discapacidad, no hayan tenido acceso a la educación y carezcan de formación laboral[367]. El Estado esta obligado a ofrecer a los empleadores asesoramiento técnico para que puedan adaptar el empleo al entorno y condiciones y necesidades de la persona con discapacidad que lo requiera. Estas adaptaciones pueden incluir cambios en el espacio físico y provisión de ayudas técnicas o servicios de apoyo. Los empleadores, por su parte, deben proporcionar facilidades para que todas las personas, sin discriminación alguna, se capaciten y superen en el empleo[368]..

Las personas con discapacidad que realicen labores lucrativas, independientemente de su naturaleza, estarán incorporadas en los regímenes de riesgos de trabajo, enfermedad y maternidad e invalidez, vejez o muerte. Del mismo modo, cuando una persona asegurada por el Estado presente una discapacidad como consecuencia de una enfermedad o lesión, la Caja costarricense de Seguro Social asume la obligación de proporcionarle atención médica y rehabilitación, así como las ayudas técnicas o los servicios de apoyo requeridos. En tal caso, el Estado otorgará a la PCD prestaciones económicas durante el período de hospitalización, si es necesario, hasta por un año, y esta no podrá ser inferior a la pensión mínima del régimen contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. El Estado garantizará, asimismo, la capacitación laboral de las personas que, como consecuencia de una enfermedad o lesión desarrollen una discapacidad que les impida continuar con el trabajo que realizaban. Esta capacitación debe estar orientada a que se adapten a un cargo de acuerdo con las nuevas condiciones[369].

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social debe mantener un servicio con profesionales calificados, para brindar asesoramiento en readaptación, colocación y reubicación en el empleo de las personas con discapacidad[370].

 

La ley sobre discapacidad del Ecuador[371] señala que el Estado garantiza los derechos de todas las personas con discapacidad, mediante acciones que incluyen, entre otras, la formación, capacitación e inserción en el sector laboral formal e informal; así como, otras modalidades de trabajo, pequeña industria y microempresa, talleres protegidos, trabajo en el domicilio, autoempleo, etc.; la adaptación, readaptación, restitución y reubicación laboral de los trabajadores que adquieran la discapacidad como producto de enfermedades profesionales, accidentes de trabajo u otras causas, tanto en el sector público como privado;  y la concesión de becas para educación, formación profesional y capacitación[372].

La ley ecuatoriana señala, asimismo, que el Servicio de Capacitación Profesional (SECAP) y demás entidades de capacitación deben incorporar PCDs a sus programas regulares de formación y capacitación; y establecer programas especiales en casos que así lo justifiquen. De igual forma, que los servicios públicos de colocación de trabajadores del Ministerio de Trabajo fomenten la inserción laboral de las PCDs[373].

Según la ley de El Salvador[374], las PCDs tienen derecho, entre otros aspectos, a su formación, rehabilitación laboral y profesional, así como a obtener un empleo y ejercer una ocupación remunerada y a no ser despedido en razón de su discapacidad[375].

 

El sector publico y la empresa privada deben facilitar la integración laboral de las PCDs. Con este objeto, la ley dispone que todos los empleadores, tanto del sector público como privado, tienen la obligación de contratar como mínimo por cada veinticinco trabajadores que tengan a su servicio, a una PCD y formación profesional idónea, apta para desempeñar el puesto de que se trate[376].

 

De igual forma, la ley prevé el fomento del empleo de trabajadores con discapacidad, mediante el establecimiento de programas de inserción laboral[377]. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, las instituciones de seguridad social y todas las entidades publicas o privadas que tengan programas de formación profesional, deben ofrecer los beneficios de los mismos a la población de PCDs, de acuerdo con la oferta y demanda del mercado laboral. El mismo Ministerio y otras instituciones especializadas en rehabilitación profesional para personas con discapacidad deben dar asesoramiento técnico a los empleadores para que puedan adaptar el empleo y el entorno a las condiciones y necesidades que permitan desarrollar el trabajo[378].

 

La legislación sobre discapacidad en España[379] define como una finalidad primordial de la integración de las PCDs en el sistema ordinario de trabajo; o, en su defecto, su incorporación al sistema productivo mediante la fórmula especial de lo que se denomina Trabajo Protegido.  Todas las empresas, públicas o privadas, que empleen un número de trabajadores fijos que exceda de cincuenta están obligadas a emplear un número de trabajadores con discapacidad no inferior al 2% de la plantilla[380].

 

En materia de lucha contra la discriminación y equiparación de oportunidades en materia de empleo, la ley española considera nulos y sin efecto toda norma o acto de las empresas que imponga a las PCDs discriminaciones en materia de retribuciones, jornadas y demás condiciones de trabajo. Establece, asimismo, que en las pruebas de selección para el acceso a puestos en la administración pública las PCDs serán admitidas en igualdad de condiciones que los demás aspirantes.
Las condiciones personales de aptitud para el ejercicio de las funciones correspondientes se acreditan mediante dictamen vinculante expedido por un equipo multiprofesional competente, emitido con anterioridad a las pruebas de selección correspondientes[381].

 

La ley prevé ayudas para facilitar la integración laboral de las PCDs, consistentes en subvenciones o préstamos para la adaptación de los puestos de trabajo, la eliminación de barreras arquitectónicas que dificulten su acceso y movilidad en los centros de producción, la posibilidad de establecerse como trabajadores autónomos, el pago de las cuotas de la Seguridad Social y cuantas otras se consideran adecuadas para promover su colocación en el empleo, especialmente la promoción de Cooperativas[382].

 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene la función de colocar a PCDs de modo que finalicen su recuperación profesional cuando ésta sea precisa. Lleva, asimismo, en sus Oficinas de Empleo, un registro de trabajadores con discapacidad demandantes de empleo, incluidos en el censo general de parados[383].

 

Las PCDs que, por razón de la naturaleza o de las consecuencias de sus minusvalías, no puedan, provisional o definitivamente, ejercer una actividad laboral en las condiciones habituales, deben ser empleados en Centros Especiales de Empleo, cuando su capacidad de trabajo sea igual o superior a un porcentaje de la capacidad habitual fijada por la correspondiente norma reguladora de la relación laboral de carácter especial de los trabajadores con discapacidad que presten sus servicios en Centros Especiales de Empleo. Son Centros Especiales de Empleo aquellos cuyo objeto principal es realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones del mercado y teniendo como finalidad el asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social que requieran sus trabajadores discapacitados, a la vez que sea un medio de integración del mayor número de PCDs al régimen de trabajo normal. La totalidad de la plantilla de los Centros Especiales de Empleo estará constituida por trabajadores con discapacidad, sin perjuicio de las plazas en plantilla del personal sin discapacidad imprescindible para el desarrollo de la actividad[384].

 

En atención a sus especiales características y para que puedan cumplir la función social que les ha sido asignada, la Administración les otorga compensaciones económicas que ayuden a sustentar la viabilidad de los mismos, estableciendo para ello, además, los mecanismos de control que se estimen pertinentes. Para acceder a tales compensaciones los Centros Especiales de Empleo deben reunir condiciones de utilidad pública y de imprescindibilidad y carecer de ánimo de lucro. Los trabajadores de estos centros son incluidos en el régimen correspondiente de la Seguridad Social. Pueden ser creados, tanto por organismos públicos como privados, y las empresas[385].

 

Las PCDs en edad laboral, cuya capacidad esté comprendida entre los grados mínimos y máximos fijados por ley, que no cuenten con un puesto laboral retribuido por causas a ellos no imputables, tienen derecho a percibir un Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos, a partir de la fecha de su inscripción en el Registro que prevé la ley. El pago del subsidio subsistirá mientras la PCD se encuentre en paro y esta subordinado al previo cumplimiento, por parte del beneficiario, de las medidas de recuperación profesional que, en su caso, se le hubiesen prescrito[386].

 

Los Centros Ocupacionales tienen como finalidad asegurar los servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y social a las PCDs cuya acusada minusvalía temporal o permanente les impida su integración en una Empresa o en un Centro Especial de Empleo[387].

 

La Ley de Estados Unidos[388], conocida como  Americans with Disabilities Act (La Ley para los Americanos Discapacitados), o simplemente ADA, constituye la una única ley que se refiere al tema de los discapacitados en general, no entrando en detalles. Se trata de la Ley Federal de los Americanos con Minusvalías, (1990), la cual prohíbe que los empleadores discriminen en contra de personas calificadas que sufran de discapacidades. Específicamente, se prohíbe la discriminación en contra de una "persona calificada que sufra de alguna discapacidad" ("qualified person with a disability") en el proceso de contratación, ascenso, despido, remuneración, entrenamiento y otras condiciones y prestaciones laborales.

 

Incluye los siguientes reglamentos que los empleadores deben seguir.

Están incluidos los Negocios particulares con 25 o mas empleados de antes del 26 de Julio de 1994, y 15 o mas después de esta fecha.

Están protegidos las personas calificadas como incapacitadas, pero que tienes la experiencia y los requerimientos relacionados al trabajo y que pueden desempeñar las funciones esenciales con o sin las acomodaciones especiales razonables que podrían causar inconveniencias innecesarias o que sean difíciles o costosas de proporcionar.

Antes de Contratar:

1.   El empleador puede preguntarle al aplicante acerca de su habilidad de realizar ciertas funciones respecto al trabajo.

2.   No pueden hacerse preguntas relacionadas a la incapacidad o su severidad.

3.   El empleador puede preguntarle a TODOS los aplicantes que demuestren como se desempeñarán en el trabajo con o sin acomodaciones razonables. Pero al aplicante con alguna incapacidad conocida, se le puede pedir que demuestre como hará el trabajo aunque a los otros no se les exija esto.

Ofertas Condicionales de Trabajo:

Acomodaciones razonables son los cambios que se hacen en el lugar de trabajo para permitir que la persona se desarrolle bien en su labor. El empleador no está obligado a proporcionar acomodaciones razonables si estas resultan ser costosas. Una situación así sería el gasto por varios factores:

1.      La naturaleza de la acomodación y su costo neto.

2.      Los recursos disponibles del empleador para financiarlos, incluyendo el tamaño del negocio, el número de empleados y la estructuración corporativa.

3.      El tipo de la operación del negocio, incluyendo su estructuración, las funciones del personal y administración y relación de la corporación y anexos o subsidiarias fiscales.

Ejemplos de Acomodaciones Razonables:

1.      Accesos útiles a las facilidades para los incapacitados.

2.    Reestructuración del trabajo o relocalización, redistribuyendo funciones no esenciales.

3.      Itinerarios de tiempo parcial o modificados.

4.    Obteniendo o modificando equipos.

5.   Modificando los materiales de pruebas o sus prácticas.

6.    Proporcionando lectores o intérpretes calificados.

7.    Reasignando posiciones vacantes.

8.    Permitiendo usar tiempo ausente pagado acumulado o de tratamiento sin pago.

9.    Estacionamiento reservado.

10.    Permitir al empleado traer equipos que el empleador no está obligado a proporcionar.

Solicitar por escrito las acomodaciones razonables, cada vez que sea posible. La documentación de la incapacidad de la persona puede solicitarse, pero debe mantenerse confidencial.[389]

La Ley de Guatemala [390] señala que el Estado garantiza la facilitación de la creación de fuentes de trabajo para que las personas con discapacidad, tengan el derecho de un empleo adecuado a sus condiciones y necesidades personales, dependiendo de las limitaciones físicas o mentales que presenten.[391]

 

Se consideran actos de discriminación, el emplear en la selección de personal mecanismos que no estén adaptados a las condiciones de los aspirantes, el exigir requisitos adicionales a los establecidos para cualquier solicitante y el no emplear, por razón de su discapacidad, a un trabajador idóneo. También se considera acto discriminatorio que, en razón de la discapacidad, a una persona se le niegue el acceso y la utilización de los recursos productivos.[392]

 

El Estado ofrecerá a los empleadores que lo requieran, asesoramiento técnico, para que estos puedan adaptar el empleo y crear ambientes físicos adecuados a las condiciones y necesidades de las persona con discapacidad.

 

El patrono deberá proporcionar facilidades para que todas las personas con discapacidad, sin discriminación alguna, se capaciten y se superen en el empleo. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social proporcionará el servicio, con profesionales calificados, de asesoramiento en readaptación, colocación y reubicación en el empleo de las personas con discapacidad.[393]

 

Las personas con discapacidad que realicen una labor lucrativa, independientemente de su naturaleza, tendrán los mismos deberes, derechos y prestaciones establecidos en las leyes laborales del país, incluyendo las relativas a seguridad social.

 

La persona con discapacidad tiene derecho a gozar de un salario equitativo al trabajo realizado y no menor al salario mínimo, legalmente establecido.[394]

 

Se considera prioritaria la capacitación a las personas con discapacidad mayores de dieciocho años que, como consecuencia de su discapacidad, no hayan tenido acceso a la educación y carezcan de formación laboral.

 

El Estado garantizará la capacitación laboral de las personas que, como consecuencia de una enfermedad o lesión, desarrollen una discapacidad que les impida continuar en el trabajo que realizaban. Esta capacitación procurará que se adapten a nuevas condiciones de trabajo de acuerdo con las condiciones físicas de la persona. [395]

 

La Ley de Inglaterra [396] aborda principalmente el tema de la discriminación en el empleo. Indica que es ilegal para un empleador diferenciar contra una persona inválida. Asimismo es ilegal hacer diferencias con los empleados con discapacidad, negarse a darle oportunidades de promoción [397]

 

La ley vigente en México[398] define como facultades y obligaciones del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en esta materia planear, ejecutar y difundir el Programa de Desarrollo e Integración para las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, que contemple acciones en materia de empleo, capacitación para el trabajo, apoyo a proyectos productivos, talleres o Centros de Trabajo Protegido a través de agencias laborales[399]. Asimismo, formular el Programa de Empleo y Capacitación, que contendrá las siguientes acciones: Incorporar a PCDs al sistema ordinario de trabajo, o en su caso, su incorporación a sistemas de trabajo protegido, en condiciones salubres, dignas y de mínimo riesgo a su seguridad; brindar asistencia técnica a los sectores empresarial y comercial con este fin; incorporar las PCDs en las instancias de la Administración Pública del Distrito Federal; crear e implementar mecanismos de financiamiento, subsidio o coinversión para la ejecución de proyectos productivos y sociales, propuestos por las organizaciones de y para personas con discapacidad; y vigilar y sancionar conforme la legislación aplicable, que las condiciones en que las PCDs desempeñen su trabajo no sean discriminatorias[400].

 

Las autoridades del Distrito Federal, otorgarán incentivos fiscales a aquellas personas físicas o morales que contraten PCDs, así como beneficios adicionales para quienes en virtud de tales contrataciones realicen adaptaciones, eliminación de barreras físicas o rediseño de sus áreas de trabajo[401]. El Programa de Empleo y Capacitación, debe incluir programas para la capacitación laboral de personas con discapacidad, la creación de agencias laborales y de Centros de Trabajo Protegido[402]. La administración del Distrito Federal orienta y asiste jurídicamente a las PCDs y difunde los derechos que les corresponden, así como las disposiciones legales que los contemplan, a fin de garantizar su efectiva aplicación[403].

 

La Ley de India [404] dispone que los Gobiernos y las autoridades locales deben, dentro de los límites de su capacidad económica y desarrollo, proporcionar incentivos a los empleadores del sector público y privado para asegurar que, por lo menos, un cinco por ciento de su planilla este compuesta de PCDs. [405] Indica, además, que las autoridades de gobierno deben diseñar seguros para el beneficio de sus empleados con discapacidad. Deben, asimismo, dentro de los límites de su capacidad económica y desarrollo, diseñar esquemas para el pago de una concesión de desempleo a las personas con discapacidad registradas, que no hayan obtenido un empleo en el lapso de dos años.[406]

La Ley de Nicaragua [407] indica que, en materia de Empleo:

 

a.   Los empleadores deben acondicionar los locales, el equipo y el medio de trabajo para permitir el empleo a personas con discapacidad.

 

b.   Los trabajadores afectados con alguna discapacidad gozarán de los mismos derechos y tendrá las mismas obligaciones establecidas para el resto de trabajadores. Es este último caso, siempre y cuando el cargo está en correspondencia con sus habilidades, capacitación y condiciones físicas. Toda Empresa estatal, privada o mixta deberá contratar o tener contratado por lo menos a una persona discapacitada con una proporción de cincuenta personas a una según planilla.

 

c.   Establecer empleo protegido para aquellos que, debido a necesidades especiales o discapacidad particularmente grave, no puedan hacer frente a las exigencias del empleo competitivo. Tales medidas pueden tomar la forma de talleres de producción, trabajo en el domicilio y planes de auto empleo.

 

d.   Garantizar, a través de instituciones públicas y privadas, que las personas discapacitadas reciban la educación y la formación laboral o técnica mínima necesaria para su inserción en este empleo.[408]

La legislación de Panamá[409], establece que el Estado garantiza el trabajo protegido para los discapacitados a fin de lograr su integración a la vida laboral del país; y que debe promover, fomentar y proporcionar orientación vocacional y capacitación al menor y al discapacitado, para el trabajo. Proporcionar, asimismo, asistencia técnica y capacitación a los grupos de menores recursos para que tengan más posibilidades de ocupación remunerada, según las necesidades laborales del país. Señala, de igual forma, que en los establecimientos donde se imparta formación profesional a menores o díscapacitados, éstos tienen derecho a un incentivo económico cuando intervengan en la elaboración de productos susceptibles de venta en el mercado[410].

La ley del Perú[411] señala que las PCD gozan de todos los beneficios y derechos que dispone la legislación laboral común para los trabajadores. Establece, asimismo, que nadie puede ser discriminado por ser PCD, y califica como nulo todo acto basado en motivos discriminatorios que afecte el acceso, la permanencia y/o, en general, las condiciones en el empleo de las personas con discapacidad[412]. El Consejo para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS) coordina y supervisa la ejecución de planes permanentes de capacitación, actualización y reconversión profesional y técnica para las PCDs, dirigidos a facilitar la obtención, conservación y progreso laboral, dependiente o independiente. Coordina y apoya al Ministerio de Trabajo y Promoción Social, para la adopción de medidas de fomento del empleo y programas especiales para PCDs. Promueve y supervisa la aplicación de la normatividad en materia de programas de prevención de accidentes laborales y de contaminación ambiental que ocasionen enfermedades profesionales y generen discapacidad[413].

Las medidas de promoción para la integración de PCDs en el mercado de trabajo son variadas. En efecto, las entidades públicas o privadas que empleen PCDs tienen derecho a una deducción sobre la renta bruta referida a las remuneraciones pagadas a éstas personas, en un porcentaje que es fijado por el Ministerio de Economía y Finanzas[414]. Las PCDs, por su parte, tienen derecho a una bonificación de 15 puntos en los concursos de méritos convocados para cubrir vacantes en el sector público[415]. La ley prevé el otorgamiento de créditos preferenciales y/o financiamiento a las micro y pequeñas empresas integradas por PCDs, y un trato preferencial por parte de las empresas e instituciones del sector público a los productos manufacturados y servicios provenientes de micro y pequeñas empresas integradas por PCDs, tomando en cuenta similar posibilidad de suministro, calidad y precio para su compra o contratación[416].

La legislación peruana define a las Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad (EPPCD) como aquellas que, constituidas bajo cualquier modalidad de organización o gestión empresarial, desarrollan cualquier tipo de actividad de producción o de comercialización de bienes o prestación de servicios y ocupan un mínimo del 30% de sus trabajadores con PCDs. Las mismas se acreditan en el Ministerio de Trabajo, quien fiscaliza el cumplimiento efectivo de la proporción establecida de sus trabajadores discapacitados. Los gobiernos regionales y locales deben promover la comercialización de los productos manufacturados por PCDs, a través del fomento de la participación directa de estas en ferias populares, mercados y centros comerciales dentro de su jurisdicción[417].

La ley peruana obliga al CONADIS a coordinar con entidades públicas y privadas relacionadas con la promoción del desarrollo, la formación de un Banco de Proyectos para facilitar y promover las EPPCD; instaurando progresivamente, a través de sus actividades de coordinación nacional e internacional, un Fondo Rotatorio para la promoción financiera de estas empresas[418].

La Ley de Venezuela [419] indica que  Las personas incapacitadas tienen derecho al trabajo sin más limitaciones derivadas de La aptitud y capacitación laboral.

 

El Estado propiciará la integración de los trabajadores incapacitados en el sistema ordinario de trabajo, o en su efecto, su incorporación al sistema productivo mediante fórmulas especiales de trabajo en la forma que determine el Reglamento de esta Ley.

Tales fórmulas deberán garantizar el derecho a la seguridad social de estos trabajadores.[420]

Las empresas públicas o privadas que empleen un número de trabajadores fijos que exceda de cincuenta (50), estarán obligados a emplear un número de trabajadores incapacitados no inferior al dos por ciento (2%) de la nómina, siempre y cuando los trabajadores incapacitados solicitantes reúnan las condiciones de aptitud y capacitación laboral necesarias para el ejercicio de los cargos ofertados.[421]

La Ley venezolana indica, además, que las personas incapacitadas tienen derecho al trabajo sin más limitaciones derivadas de La aptitud y capacitación laboral.

El Estado propiciará la integración de los trabajadores incapacitados en el sistema ordinario de trabajo, o en su efecto, su incorporación al sistema productivo mediante fórmulas especiales de trabajo en la forma que determine el Reglamento de esta Ley.

Tales fórmulas deberán garantizar el derecho a la seguridad social de estos trabajadores.

Las empresas públicas o privadas que empleen un número de trabajadores fijos que exceda de cincuenta (50), estarán obligados a emplear un número de trabajadores incapacitados no inferior al dos por ciento (2%) de la nómina, siempre y cuando los trabajadores incapacitados solicitantes reúnan las condiciones de aptitud y capacitación laboral necesarias para el ejercicio de los cargos ofertados.[422]


 

  1. SEGURIDAD SOCIAL.

La Ley de Argentina [423] indica que en materia de seguridad social se aplicarán a las personas discapacitadas las normas generales o especiales previstas en los regímenes legales vigentes. [424]  Dispone incluir dentro del concepto de prestaciones médico-asistenciales básicas, asimismo, las que requiera la rehabilitación de las personas discapacitadas con el alcance que la reglamentación establezca. [425]

La ley argentina señala que el monto de las asignaciones por escolaridad primaria, media y superior, y de ayuda escolar, se duplicarán cuando el hijo a cargo del trabajador, de cualquier edad, fuere discapacitado y concurriese a establecimiento oficial, o privado controlado por autoridad competente, donde se imparta educación común o especial.[426]

La Ley de Colombia[427] señala que las PCDs deberán aparecer calificadas como tales en el carné de afilado al Sistema de Seguridad en Salud, ya sea el régimen contributivo o subsidiado. Para tal efecto, las empresas promotoras de salud deberán consignar la existencia de la respectiva limitación en el carné de afilado, para lo cual solicitarán en el formulario de aflicción la información respectiva la verificarán a través de diagnóstico médico en caso de que dicha limitación no sea evidente.

Dicho carné especificará el carácter de persona con limitación y el grado de limitación moderada, severa o profunda de la persona. Servirá para identificarse como titular de los derechos establecidos en la presente Ley[428]

En lo referente a las PCDs que no aportan al Sistema de la Seguridad Social, la ley colombiana indica que las PCDs de escasos recursos serán incluidas en el Régimen Subsidiado de Seguridad Social establecido en la Ley 100 de 1993.

Con tal objeto, el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud esta obligado a incluir en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, los servicios de tratamiento y rehabilitación de la población con limitación. El Ministerio de Salud y el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, por su parte, determinarán los beneficios a los que tendrán acceso las PCDs de escasos recursos no afiliados al Régimen de Seguridad Social en Salud.

La ley referida indica que las PCDs que, contando con certificación médica autorizada, no pueda gozar de un empleo competitivo y por lo tanto no puedan producir ingresos al menos equivalentes al salario mínimo legal vigente, tendrán derecho a ser beneficiario del Régimen Subsidiado de Seguridad Social.[429]

La Ley de Costa Rica [430] dispone que las PCDs que realicen una labor lucrativa, independientemente de su naturaleza, estarán incorporadas en los regímenes de riesgos de trabajo, enfermedad y maternidad e invalidez, vejez o muerte.[431] Señala entre las obligaciones de Estado, asimismo, que cuando una persona asegurada por el Estado presente una discapacidad como consecuencia de una enfermedad o lesión, la Caja Costarricense del Seguro Social le proporcionará atención médica y rehabilitación, así como las ayudas técnicas o los servicios de apoyo requeridos. Asimismo, el Estado le otorgará una prestación económica durante el período de hospitalización, si es necesario, hasta por un año, y esta no podrá ser inferior a la pensión mínima del régimen contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social.

El Estado costarricense garantizará la capacitación laboral de las personas que, como consecuencia de una enfermedad o lesión, desarrollen una discapacidad que les impida continuar con el trabajo que realizaban. Esta capacitación procurará que se adapten a un cargo de acuerdo con las nuevas condiciones.

El Estado costarricense, asimismo, deberá tomar las medidas pertinentes con el fin de que las PCDs puedan continuar en sus funciones o en otra acorde con sus capacidades. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en particular, mantendrá un servicio con profesionales calificados que brinden asesoramiento en readaptación, colocación y reubicación en el empleo de las PCDS. Para facilitar sus acciones, este servicio deberá mantener contacto con las organizaciones de personas con discapacidad.[432]

La Caja Costarricense de Seguro Social establecerá los procedimientos de coordinación y supervisión para los centros de salud públicos que brinden servicios especializados de rehabilitación, con el fin de facilitar el establecimiento de políticas congruentes con las necesidades reales de la población.[433] Deberá, además, ofrecer servicios de rehabilitación en todas las regiones del país, incluyendo servicios a domicilio y ambulatorios. Estos deberán ser de igual calidad, con recursos humanos y técnicos idóneos y servicios de apoyo necesarios para garantizar la atención óptima.[434]

Señala. Por último, que no podrá negarse la adquisición de un seguro de vida o una póliza de atención médica, basándose exclusivamente en la presencia de una discapacidad.[435]

 

La Ley de Corea [436] establece que los gobiernos nacionales y locales proveerán la protección adecuada a lo largo de toda la vida a personas con discapacidad que son consideradas dependientes debido a severa discapacidad.[437] Indica también que los gobiernos nacionales y locales pueden proveer asignaciones de vida para personas con severa discapacidad y que son consideradas dependientes. Las provisiones de alcance, criterio y métodos de pago de las asignaciones de vida serán especificadas por Decreto Supremo.[438]

La Ley de Venezuela [439] establece que las compañías aseguradoras, y los instituto de previsión social, facilitarán pólizas de seguros de vida o accidentes personales a las personas incapacitadas, previo estudio y consideración de su situación especial.[440]

La Ley de Perú [441] establece que el Estado tiene la obligación de promover el ingreso a la Seguridad Social, de las personas con discapacidad, mediante regímenes de aportación y afiliación regular o potestativa. El CONADIS coordinará un régimen especial de prestaciones de salud asumidas por el Estado para personas con discapacidad severa y en situación de extrema pobreza, el cual será fijado en el Reglamento.[442]

 

La Ley de España [443], por su parte,  indica que, en tanto no se desarrollen las previsiones contenidas en el artículo cuarenta y uno de la Constitución, el Gobierno, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente ley, establecerá y regulará por Decreto un sistema especial de prestaciones sociales y económicas para los minusválidos que, por no desarrollar una actividad laboral, no estén incluidos en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social. En dicho Decreto se especificarán las condiciones económicas que deberán reunir los beneficiarios de las distintas prestaciones.

 

La acción protectora de dicho sistema comprenderá al menos:

 

a.             Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica.

b.             Subsidios de garantía de ingresos mínimos.

c.             Subsidios por ayuda de tercera persona.

d.             Subsidios de movilidad y compensación para gastos de transporte.

e.             Recuperación profesional.

f.             Rehabilitación médico-funcional.

 

La asistencia sanitaria y farmacéutica prevista en el apartado dos a) del artículo anterior será prestada por los servicios sanitarios del sistema de Seguridad Social, con la extensión, duración y condiciones que reglamentariamente se determinen.

 

Los beneficiarios del sistema especial de prestaciones asistenciales y económicas descrito en el artículo anterior estarán exentos de abono de aportación por el consumo de especialidades farmacéuticas.[444]

 

La legislación española señala que toda PCD mayor de edad, cuyo grado de minusvalía exceda del que reglamentariamente se determine, y que por razón del mismo se vea imposibilitada de obtener un empleo adecuado, tendrá derecho a percibir un subsidio de garantía de ingresos mínimos, cuya cuantía se fijará en las disposiciones de desarrollo de la presente Ley, siempre que, careciendo de medios económicos, no perciba prestación pecuniaria del Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales o de la Seguridad Social. Cuando perciba una prestación económica, el subsidio se reducirá en cuantía igual al importe de aquélla. Este subsidio será compatible con los recursos personales del beneficiario si el cómputo mensual no exceden de una cuantía que se fijará anualmente por Decreto, y que en todo caso tendrá en cuenta las personas que el minusválido tenga a su cargo.

 

La cuantía de este subsidio será determinada por Decreto, con carácter uniforme, y no será inferior al cincuenta por ciento del salario mínimo interprofesional.

 

Las PCDs acogidas en centros públicos o privados financiados en todo o en parte con fondos públicos, y en tanto permanezcan en ellos, tendrán derecho a la parte del subsidio de garantía de ingresos mínimos que reglamentariamente se determine.

 

La Ley de El Salvador [445] indica que las instituciones de seguridad social deberán buscar por todos los medios posibles, la forma para que la atención de sus derechohabientes incluya a las personas con discapacidad en grado severo, que no sean rehabilitables y que por lo tanto tengan que depender económicamente de por vida de otra persona, para que sean beneficiarios de pensión de orfandad ya sea del padre, de la madre o de ambos, en cuyo caso tendrán derecho ambas, siempre que cada uno de ellos hubiere adquirido individualmente el derecho a pensión.

 

Cuando un asegurado tenga beneficiarios con discapacidades, ya sean congénitas o adquiridas y no rehabilitables, éstos tendrán derecho a recibir del Instituto Salvadoreño del Seguro Social o de la Institución que haga sus veces, los servicios de salud mientras dure la relación laboral de aquel.[446]

 

La Ley de Estados Unidos [447] contempla un seguro especial para PCDs. Los padres o tutores de niños que nazcan con discapacidad, cuyos ingresos anuales por trabajo sean inferiores a 21,500 dólares, tienen derecho a un Seguro Social complementario. Si sus ingresos son mayores a la cantidad señalada, un Juez determinará si requieren este beneficio.

 

Todos los  niños con discapacidad en Estados Unidos tienen derecho a atención de la salud y la educación de forma gratuita y a un Seguro Social.

 

La Ley de la India [448]  indica los Gobiernos y las autoridades locales deben dentro de los límites de su capacidad económica y desarrollo emprender programas de rehabilitación de todas las PCDs. Dentro de los límites de su capacidad económica deben diseñar un esquema para el pago de una concesión de desempleo a las PCDs registradas con el Intercambio del Empleo Especial, quienes en el lapso de dos años no pudo obtener cualquier ocupación remunerada. Asimismo, señala que concederán la ayuda financiera a las organizaciones no-gubernamentales que se orienten a la atención de las PCDs en situación de extrema pobreza. [449]


 

  1. PRESTACIONES EN MATERIA DE ASISTENCIA Y SERVICIOS SOCIALES ESPECÍFICOS.

 

La Ley de Argentina[450] dispone la creación de hogares con internación total o parcial para personas discapacitadas cuya atención sea dificultosa a través un grupo familiar[451]

 

La Ley de Bolivia[452] señala que la Secretaría Nacional de Hacienda a través de las reparticiones de su dependencia, otorgará las franquicias, liberaciones y/o exenciones en el pago de gravámenes e impuestos a toda importación de equipos, materiales, e instrumental destinados a los Centros de Habilitación y Rehabilitación en todo le país; y equipos y enseres de uso estrictamente personal de PCDs[453].

 

La Ley de Brasil[454] dispone la inclusión del tema discapacidad, en el Censo Nacional[455]

 

La Ley de Chile[456] hace mención a normas sobre importación de vehículos establecidas por el artículo 6 de la ley N 17.238, aplicables a las PCDs mayores de 18 años, estableciendo aumentos a los valores máximos de importación; y señalando que los beneficios establecidos serán aplicables también a la importación de vehículos destinados exclusivamente al transporte colectivo de personas con discapacidad que no estén en condiciones de acceder en forma segura a los medios de transporte público corrientes

 

El valor FOB de dichos vehículos no podrá exceder de US$ 15,000, sin considerar los elementos opcionales constitutivos del equipo especial para discapacitados que señale el COMPIN, para cada caso. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones se pronunciará sobre las autorizaciones de importación correspondientes. Los vehículos, que se importen mediante la franquicia establecida en el inciso precedente permanecerán por un lapso no inferior a 5 años al uso del transporte, colectivo de personas con discapacidad, sea en recorridos normales de la locomoción colectiva o mediante recorridos especiales, o contractuales para instituciones que demanden el transporte de trabajadores, escolares, o cualquier otro grupo de personas con discapacidad e dichas corporaciones atiendan. Asimismo, indica que un reglamento determinará las normas para el otorgamiento de autorizaciones, control y fiscalización por parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

 

Podrán asimismo impetrar los beneficios establecidos en este artículo, las personas jurídicas sin fin de lucro, para importar vehículos destinados al transporte de las personas con discapacidad que ellas atiendan dentro del cumplimiento de sus fines. El valor FOB de dichos vehículos no podrá exceder de US$ 15.000, sin considerar los elementos opcionales necesarios para las personas con discapacidad que en cada caso señale el COMPIN y permanecerán afectados a ese uso por un lapso no Inférior a 5 años.[457]

 

Igualmente establece un sistema de reintegro de la totalidad de los gravámenes aduaneros que se paguen por la importación de las siguientes ayudas técnicas: Prótesis auditivas, visuales y físicas; ortesis; equipos, medicamentos y elementos necesarios para la terapia y rehabilitación de personas con discapacidad; equipos, maquinarias y útiles de trabajo especialmente diseñados o adaptados para ser usados por personas con discapacidad; elementos de movilidad, cuidado e higiene personal necesarios para facilitar la autonomía y la seguridad de las personas con discapacidad; elementos especiales para facilitar la comunicación, la información y la señalización para personas con discapacidad; y Equipos y material pedagógico especiales para educación, capacitación y recreación de las personas con discapacidad.

 

Podrán, impetrar este beneficio las PCDs, para la importación de elementos destinados a su propio, uso y las personas jurídicas sin fines de lucro, inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad.

 

Los importadores mencionados deberán presentar su solicitud de reintegro al Servicio de Tesorerías, acompañando los siguientes documentos:

1 Personas con discapacidad:

 

a)      Certificado de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez a la que se refiere el artículo 7 de esta ley. En él deberá constar el tipo y grado de discapacidad y la necesidad del destinatario de la importación, de hacer uso de dicha ayuda técnica, y

 

b)      Declaración jurada ante Notario en la que el destinatario declara haber recibido la ayuda técnica importada.      

 

2. Personas jurídicas sin fines de lucro:

 

a)   Copia autorizada de la declaración de la importación, liquidación y giro comprobante de pago correspondientes, y

b)   Informe favorable de la Comisión a que se refiere el artículo 23 del decreto supremo Nro. 1.950, de 1970, del Ministerio de Hacienda.

 

Si las ayudas técnicas importadas por las personas juridicas están destinadas a las personas naturales que atiendan, deberán, además, acompañar los documentos a que aluden las letras a) y b) del número 1 anterior.

 

El reintegro se efectuará mediante cheque girado por et Servicio de Tesorerías a la orden del importador, el que se entregará a éste dentro de los 30 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. a que se refiere el artículo anterior.

 

Las ayudas técnicas importadas bajo esta franquicia no podrán ser objeto de enajenación ni de cualquier acto Jurídico entre vivos que signifique el traslado de su dominio, posesión, tenencia o uso a terceras personas distintas del destinatario, salvo que hayan transcurrido 5 ó más años desde su importación o que conste en certificado emitido por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez que ellas ya no prestan utilidad a dicho destinatario, o, que se pague el total de los gravámenes reintegrados, debidamente reajustados. La enajenación prevista relativas a las ayudas técnicas que no presten utilidad al destinatario, sólo podrá efectuarse respecto de otra persona discapacitada y cumpliendo con los requisitos señalados en la Ley.

 

Todo aquél que solicite o perciba indebidamente el reintegro de que trata esta ley proporcionando antecedentes falsos, incurrirá en el delito de fraude a que se refiere el artículo 187 del decreto con fuerza de ley N 30, de 1983, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido del decreto con Fuerza de ley N 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas.[458]

 

La Ley de Colombia[459] también indica que, según lo establecido en su Constitución Política, el Estado garantizará que las personas con limitación reciban la atención social que requieran, según su grado de limitación. Dentro de dichos servicios se dará especial prioridad a las labores de información y orientación familiar; así como la instalación de residencias, hogares comunitarios y la realización de actividades culturales, deportivas y recreativas.

 

Sin perjuicio de las labores que sobre este aspecto corresponda a otras entidades y organismos, las actividades relativas a la orientación e información de la población limitada, estará a carpo de la Consejería Presidencial la cual para estos efectos organizará una oficina especial de orientación e información, abierta constantemente al público.

 

Los servicios de orientación familiar, tendrán como objetivo informar y capacitar a las familias, así como entrenarlas para atender la estimulación de aquellos de sus miembros que adolezcan de algún tipo de limitación, con miras a lograr la normalización de su entorno familiar como uno de los elementos preponderantes de su formación integral.

 

El Gobierno a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y en cooperación con las organizaciones de personas con limitación, apropiará ls recursos necesarios para crear una red nacional de residencias, hogares comunitarios y escuelas de trabajo cuyo objetivo será atender las necesidades de aquellas personas con limitaciones severas, carentes de familia, o que aún teniéndola adolezcan de severos problemas de integración.[460]

 

Indica, asimismo que, todo envío postal nacional de material especial para la atención, educación, capacitación y rehabilitación de personas con limitación, gozará de franquicia postal. Para estos efectos se requerirá prueba acerca de la naturaleza del material.

La Administración Postal Nacional -ADPOSTAL- abrirá un registro de organizaciones públicas o privadas que represente o agrupe personas con limitación. En todo caso se establecerá un cupo máximo mensual de envíos con franquicia de este tipo.[461]

 

La Ley de Corea[462] dispone que los gobiernos nacionales y locales proveerán la protección adecuada a lo largo de toda la vida a personas con discapacidad que son consideradas dependientes debido a severa discapacidad[463].

 

Igualmente, los gobiernos nacionales y locales darán especial consideración a padres y tutores de personas con discapacidad para que no deban preocuparse de las condiciones de vida de personas con discapacidad después de la muerte de los padres o tutores.[464]

 

Los gobiernos nacionales y locales desarrollarán políticas necesarias para la exoneración tributaria, reducción en la tarifa de ingreso a instalaciones públicas y otras para que las personas con discapacidad y sus apoderados legales puedan reducir sus cargas tributarias y ser independientes

 

Los agentes de transporte manejados por los gobiernos nacionales y locales y corporaciones locales

públicas y agencias desarrollarán las políticas necesarias para la reducción de pasajes a personas con

discapacidad  y sus apoderados y otros con el fin de reducir sus cargas económicas y promover el

valerse por sí mismos a personas con discapacidad[465]

 

La Ley coreana señala que los gobiernos pueden proveer asignaciones de vida para personas con severa discapacidad y que son consideradas dependientes. Estas provisiones serán especificadas por Decreto Supremo[466]

 

La Ley de Costa Rica[467] garantiza que las personas con discapacidad agredidas física, emocional o sexualmente, tratadas con negligencia, que no cuenten con una familia o se encuentren en estado de abandono, tengan acceso a los medios que les permitan ejercer su autonomía y desarrollar una vida digna.[468]

 

La Ley de Ecuador[469] dispone que las personas con discapacidades que cuenten con carné o registro del .Consejo Nacional de Discapacidades pagarán una tarifa preferencial del 50% en el transporte terrestre (urbano, parroquial o interprovincial; público o privado), así como servicios aéreos en rutas nacionales, fluvial, marítimo y ferroviario, los cuales serán prestados en las mismas condiciones que los demás pasajeros que pagan la tarifa completa.

En el caso del transporte aéreo en rutas internacionales, la tarifa será conforme a lo establecido en los convenios internacionales respectivos, ratificados por el Ecuador.

Las personas con discapacidades tendrán una exoneración del 50% en las tarifas de los espectáculos públicos.[470]

En lo referente a tratamiento especial para el sector, se exonera del pago total de derechos arancelarios, impuestos adicionales e impuestos al valor agregado - IVA - . como también el impuesto a consumos especiales con excepción de tasas portuarias y almacenaje a las importaciones de aparatos médicos, instrumentos musicales, implementos artísticos, herramientas especiales y otros implementos similares que realicen las personas con discapacidad para su uso, o las personas jurídicas encargadas de su protección.

La importación de vehículos ortopédicos sólo podrá ser autorizada por el Consejo Nacional de Discapacidades y gozará de las exoneraciones a las que se refiere el artículo anterior, únicamente cuando se destinen y vayan a ser conducidos por personas con discapacidad que no puedan emplear otra clase de vehículos. El Reglamento General de esta ley establecerá los requisitos para que proceda esta exoneración.

Los vehículos ortopédicos para uso personal de las personas con discapacidad deberán llevar en un lugar visible el símbolo internacional de acceso con la leyenda; "Vehículo Ortopédico". El distintivo o símbolo acreditará el derecho a franquicias de libre tránsito y estacionamiento en todo el territorio nacional, de acuerdo a lo que establezcan las ordenanzas y disposiciones de la Dirección Nacional de Tránsito.[471]

Se establece el 3 de diciembre de cada año como día clásico de las personas con discapacidad, en el cual se desarrollarán acciones de sensibilización a la sociedad.[472]

La ley de España[473] para la protección de las PCDs, estableció al aprobarse que, en tanto no se desarrollaran las previsiones contenidas en el artículo cuarenta y uno de la Constitución[474], y en el plazo de un año a partir de su entrada en vigor, el establecimiento y regulación por Decreto de un sistema especial de prestaciones sociales y económicas para PCDs que, por no desarrollar una actividad laboral, no estuvieren incluidas en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social. En el mismo se especificarán las condiciones económicas que deberían reunir los beneficiarios de las distintas prestaciones. La cobertura de protección del sistema abarcaría, al menos:

  1. Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica.
  2. Subsidio de garantía de ingresos mínimos.
  3. Subsidio por ayuda de tercera persona.
  4. Subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte.
  5. Recuperación profesional.
  6. Rehabilitación médico-funcional.[475]

La ley establece, asimismo, que las PCDs acogidas en centros públicos o privados financiados en todo o en parte con fondos públicos, y en tanto permanezcan en ellos, tendrán derecho a la parte del subsidio de garantía de ingresos mínimos que reglamentariamente se determine.[476]

 

Se reputa beneficiarios del subsidio por ayuda de tercera persona  a las PCDs mayores de edad, carentes de medios económicos, cuyo grado de minusvalía exceda del que reglamentariamente se determine y que, por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la asistencia de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.

 

Las PCDs con problemas graves de movilidad que reúnan los requisitos previstos en el reglamento tienen derecho a la percepción del subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte.[477]

La Ley española tiene un capítulo especial para determinar servicios sociales especiales para las PCDs, cuyo objetivo es garantizar a éstas el logro de adecuados niveles de desarrollo personal y de integración en la comunidad, así como la superación de las discriminaciones adicionales padecidas por las PCDs que residan en las zonas rurales. [478]

La actuación en materia de servicios sociales para PCDs se acomodará a los siguientes criterios:

  1. Todos las PCDs, sin discriminación alguna, tienen derecho a las prestaciones de los servicios sociales.

 

  1. Los servicios sociales podrán ser prestados tanto por las Administraciones Públicas como por Instituciones o personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro.

 

  1. Los servicios sociales para PCDs, responsabilidad de las Administraciones Públicas, se prestarán por las Instituciones y Centros de carácter general a través de los cauces y mediante los recursos humanos, financieros y técnicos de carácter ordinario, salvedad hecha de cuando, excepcionalmente, las características de las minusvalías exijan una atención singularizada.

 

  1. La prestación de los servicios respetará al máximo la permanencia de los minusválidos en su medio familiar y en su entorno geográfico, mediante la adecuada localización de los mismos, a la vez que deberá contemplar, especialmente, la problemática peculiar de las PCDs que habitan en zonas rurales.

 

  1. Se procurará hasta el límite que impongan los distintos tipos de minusvalías la participación de las propias PCDs, singularmente en el caso de los adultos, en las tareas comunes de convivencia, de dirección y de control de los servicios sociales. [479]

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en otros artículos de la ley, las PCDs tienen derecho a servicios sociales de orientación familiar, de información y orientación, de atención domiciliaria, de residencias y hogares comunitarios, de actividades culturales, deportivas, ocupación del ocio y de tiempo libre. Además, y como complemento de las medidas específicamente previstas en la Ley, pueden dispensarse, con cargo a las consignaciones que figuren en los Presupuestos Generales del Estado, servicios y prestaciones económicas a las PCDs que se encuentren en situación de necesidad y que carezcan de los recursos indispensables para hacer frente a la misma. [480]

 

La ley prevé el otorgamiento de orientación familiar con objetivo de dar información a las familias,  capacitación y entrenamiento para atender a la estimulación y maduración de los hijos con discapacidad y la adecuación del entorno familiar a las necesidades rehabilitadoras de aquellos. Tales servicios de orientación e información deben facilitar a la PCD el conocimiento de las prestaciones y servicios a su alcance, así como las condiciones de acceso a los mismos.

 

De acuerdo a la ley española, los servicios de atención domiciliaria tienen como cometido la prestación de atenciones de carácter personal y doméstico, así como la prestación rehabilitadora, sólo para aquellas PCDs cuya situación lo justifique.

 

Los servicios de residencias y hogares comunitarios tienen como objetivo atender a las necesidades básicas de aquellas PCDs carentes de hogar y familia o con graves problemas de integración familiar. Las residencias y hogares comunitarios referidos pueden ser promovidos por las Administraciones Públicas, por las propias PCDs y por sus familias. En la promoción de residencia y hogares comunitarios, realizados por las propias PCDs y por sus familias, éstos gozarán de la protección prioritaria por parte de las Administraciones Públicas.

 

Sin perjuicio de la aplicación de las medidas previstas con carácter general en la Ley, y cuando la profundidad de la minusvalía lo hiciera necesario, las PCDs tienen derecho a residir y ser asistidas en establecimientos especiales.[481]

 

La ley española señala que el Estado fomenta la colaboración del voluntariado en la atención de las PCDs, promoviendo la constitución y funcionamiento de instituciones sin fin de lucro que agrupen a personas interesadas en esta actividad, a fin de que puedan colaborar con los profesionales en la realización de actuaciones de carácter vocacional en favor de aquellos. Las funciones desempeñadas por dicho personal vendrán determinadas, en forma permanente, por la prestación de atenciones domiciliarias y aquellas otras que no impliquen una permanencia en el servicio ni requieran especial cualificación.

 

Los poderes públicos procurarán orientar hacia la atención de las PCDs, la realización de prestaciones civiles substitutorias respecto del cumplimiento del servicio militar, y a quienes se incorporen al servicio civil para la atención de fines de interés general. [482]

 

La Ley de la India[483] también tiene artículos específicos para servicios sociales. Reconoce a las instituciones privadas que atienden discapacidad severa, y puede mantenerlas, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en la normatividad aprobada[484]. El Gobierno reconocerá a las instituciones privadas que trabajen para personas con invalideces severas, de acuerdo a requisitos pre establecidos en la ley.[485]

 

La Ley de México[486],señala que la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal debe informar y otorgar estímulos fiscales, subsidios, así como otro tipo de apoyos para la producción y adquisición de bienes y servicios para PCDs, padres o tutores de menores con discapacidad y/o asociaciones civiles e instituciones de asistencia privada que se enuncian a continuación:

 

-     Artículos o accesorios de uso personal;

 

-                    Medicamentos y accesorios o dispositivos de carácter médico;

 

-     Prótesis, órtesis, sillas de ruedas, rampas y elevadores adaptables a automóviles y casas-habitación, regletas para ciegos, máquinas de escribir, bastones, andaderas, aparatos para sordera, teléfonos de teclas para sordos y otras ayudas técnicas; Implementos y materiales educativos;

 

-     Implementos y materiales deportivos;

 

-     Equipos computarizados;

 

-     Servicios hospitalarios o médicos;

 

-     Vehículos automotores adaptados; y

 

-      Otros bienes y servicios análogos, de conformidad con la legislación aplicable.[487]

 

La Ley de Nicaragua[488] declara el día 25 de agosto como “Día de las Personas con Discapacidad”[489]

 

La Ley de Venezuela[490] señala que la importación de materiales y equipos especiales para instituciones privadas sin fines de lucro o por personas incapacitadas podrá exonerarse del pago de derechos de aranceles y otros impuestos de acuerdo a las disposiciones legales. El Ministerio de Hacienda, determinará los artículos, equipos y materiales a que se refiere la exoneración.[491]

 

En el aspecto referido a las medidas especiales de compensación, por último, cabe mencionar que la ley del Perú[492] inafecta del pago de derechos arancelarios la importación de vehículos especiales, prótesis y otros, para uso exclusivo de PCDs.[493] Dispone, al mismo tiempo, que la Defensoría del Pueblo asigne un Defensor Adjunto Especializado en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad[494]; y declara el 16 de octubre como 'Día Nacional de la Persona con Discapacidad'.[495]

 


SECCIÓN DOS:  BALANCE ACERCA DE LAS MEJORES PRÁCTICAS EN EL CAMPO DE LA PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA.

 

1.                  Con relación al tópico de la inclusión o no de definiciones sobre discapacidad u otros aspectos relacionados con las PCDs, o principios rectores o fundamentos de la legislación sobre discapacidad, la mayoría de las legislaciones de los países materia de escrutinio en este estudio cuenta con definiciones sobre lo que debe entenderse por discapacidad o persona con discapacidad (PCD). Algunos de ellas, cuentan con definiciones respecto a otros aspectos o variables relacionadas con esta temática.

 

2.                  En general, puede decirse que estas definiciones no son homogéneas, ni todos los textos legales analizados hacen una diferencia entre discapacidad, deficiencia o minusvalía. Sin perjuicio de ello, tales definiciones expresan el interés de los diferentes Estados de adecuar los parámetros legales, adoptados por ellos mismos, a los estándares definidos por los organismos internacionales vinculados a esta temática. Voluntad que se expresa, al mismo tiempo, también, en los países que no han incorporado definiciones en su legislación, tal cual es el caso de Brasil, Colombia, Ecuador o Guatemala, quienes, sin embargo, han optado por subrayar los principios rectores y fundamentos que inspiran su normativa y políticas respectivas.

 

3.                  Por lo demás, es apreciable que toda la legislación estudiada busca reflejar, en general, los principios y valores que, en este plano, están contenidos en las normas internacionales sobre derechos humanos y, en particular, los que se refieren a los derechos de las PCDs.

 

4.                  El principio rector más recurrentemente invocado guarda relación con el objetivo de asegurar la no discriminación y el fomento de la igualdad y equidad de oportunidades en el proceso de integración personal, educativa, laboral y social de las PCDs. 

 

5.                  Resaltan, tanto en la legislación de Colombia como en la de Costa Rica, las referencias a la dignidad que le es propia a las PCDs en sus derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales para su completa realización personal y su total integración social. Asimismo, el énfasis puesto para proteger esta misma dignidad al disponer que, como ocurre en el caso de Costa Rica, cuando, por cualquier razón o propósito, se trate o utilice el tema de la discapacidad éste deba presentarse reforzando la dignidad e igualdad entre los seres humanos. O, cuando se establece que ningún medio de información debe emitir mensajes estereotipados, ni menospreciativos en relación con la discapacidad.

 

6.                  En lo que respecta a las características de los órganos o entidades rectoras en materia de discapacidad; su estructura, atribuciones, aspectos de coordinación interinstitucional, participación de las PCDs y descentralización de organismos y políticas, así como su financiamiento, existe una amplia variedad de modelos adoptados.

 

7.                  No obstante la diversidad de enfoques presente, y siendo conscientes del margen de subjetividad inherente en todo ejercicio de clasificación, puede distinguirse en las legislaciones analizadas la presencia de rasgos organizacionales comunes en las entidades a cargo de la protección y/o promoción de los derechos de las PCDs que permitirían categorizar los modelos adoptados en torno a los ejes de convergencia que a continuación se anotan.

 

8.                  En primer lugar, referiríamos los modelos institucionales que se estructuran alrededor de entes autónomos, con personería jurídica, estructura y presupuestos propios. Que cuentan con capacidad ejecutiva y financiera, reflejada en su competencia para definir y ejecutar, con carácter vinculante, por cuenta propia o delegada, políticas y planes nacionales en torno a la temática de la prevención, así como de la atención, rehabilitación integral e integración educativa, laboral, cultural y social de las PCDs.

 

9.                  Estos entes se encuentran, usualmente, vinculados con la autoridad del Jefe de Estado o de Gobierno. Sería el caso, en nuestra región, por ejemplo, de las experiencias de Chile, Brasil, Ecuador, Guatemala y, en cierta forma, México, aunque en este caso tales atribuciones corresponden directamente al Jefe del Gobierno del Distrito Federal, más que al responsable de un órgano rector como tal. Fuera de la región sería el caso de Corea y de la India.

 

10.              En segundo orden, distinguimos a los entes que representan estructuras vinculadas a la parte orgánica del Poder Ejecutivo relacionada con la implementación de políticas sociales. Sería el caso de Argentina (cuyo órgano rector en materia de discapacidad esta vinculado al Ministerio de Bienestar Social); el de Bolivia (cuyo ente rector depende del Ministerio de Desarrollo Humano) o el de Perú (cuyo ente rector constituye un organismo público descentralizado del Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social). En uno y otro caso, no obstante, estamos hablando de entidades de ámbito nacional, que definen, orientan, coordinan, implementan, supervisan y fiscalizan las políticas públicas en materia de discapacidad.

 

11.              En tercer lugar, cabría mencionar los Estados que cuentan con entidades cuyo perfil es, más bien, el de órganos con estatuto consultivo o de asesoramiento, del más alto nivel, cuya función esencial es promover, coordinar, asesorar, supervisar y/o fiscalizar, aunque no ejecutar directamente, la implementación de las políticas públicas en este terreno. Sería el caso, por ejemplo, de Colombia. 

 

12.              Cabe citar también el caso de los países que optaron por prescindir de un ente que titularice institucionalmente la definición e implementación de políticas públicas a favor de las PCDs, para priorizar un enfoque inspirado por una perspectiva de transversalidad en la orientación de tales políticas. Sea para la erradicación de la discriminación que afecta a las PCDs o para el resguardo y promoción de condiciones que permitan el ejercicio de sus derechos fundamentales y su plena integración económica, social y cultural.

 

13.              En la región sería el caso de los Estados Unidos, y fuera de ella, el de Inglaterra y España. Los países de raigambre anglosajona a través de la proyección de su legislación antidiscriminatoria; y en el caso de España, a través de una política transversal de adecuación administrativa a los objetivos de la atención integral a las PCDs, la planificación de una política general de atención a la problemática de estas a través de la descentralización de los servicios, vía su sectorización, la participación democrática de los beneficiarios, la financiación pública de las actuaciones encaminadas a la atención integral de PCDs, así como la planificación regional e integración de dicha planificación en el contexto, tanto de los servicios generales sanitarios, educativos, laborales y sociales, como en su programa nacional de desarrollo socioeconómico.

 

14.              Destaca en la legislación de algunos de los países estudiados la alta prioridad conferida al tema, reflejada en el destacado nivel de los funcionarios del Estado que participan en la conducción de las instituciones – entes rectores u órganos consultivos o de asesoramiento – creados para impulsar las políticas públicas en materia de discapacidad.

 

15.              Ejemplo de lo dicho es el Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS) de Chile, en el que participan seis Ministros o Secretarios de Estado. El Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación de Colombia, que es un organismo permanente, coordinado por una Consejería Presidencial designada expresamente para ello por el Presidente de la República, y presidido por el Ministro de Salud, quien esta a cargo de un mecanismo de coordinación interministerial en el que participan, además del mismo, los Ministros de Educación, Trabajo y Seguridad Social, Transporte, Desarrollo Económico, Comunicaciones y Hacienda. Por último, el caso de Ecuador cuyo Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) cuenta con un Comité Técnico presidido por un representante del Presidente de la República, en el que participan los Ministros o Vice Ministros de Salud, Educación, Trabajo, Bienestar Social, Economía y Presupuesto, además de representantes de las organizaciones de PCDs, el Presidente del Instituto Nacional del Niño, el Presidente de la Federación de ONGs del Ecuador.

 

16.              En términos de las funciones que deben cumplir, la mayor parte de los entes rectores, e incluso de las instancias (Consejos y/o Comisiones Técnicas) que tienen carácter consultivo o de asesoramiento, tienen asignado el deber de proponer planes de desarrollo económico y social, usualmente de alcance nacional, así como programas y proyectos que permitan la financiación y el desarrollo adecuados de las distintas medidas instituidas por la ley a favor de las PCDs.

 

17.              Asumen, por lo general, también, la obligación de garantizar los mecanismos de concertación que permitan una adecuada imbricación con estas medidas, por parte de las distintas instancias y organismos públicos y privados relacionados con la temática de la discapacidad, así como que las organizaciones de y para PCDs participen en el diseño y ejecución de las políticas que tengan que ver con éstas.

 

18.              Este último aspecto es muy importante porque guarda relación con el principio según el cual la tarea de promover el desarrollo y los derechos humanos de las PCDs va más allá del Estado, e incluye a los propios titulares de tales derechos. Con esta perspectiva, varias de las leyes estudiadas subrayan la importancia de la participación de las PCDs, la de sus organizaciones, así como la de sus familiares y otras entidades relacionadas, en la definición de las políticas públicas que se relacionan con su desarrollo y la protección y/o promoción de sus derechos fundamentales.

 

19.              La mayor de las normas analizadas instituye una cuota en los órganos de gobierno de los entes rectores, los Comités Técnicos o instancias consultivas previstas en la ley. Otras, además de eso, reconocen también derechos subjetivos de los individuos, e incluso de las organizaciones de PCDs, para reclamar niveles más amplios de participación.

 

20.              Un ejemplo destacado en este terreno es ofrecido por la legislación de Costa Rica, que reconoce genéricamente el derecho de las PCDs a ejercer su derecho a la autodeterminación y a participar en la toma de decisiones que les afecten directa o indirectamente. Pero que, yendo más allá de lo meramente declarativo, consigna el derecho de las PCDs a disponer de recursos para reunir, reproducir, traducir y transmitir información ágil y oportuna sobre la discapacidad, con el fin de informar y asesorar a las instituciones, empresas y público en general sobre la eliminación de barreras, ayudas técnicas y servicios de apoyo; y su derecho a ser consultadas por las instituciones encargadas de planificar, ejecutar y evaluar servicios y acciones relacionadas con la discapacidad.

 

21.              Otro ejemplo interesante de lo que el Estado puede hacer para promover esta participación, lo da la legislación de Argentina, que asigna al ente rector en la materia, el Ministerio de  Bienestar Social, la tarea de estimular a través de los medios de comunicación el uso efectivo por las PCDs de los recursos y servicios existentes, así como de propender al desarrollo del sentido de solidaridad social en esta materia

 

22.              Un aspecto complementario al de la participación de las PCDs en la definición de las políticas públicas que las afectan, es el de su acceso a los mecanismos de implementación de las mismas. Participación que – sobre todo en países como los nuestros – no puede lograrse verdaderamente sino es a través de efectivos procesos de descentralización. La legislación analizada en este estudio revela, como en los campos previamente señalados, una variedad de enfoques, que puede resultar más o menos descentralizadas, tanto si se lo aprecia desde el punto de vista orgánico y/o funcional, como desde el plano de la institucionalidad y/o de las acciones de política pública promovidas o instituidas por la legislación examinada.

 

23.              Un ejemplo de lo primero lo da el Comité Central para el Bienestar de las PCDs de Corea, que dispone de Comités Locales para el Bienestar de las PCDs descentralizados, orgánicamente y funcionalmente, tanto a nivel de la capital, Seúl, cuanto de los municipios y demás instancias del gobierno a nivel territorial. Así mismo, Bolivia, cuya legislación establece que todas las instancias del Poder Ejecutivo y de los gobiernos locales en dicho país deben contar con unidades especializadas destinadas a la atención de las PCDs.

 

24.              La administración pública federal de Brasil, a todo nivel, tiene el mandato legal de conferir a los asuntos relacionados con las PCDs tratamiento prioritario y apropiado, de modo que sea efectivo el ejercicio de sus derechos y su completa integración social, señalando que el tratamiento de tales asuntos debe ser coordinado e integrado por tales entidades en planes, programas y proyectos sujetos a plazos y objetivos determinados. Como Brasil, en Ecuador, el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) ejerce sus funciones y atribuciones de manera descentralizada, mediante el traspaso de responsabilidades y recursos a sus comisiones provinciales y cantonales. Para ello, prevé la creación de Comisiones Provinciales de Discapacidades, conformadas con participación de la sociedad civil, así como de los organismos seccionales y provinciales respectivos, propendiendo – como dice su legislación - a la descentralización y la representación equitativa de hombres y mujeres. Casos distintos son los de España y Chile.

 

25.              La legislación del primero propugna la descentralización de los servicios y prestaciones otorgados a las PCDs vía su sectorización, planificación regional e integración en el contexto de los servicios generales del Estado en el ámbito social. Por ejemplo, fomentando y estableciendo un sistema de rehabilitación, coordinado con los restantes servicios sociales, escolares y laborales, en las menores unidades posibles, para acercar el servicio a los usuarios y administrarlos descentralizadamente.

 

26.              La del segundo prevé una forma de descentralización de los servicios distinta, basada en la aprobación de proyectos en favor de las PCDs, que son ejecutados por terceros y orientados, preferentemente, a la prevención, diagnostico, rehabilitación e integración social, financiados con recursos que se asignan a través de concursos públicos, en los que pueden postular personas naturales o jurídicas, sean o no chilenas, y organismos internacionales o extranjeros.

 

27.              En el caso del Perú, la estrategia de descentralización adoptada apela a una formula intermedia que se refleja, principalmente, por vía del otorgamiento de facultades al CONADIS para celebrar convenios con las Municipalidades, de modo que en su representación vigilen el cumplimiento de la legislación sobre PCDs; así como a través de la creación y funcionamiento de las     Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPEDs) cuya institucionalización fuera prevista en la nueva Ley Orgánica de Municipalidades.

 

28.              En materia de garantías para el cumplimiento de la ley, cabe señalar que las principales amenazas para ejercicio de los derechos de las PCDs no provienen necesariamente de la inexistencia de normas que reconozcan sus derechos, sino esencialmente del efecto negativo que sobre ellas determina la inexistencia de mecanismos institucionales, recursos humanos y materiales, así como de voluntad política y espacios de participación, que permitan llevar a la práctica tales garantías. Las opciones adoptadas en este campo por los países cuya legislación ha sido examinada en este estudio son, como en los demás casos, ampliamente variadas.

 

29.              En general, casi todos los países encargan al ente rector o uno de sus órganos directivos fiscalizar el cumplimiento de la ley. La ley de Argentina[496] encarga al Ministerio de Bienestar Social, entre otras, la función de actuar de oficio para lograr el pleno cumplimiento de las medidas en ella establecidas[497]. La de Venezuela señala que es el Directorio del Consejo Nacional para la Integración de Personas Incapacitadas quien se encarga de imponer sanciones administrativas a los infractores de la ley sobre discapacidad.

 

30.              La ley de Brasil[498] va más allá y vela por la existencia de mecanismos efectivos que permitan la canalización de acciones civiles para la defensa de intereses difusos destinados a la protección de los intereses colectivos de las PCDs. Esas acciones son canalizadas por el Ministerio Público, la Unión de Estados de la República Federativa del Brasil, cada Estado, sus municipios, o cualquier entidad o asociación constituida con al menos un año de antigüedad, siempre que incluya entre sus finalidades institucionales la protección de las PCDs[499].

 

31.              Los actos de discriminación contra las PCDs son tipificados en Brasil como crímenes punibles con penas de entre 1 y 4 años de pena privativa de la libertad[500].

 

32.              La legislación del Ecuador reconoce y garantiza el derecho de las PCDs a no ser discriminadas, por su condición, en todas las prácticas relativas al empleo, incluyendo los procedimientos para la aplicación, selección, contratación, capacitación, despido e indemnización de personal y en cuanto a todos los demás términos, condiciones y privilegios, de los trabajadores. Todas las instituciones, (públicas, privadas y mixtas), están obligadas a adecuar sus requisitos y mecanismos de selección de empleo, para facilitar la participación de las PCDs en igualdad de oportunidades y equidad de género.

 

33.              La ley encarga al CONADIS defender jurídicamente los derechos de las PCDs y vigilar el eficaz cumplimiento de la ley, exigiendo sanciones a quienes la incumplan[501]. Dispone, asimismo, que las resoluciones del Directorio del CONADIS tienen carácter obligatorio para las instituciones, organizaciones o personas naturales y jurídicas vinculadas con las organizaciones del área de las discapacidades. Su incumplimiento acarrea sanciones, las mismas que son establecidas en la ley[502]. El Directorio del CONADIS, tiene el deber legal de conocer sobre las situaciones de discriminación y las acciones que se adopten al respecto[503].

 

34.              La ley ecuatoriana señala que toda persona que sufra discriminación por su condición de PCD o amenaza en el ejercicio de sus derechos y beneficios consagrados en la ley, puede, antes de demandar y en cualquier etapa del proceso, pedir ante un juez civil las providencias y medidas cautelares respectivas; el cese inmediato de la acción discriminatoria; y cualquier otra que evite la continuación de la violación de sus derechos.  Si en el proceso se verifica la existencia de discriminación o de una violación de los derechos de la PCD, el juez esta facultado para imponer una multa de US $ 250 a 5000 dólares americanos al infractor o agresor[504].

 

35.              La ley de Colombia dispone que, en ningún caso, la limitación de una persona, puede ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el campo que se va a desempeñar. Ninguna PCD puede ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de trabajo. No obstante, quienes fueren despedidos, o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito antes previsto, tienen derecho a una indemnización equivalente a 180 días de salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones previstas en la legislación laboral[505].

 

36.              La ley de Chile[506] contempla sanciones administrativas y penales por la infracción de sus disposiciones. En cuanto al procedimiento, señala que toda persona que por causa de un acto u omisión arbitraria o legal sufra discriminación o amenaza en el ejercicio de sus derechos y beneficios legales, podrá acudir ante un juez de policía local para que adopte las providencias que aseguren o restablezcan el derecho afectado. Las sanciones administrativas consisten en multas (de una a tres unidades tributarias mensuales) y, en caso de reincidencia, se duplicarán. La reincidencia es causal de exclusión del Registro Nacional de Discapacidad si el sancionado estuviere inscrito en él. Los juzgados de policía locales deben comunicar al Registro Nacional de Discapacidad las sentencias ejecutoriadas que condene a una persona natural o jurídica por infracciones en materia de la ley sobre discapacidad[507].

 

37.              La ley de Corea[508] señala que los infractores de sus disposiciones pueden ser condenados hasta un año de prisión o multadas hasta un máximo de un millón de Won (la moneda local). En el caso de violaciones cometidas por un funcionario o representante de una persona jurídica, no solo será sancionada dicha persona sino la entidad legal relacionada con ésta[509].

 

38.              La legislación de Costa Rica[510] garantiza el derecho de las PCDs a un empleo adecuado a sus condiciones v necesidades personales y a verse libres de toda forma de discriminación en el empleo. Con tal efecto, considerara actos de discriminación y penaliza el uso en la selección de personal de mecanismos que no estén adaptados a las condiciones de los aspirantes; la exigencia de requisitos adicionales a los establecidos para cualquier solicitante; el rechazo a emplear, por razón de su discapacidad, a un trabajador idóneo; o la negativa al acceso y utilización de recursos productos a alguien en razón de su discapacidad.

 

39.              La misma ley señala que los educadores, patronos y jerarcas tienen la obligación de mantener condiciones de respeto a las PCDs en el lugar de trabajo o estudio, mediante una política interna que prevenga la discriminación por razón de una discapacidad, no la promueva o evite. Las instituciones públicas y de servicio público están obligadas a elaborar y divulgar esa política, la cual debe comunicarse por escrito a todos los responsables y asesores de la entidad correspondiente, así como a los empleados, estudiantes y usuarios de las mismas; así como a adoptar las medidas y sanciones pertinentes en sus reglamentos internos, convenios colectivos, arreglos directos, circulares y demás actos administrativos[511]. Los educadores, patronos y jerarcas son legalmente responsables de divulgar el contenido de la ley[512].

 

40.              Un capítulo integro de la ley sobre discapacidad de Costa Rica refiere los procedimientos y sanciones aplicables por el incumplimiento de la misma. Aunque las sanciones previstas son esencialmente multas, en materia de infracción a las normas sobre accesibilidad, la ley establece que los encargados de las construcciones que incumplan tales reglas podrán ser obligados, a solicitud del perjudicado, a realizar a costa de ellos mismos obras para garantizar este derecho. No se tramitarán permisos de construcción, y se suspenderán los ya otorgados hasta que se realicen las remodelaciones[513].

 

41.              La ley de Guatemala[514] establece que para asegurar el cumplimiento de la misma, el Estado debe asegurar los recursos financieros de manera gradual y en la medida de sus posibilidades reales; y que su incumplimiento acarrea responsabilidades administrativas y civiles que se sancionarán de acuerdo con las prescripciones del reglamento.[515]

 

42.              La ley de Panamá[516] señala que protege al discapacitado de toda explotación, abuso o trato degradante; así como la exhibición ante el público en circunstancias lesivas a su dignidad y, en general, de cualquier violación a sus derechos inherentes, incluyendo el derecho a recibir el tratamiento acorde a su discapacidad, el respeto a sus derechos como humano, y a sus garantías procesales, en todo proceso judicial en que se vea involucrado[517].

 

43.              El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) del Perú, por su parte, tiene competencia para impulsar Acciones de Cumplimiento a favor de medidas orientadas a garantizar los derechos de las PCDs. Las acciones de cumplimiento constituyen procesos previstos por la Constitución del Perú mediante las cuales se solicita al Poder Judicial instruya a la administración un acto que se considera debido[518]. Dispone, al mismo tiempo, de atribuciones para imponer y administrar multas ante el incumplimiento de lo dispuesto en la Ley y su Reglamento[519].

 

44.              En materia de lucha contra la discriminación y equiparación de oportunidades en materia de empleo, la legislación de España considera nulos y sin efecto toda norma o acto de las empresas que imponga a las PCDs discriminaciones en materia de retribuciones, jornadas y demás condiciones de trabajo.

 

45.              En materia de certificación y registro, la mayor parte de la legislación estudiada revela que los organismos de Salud Pública son, por lo general, los entes encargados de extender las certificaciones de discapacidad exigidas para el ejercicio de los derechos previstos por la ley, a excepción de Chile que permite que ésta sea también extendida por instituciones de salud de carácter privado, las cuales deben ceñirse, no obstante, a los criterios que el Ministerio de Salud chileno determine y a las disposiciones de la Ley. La legislación chilena prevé, asimismo, y desde un enfoque interdisciplinario de la acreditación, que los equipos calificadores estén integrados por médicos, psicólogos, asistentes sociales y psicopedagogos o terapeutas ocupacionales, según el caso. También, cuando fuere pertinente, la integración de uno o más especialistas de otros ámbitos profesionales, de acuerdo a la naturaza de la discapacidad y a las circunstancias particulares de las personas sometidas a tales evaluaciones.

 

46.              Otro tema relevante, desde el punto de vista de las PCDs, sobre todo las de menores ingresos, guarda relación con los costos de la certificación. Un ángulo de esta problemática tiene que ver con la disponibilidad de los servicios y su accesibilidad por parte de las PCDs. En muchos países, las entidades de certificación se encuentran lejos de los lugares donde radican dichas personas. Asimismo, esta la cuestión del costo de ésta, que muchas veces se encuentra también fuera del alcance de las personas de menores ingresos. Una forma de enfocar creativamente esta cuestión es planteada por las legislaciones de Ecuador y Corea. La primera que dispone que el ente rector del sector discapacidad conformará equipos calificadores cuando las entidades constituidas para tal fin no puedan cubrir la demanda, o cuando existan zonas geográficas que carezcan de unidades autorizadas. La calificación y certificación en Ecuador es, además, gratuita. En el caso de Corea su ley dispone un Registro descentralizado, a cargo de los alcaldes o prefectos, lo que hace este ejercicio más accesible a las PCDs que viven en el interior del país, principalmente en las localidades rurales.

 

47.              Una peculiaridad de los certificados otorgados en Chile, es que deben indicar las posibilidades de rehabilitación del afectado y qué tipo de actividad laboral o profesional puede desempeñar.

 

48.              A diferencia de los demás países de la región, que se refieren exclusivamente al registro de personas naturales, sólo las legislaciones de Chile, Perú y la India, explícita o implícitamente, contemplan que el Registro de Personas con Discapacidad incluya a personas naturales y jurídicas; esto es a organizaciones de PCDs, instituciones que trabajan para PCDs, y, en general, para todas las personas que se desempeñe o relacionen con PCDs.

 

49.              El tema de la atención de la salud de las PCDs implica, de acuerdo con las normas y acuerdos internacionales adoptados sobre la materia, un enfoque basado en la Rehabilitación Integral, que implica la cobertura de todos los aspectos relacionados con el desarrollo de medidas de prevención y rehabilitación para la integración plena en la sociedad de toda persona afectada por una deficiencia.

 

50.              En materia de prevención de las discapacidades, los países deben adoptar medidas encaminadas a impedir que se produzca un deterioro físico, intelectual, psiquiátrico o sensorial en las personas (prevención primaria), o a impedir que ese deterioro cause una discapacidad o limitación funcional permanente (prevención secundaria).

 

51.              La prevención puede incluir muchos tipos de acción diferentes, como atención primaria de la salud, puericultura prenatal y postnatal, educación en materia de nutrición, campañas de vacunación contra enfermedades transmisibles, medidas de lucha contra las enfermedades endémicas, normas y programas de seguridad para la prevención de accidentes en diferentes entornos, incluidas la adaptación de los lugares de trabajo para evitar discapacidades y enfermedades profesionales, y prevención de la discapacidad resultante de la contaminación del medio ambiente u ocasionada por los conflictos armados.

 

52.              En esta materia, el contenido de la legislación marco estudiada refleja un conjunto bastante variado de medidas que incluyen, entre otras, las siguientes: la promoción de acciones preventivas relacionadas con la planificación familiar y el asesoramiento genético; el acompañamiento y asesoramiento en la gestación, parto, puerperio y nutrición de mujeres embarazadas, y el control de las gestantes de alto riesgo. Igualmente, el desarrollo de programas de prevención de accidentes laborales, de tránsito y el tratamiento adecuado de las víctimas. Asimismo, cabe anotar que, de manera recurrente, se privilegia en la mayor parte de las leyes bajo examen las medidas de prevención en las áreas de salud, educación, trabajo y comunicación. A continuación se reseñara algunas de las mejores prácticas en este campo.

 

53.              No son muchos los países que ordenan sus políticas de prevención en función de planes nacionales. Sin embargo un ejemplo de los que si lo hacen son Colombia y España. La ley de Colombia indica que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) deben incluir en su Plan Obligatorio de Salud las acciones encaminadas a la detección temprana y la intervención oportuna de la limitación. Asimismo, que las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP) incluyan en sus Programas de Salud Ocupacional las directrices sobre seguridad laboral dictadas por el Ente Rector. Las autoridades Departamentales o Municipales, a su vez, debe adoptar las medidas de ordenamiento del tránsito y prevención de accidentes que les recomiende el Ente Rector.

 

54.              Estas políticas son instrumentadas a través del Ministerio de Educación, que debe tomar medidas para que, tanto en el proceso educativo, como en el de culturización en general, se asegure dentro de la formación integral de las personas la prevención de aquellas condiciones que generalmente causan limitación. Ello implica que todas las entidades públicas y privadas cuyo objeto sea la formación y capacitación de profesionales, prácticamente en todos los campos, incluyan en sus currículos temáticas referentes a la atención y prevención de las enfermedades y demás causas de limitación y minusvalías.

 

55.              Mientras que la ley colombiana dispone específicamente que son los sectores públicos de Salud, Trabajo y Educación quienes deben prever en sus planes y programas el desarrollo de un Plan Nacional de Prevención; la ley española asigna al Gobierno, como entidad, la función de elaborar cuatrienalmente un Plan Nacional de Prevención de las Minusvalías, el mismo que debe ser  presentado ante las Cortes Generales (Parlamento) para su conocimiento, estando obligado a presentar anualmente un informe sobre su desarrollo. El Plan debe contener, necesariamente, acciones destinadas a las zonas rurales.

 

56.              Uno de los aspectos destacables de la legislación de Ecuador es que considera a la investigación como uno de los objetivos de la política de prevención de discapacidades. Con esa perspectiva, dispone que todos los profesionales de la salud, sea que laboren en el sector público o privado, deben remitir al Ministerio de Salud y al Centro de Información y Documentación del CONADIS la información que ambos requieran sobre discapacidades con fines epidemiológicos. La legislación de la India, por su parte, dispone la realización de estudios e investigaciones acerca de la causa de las discapacidades, como complemento de acciones de capacitación del personal de salud en esta materia, así como la realización de exámenes anuales de rayos X a todos los niños, como parte de las medidas de prevención.

 

57.              La particularidad del enfoque adoptado por la ley de Nicaragua es que los sistemas de atención primaria de salud previstos por ésta se basan en un enfoque centrado en la comunidad, particularmente en lo que concierne a las zonas rurales y los barrios pobres de las ciudades.

 

58.              La ley peruana, por su parte, distingue medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria, y prevé el apoyo – como parte de su enfoque - a actividades y programas científicos; acciones que son coordinadas entre el CONADIS y el Ministerio de Salud.

 

59.              En lo que respecta a las medidas de Rehabilitación, destaca el enfoque de las leyes de Costa Rica, Ecuador y Guatemala que se basan en el principio de No Discriminación. En efecto, tales leyes, indican que los servicios de salud deben ofrecerse, en igualdad de condiciones, a toda persona los requiera. Siendo considerados actos discriminatorios. en razón de la discapacidad, el negarse a prestarlos, proporcionarlos de inferior calidad o no prestarlos en el centro de salud que corresponda.

 

60.              Las leyes costarricense y guatemalteca, por igual, disponen que las instituciones públicas de salud son responsables de suministrar servicios de rehabilitación y debe garantizar que los servicios a su cargo estén disponibles en forma oportuna, en todos los niveles de atención, inclusive la provisión de servicios de apoyo y las ayudas técnicas que los usuarios requieran. Igualmente contienen medidas para garantizar la calidad de estos servicios, estipulando que las instituciones públicas que brindan servicios de rehabilitación deben contar con medios de transporte adaptados a las necesidades de las PCDs; que los centros de salud o servicios en los cuales se brinde atención de rehabilitación establezcan, para usuarios y sus familias, normas específicas para promover y facilitar el proceso de rehabilitación. Con el fin de no lesionar la dignidad y facilitar el logro de los objetivos establecidos en este aspecto, ambas leyes establecen que los servicios de rehabilitación deben garantizar que sus instalaciones cuenten con las medidas de seguridad, comodidad y privacidad que los usuarios requieren.

 

61.              De modo singular, la ley de Argentina prevé tanto la creación de hogares sustitutos, con internación total o parcial para PCDs cuya atención sea dificultosa a través de su familia, como el apoyo a las entidades privadas sin fines de lucro que se dedican a prestar dichos servicios.

 

62.              Las leyes de Panamá, Bolivia y Chile, por su parte, promueven la creación de Centros de Rehabilitación. La ley boliviana considera la creación de una red de servicios especializados en rehabilitación, garantizando el acceso de las PCDs a los establecimientos de salud pública y privada, y, en particular, la atención domiciliaria de las PCDs con discapacidad grave. Considera, también, que todos los servicios de salud sean desarrollados con participación de la sociedad y orientados a la integración social de las PCDs.

 

63.              Las actividades relacionadas con la atención de la salud en la ley de Ecuador son concebidas bajo un enfoque de Integración Social y No Discriminación. Estas comprenden: (a) la concesión de subsidios para acceder a servicios de salud, vivienda, asistencia técnica y provisión de ayudas técnicas y tecnológicas, a través de los organismos públicos y privados responsables de las áreas indicadas; (b) el impulso a los servicios (necesarios) para la dotación, fabricación, mantenimiento o distribución de órtesis, prótesis y otras ayudas técnicas y tecnológicas, que suplan o compensen las deficiencias, (c) la entrega por el Estado y las instituciones de seguridad social, directamente, bajo convenio o contrato con otras instituciones públicas o privadas, de ayudas técnicas y tecnológicas; (d) la producción y distribución de medicamentos genéricos y esenciales, además de los insumos que se necesiten para la atención de deficiencias y discapacidades que requieran de un tratamiento prolongado.

 

64.              La ley de Colombia, establece que los Ministerios de Trabajo, Salud y Educación deben establecer mecanismos para que las PCDs cuenten con programas y servicios de rehabilitación integral, en términos de readaptación funcional, rehabilitación profesional y para que, en general, dispongan de los instrumentos que les permitan auto realizarse, cambiar la calidad de sus vidas e intervenir en su ambiente inmediato y en la sociedad. Este enfoque de Rehabilitación Integral esta también presente en la ley de Corea, que incluye entre las acciones de tratamiento y rehabilitación el entrenamiento vocacional u obtención de trabajo en instituciones de entrenamiento vocacional; el otorgamiento de subsidios para llevar a cabo proyectos de investigación sobre discapacidad; así como tratamiento médico, educación y rehabilitación vocacional.

 

65.              Es notable el enfoque de Rehabilitación Basado en la Comunidad que tienen las leyes de El Salvador y Nicaragua. Ambas fomentan la participación de las PCDs y sus familiares, la de las entidades públicas y privadas, así como la de las comunidades, en el desarrollo de los programas de rehabilitación. El enfoque de las leyes de estos dos países se basa en una perspectiva multisectorial, interdisciplinaria y comunitaria, y establece que las instituciones públicas concernidas deben integrar equipos profesionales con el fin de asegurar una atención multidisciplinaria para cada persona según lo precise, así como para garantizar su adecuada integración socio-comunitaria. Las instituciones que inicien procesos de rehabilitación, están en la obligación de coordinar con otras entidades afines que desarrollen programas de seguimiento en servicios de menor complejidad, cercanos al domicilio de los usuarios, o en planes de hogar que complementen su esfuerzo.

 

66.              La Ley de Nicaragua, además, establece que los servicios de Rehabilitación se proporcionen mediante trabajadores comunitarios; servicios generales de salud, educación, asistencia social y de formación profesional; y otros especializados en la atención en hogares terapéuticos con internación total o parcial, para los casos en que los de carácter general no puedan proporcionar la atención necesaria.

 

67.              La ley española relaciona rehabilitación con desarrollo personal e integración en la vida social. Fundamentalmente, a través de la obtención de un empleo adecuado. Prevé, como parte de los procesos de rehabilitación, la adopción de medidas que procuren la rehabilitación médico-funcional de las PCDs; su tratamiento y orientación psicológica; su participación en la educación general y especial y su recuperación profesional. Con un enfoque de atención multisectorial, señala que el Estado fomenta y establece un sistema de rehabilitación, coordinado con los restantes servicios sociales, escolares y laborales, administrado descentralizadamente. También, que los procesos rehabilitadores iniciados en instituciones específicas se desarrollen en conexión con los centros de recuperación donde continúe el tratamiento; prosiguiendo, de ser necesario, como tratamiento domiciliario, a través de equipos móviles multiprofesionales.

 

68.              Las leyes de Chile y España hacen referencia al tratamiento psicológico de las PCDs. La ley chilena dispone que la rehabilitación incluirá asistencia en salud mental, con el propósito que la PCD pueda desarrollar al máximo sus capacidades. Asistencia que, de ser necesario, puede extenderse a la familia. La ley española  se refiere al tratamiento y orientación psicológica de las PCDs, señalando que ésta debe estar presente durante las distintas fases del proceso rehabilitador, y ser encaminada a lograr la superación de la situación de la PCD y el pleno desarrollo de su personalidad.

 

69.              La Ley de Panamá establece la obligatoriedad de la coordinación interinstitucional e intersectorial, con el fin de lograr el acceso a los servicios médicos y educativos de las PCDs, garantizando que tal atención sea dispensada, tanto en el centro de salud, como en el educativo, más cercano a su comunidad.

 

70.              En lo que refiere a la dotación de ayudas bio- mecánicas, la ley costarricense prohíbe que a las PCD hospitalizadas se les impida el acceso a las ayudas técnicas o servicios de apoyo que, rutinariamente, utilizan para realizar sus actividades; y delega en el Ministerio de Salud la responsabilidad de certificar la calidad y el estricto cumplimiento de las especificaciones referidas a las ayudas técnicas, sea que fueran otorgadas por las instituciones estatales o distribuidas en el mercado. La ley boliviana estimula la fabricación, importación y uso de equipos, instrumentos y elementos de ayuda bio-mecánica en rehabilitación. La de Chile establece que, en aquellos casos que en razón de la discapacidad sea imprescindible el uso de prótesis, de órtesis o de otras ayudas técnicas para realizar las funciones propias de la vida diaria, para la educación o para el trabajo, la adquisición, conservación, adaptación y renovación de dichos aparatos se entenderá como parte del proceso de rehabilitación.

 

71.              La ley colombiana dispone que los Municipios deben destinar recursos para subsidiar la adquisición de prótesis, aparatos ortopédicos u otros elementos necesarios para las PCDs de escasos recursos, dentro de las atenciones del Plan Obligatorio de Salud. Indica, asimismo, que el Gobierno promoverá iniciativas para poner en marcha proyectos en cabeza de las entidades territoriales, las organizaciones no gubernamentales y la cooperación técnica internacional, de manera que toda PCD, durante su proceso de educación, capacitación, habilitación o rehabilitación, según el caso, tenga derecho a que se le suministre los equipos y ayudas especiales requeridas para cumplir con éxito tales procesos.

 

72.              La Ley española establece que los procesos de rehabilitación sean complementados con el suministro, adaptación, conservación y renovación de aparatos de prótesis y órtesis, así como vehículos y otros elementos auxiliares para las PCDs cuya discapacidad lo aconseje. Fomenta, también, la producción y utilización de órtesis y prótesis.

 

73.              La Ley coreana prevé el otorgamiento de reembolsos por tratamiento médico, de acuerdo al grado de discapacidad de las PCDs con probada dificultad para afrontar tales gastos. Igualmente, y previa solicitud de éstas, la entrega o reparación de prótesis, soportes, sillas de ruedas, audífonos y aparatos, pizarras Braille, bastones y otras ayudas para rehabilitación. Medida complementada por otorgamiento de subsidios y asistencia técnica a las empresas que produzcan ayudas para rehabilitación y aparatos bio mecánicos.

 

74.              La ley mexicana prevé la creación de Bancos de prótesis, órtesis, ayudas técnicas y medicinas de uso restringido. La de Nicaragua, ayuda en equipos y otros instrumentos apropiados para las PCDs, y la supresión de los derechos de importación u otros requisitos que obstaculicen la pronta disponibilidad de esas ayudas y los materiales que no se puedan fabricar en el país. La ley de Panamá establece la obligación estatal de proveer instituciones de atención especializadas, así como la adquisición, reparación y mantenimiento de ayudas técnicas requeridas para la rehabilitación y habilitación de los menores discapacitados. La ley venezolana reconoce el derecho de toda persona al uso y goce de prótesis y demás equipos auxiliares que faciliten su integración. La peruana, por su parte, prevé el otorgamiento de prótesis, aparatos ortopédicos, medicinas, drogas y toda ayuda compensatoria para la rehabilitación física de las PCDs.

 

75.              Las normas internacionales de derechos humanos reconocen el derecho de todas las personas a la educación, y a una educación orientada hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Señalan, asimismo, que, entre otros aspectos, la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre.

 

76.              Para eliminar la discriminación que afecta a las PCDs en este campo y asegurar su igualdad de derechos en la esfera de la educación, los Estados deben asegurar a éstas las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación permanente y regular, con miras a reducir lo antes posible las diferencias de conocimiento que marcan la distancia entre quienes han podido educarse normalmente y quienes no lo han podido hacer porque sufren una discapacidad.

 

77.              La legislación de los países estudiados reconoce, por lo general, el principio de la igualdad de oportunidades de educación en los niveles primario, secundario y superior para los niños, los jóvenes y los adultos con discapacidad en entornos integrados, y procura que la educación de las PCDs constituya una parte integrante del sistema de enseñanza.

 

78.              Las legislaciones de países como Argentina, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Perú y Costa Rica, adoptan un enfoque que promociona la integración de las PCDs en el sistema educativo regular. En estos casos, las referidas legislaciones prevén que los centros educativos efectúen las adaptaciones necesarias, y proporcionen los servicios de apoyo requeridos, para que el derecho antes referido sea efectivo. Las adaptaciones y servicios referidos incluyen, por lo general, los recursos humanos especializados, las adecuaciones curriculares, las evaluaciones, metodología, recursos didácticos y planta física respectivas.

 

79.              La legislación española señala que las PCDs tienen derecho a la gratuidad de la enseñanza, en las instituciones de carácter general, en las de atención particular y en los centros especiales. La de Perú, que no puede negarse a nadie el acceso a un centro educativo por razones de discapacidad física, sensorial o mental, ni retirarla o expulsarla por este motivo. Son nulos todos los actos que, basados en motivos discriminatorios, afecten de cualquier manera la educación de una PCD.

 

80.              La legislación peruana señala que los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales que hubieren quedado discapacitados en acto de servicio y que, por tal motivo, hubieren tenido que interrumpir sus estudios superiores, tienen un período hasta de 5 años de matrícula vigente para su reincorporación al sistema universitario. Facilidad que también es otorgada a los alumnos universitarios que, durante su período académico de pre-grado, sufrieran alguna discapacidad por enfermedad o accidente

 

81.              En materia de participación en la educación de parientes o encargados de las PCDs, la ley de Costa Rica señala que los padres de familia o encargados de estudiantes con discapacidad, tienen el derecho de participar en la selección, ubicación, organización y evaluación de los servicios educativos. La de El Salvador, a participar en la organización y evaluación de los servicios educativos. La de Guatemala, por su parte, establece que los padres, tutores o representantes, tienen la obligación de inscribir y velar porque las PCDs asistan regularmente a clases y participar activamente en el proceso educativo de estos.

 

82.              La ley de Costa Rica señala que los programas de estudio y materiales didácticos que incluyan textos o imágenes sobre el tema de discapacidad, están obligados a presentarlos de manera que refuercen la dignidad e igualdad de los seres humanos.

 

83.              La de Brasil enfatiza la inclusión en el sistema educacional general de la Educación Especial, como una modalidad educativa comprensiva de todos los grados del sistema educativo. Su legislación instituye, además, un amplio repertorio de medidas orientadas a la formación de personal docente y profesionales especializados para todos los grados educacionales; la promoción de los recursos humanos requeridos para la ejecución de programas de asistencia, docencia e investigación en materia de rehabilitación, así como para la atención de las demandas y necesidades reales de las PCDs. Incluye, asimismo, el incentivo de las investigaciones y el desenvolvimiento tecnológico en todas las áreas del conocimiento relacionadas con estas. 

 

84.              La legislación de Chile concibe la Educación Especial como una modalidad diferenciada de la educación general. Su característica principal es constituir un sistema flexible y dinámico, que desarrolla su acción preferentemente en el sistema regular de educación, proveyendo servicios y recursos especializados a las personas, con o sin discapacidad, que presenten necesidades educativas especiales. La incorporación de las PCDs a la educación por vía de escuelas especiales, se efectuará solo de manera excepcional y por el tiempo indispensable. Dichas escuelas deben proveer de recursos especializados y brindar servicios y asesoría a los jardines infantiles, a las escuelas de educación básica y media, a las instituciones de educación superior o de capacitación en las que se aplique o pretenda aplicar la integración de personas que requieran educación especial. Deben fomentar, también, que los programas de Educación Superior integren materias relacionadas con la discapacidad en el ámbito de su competencia.

 

85.              De acuerdo con su legislación, la Educación Especial en España debe impartirse solo a aquellas PCDs a quienes resulte imposible integrarse en el sistema educativo ordinario y luego de un diagnóstico previo de contenido pluridimensional. Debe ser impartida en instituciones ordinarias del sistema educativo general, de forma continuada, transitoria o mediante programas de apoyo, según las condiciones de las deficiencias que afecten a cada alumno e iniciarse tan precozmente como se requiera en cada caso, acomodando su ulterior proceso al desarrollo psicobiológico de cada sujeto y no a criterios estrictamente cronológicos. Como en Chile, es concebida como un proceso integral, flexible y dinámico; de aplicación personalizada y en favor de la total integración social de la PCD.

 

86.              La ley de Colombia promueve la integración de las PCDs en la educación regular, en establecimientos educativos organizados por entidades gubernamentales y no gubernamentales, en el marco de un Proyecto Educativo Institucional. El Estado apoya a estas instituciones, dotándolas de material educativo que respondan a las necesidades específicas que presenten los alumnos. Establece metodologías para el diseño y ejecución de programas educativos especiales de carácter individual; y promueve el diseño, producción y difusión de materiales educativos especializados, así como de estrategias de capacitación y actualización para docentes en este campo.

 

87.              Tanto la ley colombiana como la salvadoreña prevén procedimientos y mecanismos que faciliten a las PCDs postular y acceder a créditos educativos y becas.

 

88.              En materia de promoción del deporte, la Ley colombiana dispone que el Gobierno organice y financie eventos deportivos y de recreación a nivel nacional para la participación de PCDs, así como para aquellas organizaciones que les prestan servicios, en eventos de esta naturaleza a nivel internacional. Prevé, asimismo, que los campos y escenarios deportivos públicos sean facilitados a los organismos oficiales o privados que se dediquen a la educación, habilitación y rehabilitación de PCDs. La ley peruana delega en el Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad la obligación de promover el desarrollo actividades deportivas entre PCDs y la disposición de expertos, equipos e infraestructura adecuados para tales prácticas.

 

89.              En forma similar y en materia de promoción cultural, la ley colombiana dispone que los escenarios culturales de propiedad pública sean facilitados a las entidades oficiales o privadas dedicadas a la educación, rehabilitación y capacitación de PCDs. Las personas inscritas en el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad del Perú tienen derecho a un descuento de hasta 50 % sobre el valor de la entrada a los espectáculos culturales y deportivos organizados y/o auspiciados por el Instituto Nacional de Cultura, el Instituto Nacional del Deporte y las Municipalidades.

 

90.              El trabajo constituye un medio de realización de la persona humana, por lo que todos los países deben procurar la plena accesibilidad de las PCDs a ocupaciones dignas y productivas, en condiciones de empleo justas y seguras, de modo que se asegure su desarrollo profesional y personal.

 

91.              Dado que las deficiencias que portan las PCDs pueden ser físicas, sensoriales, intelectuales o mentales, éstas no representan un conjunto uniforme, ni pueden ser tratadas ignorando estas diferencias. Las mismas, además, pueden tener un origen congénito o adquirido, y su incidencia en la capacidad de trabajar o integrarse en la vida social de una PCD puede ser mínima, o tener una relevancia tal que urja de sensibles niveles de apoyo y asistencia.

 

92.              Las medidas a adoptar para procurar el acceso o conservación de puestos de trabajo por una PCD, así como para que éste constituya un medio de realización personal, pueden ser – y de hecho son -  muy variadas. Al ocuparse del tema, las leyes analizadas están implícitamente reconociendo el aporte que las PCDs hacen en los centros de trabajo cuando ocupan puestos que corresponden a sus competencias y capacidades y existe una adecuada gestión de las condiciones que atañen a la discapacidad.

 

93.              Los países que se ocupan de este aspecto en su legislación lo hacen porque entienden que, de no hacerlo, se desaprovecharía el valioso aporte de las PCDs a la economía nacional; y se desperdiciaría, al mismo tiempo, la oportunidad de producir economías en las prestaciones de salud y seguros que la seguridad y las familias justificadamente les otorgan. Aspectos todos que guardan directa relación, además, con las condiciones que se requieren para erradicar la pobreza que afecta a muchas de las PCDs.

 

94.              Para revertir esta situación, las legislaciones bajo análisis consideran la adopción de medidas especiales positivas que faciliten el acceso de las PCDs al empleo, la conservación de sus puestos de trabajo y la ampliación de sus posibilidades de reintegración profesional. Medidas que permitan una adecuada gestión de las discapacidades en el trabajo, y sobre todo su articulación con las políticas generales de empleo y las estrategias globales de desarrollo. 

 

95.              Estas medidas comparten, en general, un enfoque que prioriza la incorporación de las PCDs en el sistema ordinario de trabajo, o en su caso, su incorporación a sistemas de trabajo protegido, en condiciones salubres, dignas y de mínimo riesgo a su seguridad. Cubren, con este fin, un amplio espectro de acciones, tal como sucintamente se apreciará a continuación.

 

96.              Algunos países han instituido a través de sus leyes sobre discapacidad sistemas de cuotas para PCDs, o el otorgamiento de puntajes adicionales durante los procesos de selección y contratación de personal en el sector público y/o privado, tal como ocurre, por ejemplo, en el caso de las legislaciones de Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador, India, Nicaragua, España, Perú y Venezuela. Otros han reservado, también a través de su legislación, puestos de trabajo o actividades productivas para ser desempeñadas por PCDs, tal como ocurre en los casos de Argentina, Colombia, Corea.

 

97.              Algunos países conceden a través de su legislación incentivos económicos, financieros y tributarios para la contratación de PCDs en las empresas del sector privado. Situación que se aprecia en la legislación de países como Colombia, Bolivia, Perú. Asimismo, el establecimiento de medidas para asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso y/o mantenimiento del empleo de trabajadores afectados por una discapacidad, tal como ocurre con la legislación de Perú.

 

98.              Países como España prevén en su legislación el fomento de contratos de aprendizaje para jóvenes trabajadores con discapacidad. Otros, como Colombia, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Estados Unidos y Guatemala, además de la misma España, consideran la promoción de medidas de ajuste para facilitar la accesibilidad y adaptaciones requeridos en el centro y puestos de trabajo para permitir la integración de PCDs. O la preferencia en la adquisición de bienes y servicios producidos por PCDs, como ocurren el caso de las leyes de Colombia y Perú.

 

99.              Medidas de promoción del empleo por cuenta propia de las PCDs, o su empleo en talleres de trabajo protegido, se incluyen en las legislaciones de Argentina, Colombia, Bolivia, Ecuador, España, México, Nicaragua y Perú. La formación de bancos de proyectos y la instauración de fondos rotatorios para facilitar y promover las actividades económicas implementadas por las PCDs esta presente, asimismo, en la legislación del Perú.

 

100.          Medidas para el fomento de la capacitación, formación laboral, así como orientación vocacional de las PCDs se aprecian en las legislaciones de Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Corea, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Perú. Lo mismo que la disposición de servicios públicos de colocación de trabajadores y/o agencias de empleo que los incluyan, tal como se instituye en las leyes de España, Ecuador, El Salvador y México.

 

101.          El otorgamiento de subsidios o servicios de readaptación y reubicación laboral a quienes, por razón de su discapacidad, se encuentren impedidos de generar ingresos propios para su subsistencia y mantenimiento, esta presente en las leyes de Colombia, España, Ecuador, y Guatemala.

 

102.          Brasil y Ecuador prevén el establecimiento de garantías contra el despido arbitrario o discriminatorio de PCDs por razón de su discapacidad. La legislación de Perú, la promoción y supervisión de la aplicación de la normatividad en materia de programas de prevención de accidentes laborales y de contaminación ambiental que ocasionen enfermedades profesionales y generen discapacidad.

 

103.          La mayor parte de estas medidas son incluidas en programas nacionales para el desarrollo e integración de las PCDs, dentro de los cuales – como es el caso de las legislaciones de México y Perú, por ejemplo – se incluyen programas específicos de empleo y capacitación.

 

104.          En materia de seguridad social, algunas leyes, como las de Argentina, Colombia, Costa Rica, Corea, Perú y Estados Unidos, prevén disposiciones referentes al otorgamiento de servicios especiales a los asegurados con discapacidad. Por lo general, tales leyes incluyen dentro del concepto de prestaciones médico-asistenciales básicas, las que requiera la rehabilitación de las personas discapacitadas. Sin embargo, entre éstas, pueden advertirse tienen algunas consideraciones  diferenciadas.

 

105.          Así la ley de Argentina señala que el monto de las asignaciones por escolaridad primaria, media y superior, y las de ayuda escolar, se duplicarán cuando el hijo a cargo del trabajador, de cualquier edad, fuere discapacitado y concurriese a establecimiento oficial, o privado controlado por autoridad competente, donde se imparta educación común o especial.

 

106.          Por su parte, la ley de Colombia indica que las personas con limitación deberán aparecer calificadas como tales en el carné de afilado al Sistema de Seguridad en Salud, ya sea el régimen contributivo o subsidiado.

 

107.          La Ley de Costa Rica  dispone que las personas con discapacidad que realicen una labor lucrativa, independientemente de su naturaleza, estarán incorporadas en los regímenes de riesgos de trabajo, enfermedad y maternidad e invalidez, vejez o muerte. Asimismo, el Estado le otorgará una prestación económica durante el período de hospitalización, si es necesario, hasta por un año, y esta no podrá ser inferior a la pensión mínima del régimen contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social.

 

108.          El Estado costarricense garantiza la capacitación laboral de las personas que, como consecuencia de una enfermedad o lesión desarrollen una discapacidad que les impida continuar con el trabajo que realizaban. Esta capacitación procurará que se adapten a un cargo de acuerdo con las nuevas condiciones. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por su parte,  mantendrá un servicio con profesionales calificados, para brindar asesoramiento en la readaptación, colocación y reubicación en el empleo de las personas con discapacidad. Para facilitar sus acciones, la ley establece que dicho servicio debe mantener contacto permanente con las organizaciones de personas con discapacidad.

 

109.          La Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros están obligadas a ofrecer servicios de rehabilitación en todas las regiones del país, incluyendo servicios a domicilio y ambulatorios, los que deberán ser de igual calidad, con recursos humanos y técnicos idóneos y servicios de apoyo necesarios para garantizar una atención óptima a las PCDs.

 

110.          En referencia a la inclusión de PCDs no aportantes a los sistemas de Seguridad Social, o a la creación de seguros especiales para PCDs que no tienen ingresos porque no trabajan, la ley de Colombia establece que las PCDs que, con base a certificación médica autorizada, no puedan gozar de un empleo competitivo y por lo tanto no puedan producir ingresos al menos equivalentes al salario mínimo legal vigente, tendrán derecho a ser beneficiarias de un Régimen Subsidiado de Seguridad Social. En el caso de la legislación de Corea, si bien ésta carece de artículos específicos sobre Seguridad Social para PCDs, contempla que los gobiernos nacionales y locales provean protección adecuada, a lo largo de toda su vida y a través de asignaciones especiales, a las PCDs que sean consideradas dependientes debido a una severa discapacidad.

 

111.          La ley de Perú indica que el ente rector  -CONADIS-  debe coordinar un régimen especial de prestaciones de salud asumidas por el Estado para PCDs severa y en situación de extrema pobreza.

 

112.          La ley de España contempla un sistema especial de prestaciones sociales y económicas para PCDs que, por no desarrollar una actividad laboral, estén excluidos del campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social ordinario. La ley señala que la cobertura protectora de dicho sistema debe comprender, al menos, asistencia sanitaria y prestaciones farmacéuticas; subsidios de garantía de ingresos mínimos; subsidios por ayuda de tercera persona; subsidios de movilidad y compensación para gastos de transporte; así como recuperación profesional y rehabilitación médico-funcional.

 

113.          La asistencia sanitaria y farmacéutica antes referida será prestada por los servicios sanitarios del sistema de Seguridad Social, con la extensión, duración y condiciones que reglamentariamente se determinen.

 

114.          La ley de El Salvador dispone que las instituciones de seguridad social deben buscar, por todos los medios posibles, la forma para que la atención de sus derechohabientes incluya a las PCD en grado severo, que no sean rehabilitables y que, por lo tanto, tengan que depender económicamente y de por vida de otra persona, para que sean beneficiarios de pensión de orfandad ya sea del padre, de la madre o de ambos, en cuyo caso tendrán derecho ambas, siempre que cada uno de ellos hubiere adquirido individualmente el derecho a pensión.

 

115.          La ley de los Estados Unidos señala que todos los  niños con discapacidad tienen derecho a atención de la salud y la educación de forma gratuita y a un Seguro Social. La de la India, por su parte, indica que, dentro de los límites de su capacidad económica, el gobierno debe diseñar un esquema para el pago de una concesión de desempleo a las personas con invalideces registradas, que en el lapso de dos años no hubieran podido obtener una ocupación remunerada. Asimismo, señala que se concederá ayuda financiera a las organizaciones no-gubernamentales que se orienten a la atención de las PCDs en situación de extrema pobreza.

 

116.          Por su parte, la Ley de Costa Rica dispone que no podrá negarse a nadie la adquisición de un seguro de vida o una póliza de atención médica, basándose exclusivamente en la presencia de una discapacidad.

 

117.          La Ley de Venezuela  establece que las compañías aseguradoras, y los institutos de previsión social, tienen la obligación de facilitar pólizas de seguros de vida o accidentes personales a las PCDs, previo estudio y consideración de su situación especial.

 

118.          En materia de asistencia y servicios sociales específicos, los avances implementados en la legislación bajo análisis son muy importantes. Entre ellos, cabe destacar, en particular, los recogidos en las leyes de Bolivia, Corea, Costa Rica, Chile, Ecuador,  España, México, Venezuela y Perú que prevén el otorgamiento de franquicias, liberaciones y/o exenciones en el pago de gravámenes e impuestos a toda importación de equipos, materiales, e instrumental destinados a los Centros de Habilitación y Rehabilitación; así como a los equipos y enseres de uso estrictamente personal de las PCDs.

 

119.          En forma similar a la ley de Argentina que dispone la creación de hogares con internación total o parcial para personas discapacitadas cuya atención sea dificultosa a través un grupo familiar, la de Colombia otorga prioridad a la instalación de residencias y hogares comunitarios para PCDs. En este último caso, la ley colombiana establece que el Gobierno, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y en cooperación con las organizaciones de PCDs, debe prever los recursos necesarios para crear una red nacional de residencias, hogares comunitarios y escuelas de trabajo con el fin de atender las necesidades de las PCDs con limitaciones severas, carentes de familia, o que aún teniéndola adolezcan de severos problemas de integración.

 

120.          La ley colombiana prevé, asimismo, la realización de labores de información y orientación familiar. En este último aspecto, tales servicios tendrán como objetivo informar y capacitar a las familias, así como entrenarlas para atender la estimulación de aquellos de sus miembros que adolezcan de algún tipo de limitación, con miras a lograr la normalización de su entorno familiar como uno de los elementos preponderantes de su formación integral. La ley considera, de igual modo, la exoneración de franquicias a todo envío postal nacional de material especial para la atención, educación, capacitación y rehabilitación de PCDs.

 

121.          La Ley de Corea prevé el otorgamiento, por los Gobiernos nacional y Locales, de asignaciones de vida para personas con severa discapacidad que sean consideradas dependientes.

 

122.          La Ley de Costa Rica garantiza que las PCDs agredidas física, emocional o sexualmente, tratadas con negligencia, que no cuenten con una familia o se encuentren en estado de abandono, tengan acceso a los medios que les permitan ejercer su autonomía y desarrollar una vida digna.

 

123.          La ley ecuatoriana dispone que las PCDs que cuenten con carné o registro del Consejo Nacional de Discapacidades paguen tarifas preferenciales del 50% los servicios de transporte terrestre (urbano, parroquial o interprovincial; público o privado), así como aéreos (en rutas nacionales), fluviales, marítimos y ferroviarios, los cuales serán prestados en las mismas condiciones que a los demás pasajeros que pagan la tarifa completa. También otorga una exoneración del 50% en las tarifas de los espectáculos públicos.

 

124.          Las leyes de Ecuador y Perú instituyen un “Día de las Personas con Discapacidad”, oportunidad en la cual se deben desarrollar acciones de sensibilización pública en favor de éstas. En Ecuador el 3 de Diciembre, y en Perú el 16 de octubre.

 

125.          Por su perspectiva integral, la ley española es buen ejemplo en este aspecto, dado contiene un abanico significativo de medidas que aseguran el acceso de las PCDs a servicios de asistencia y protección social. En efecto, la ley prevé un sistema especial y completo de prestaciones sociales y económicas para las PCDs que, por no desarrollar una actividad laboral, estén excluidos del campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social. Tales servicios deben otorgarse a todas las PCDS sin discriminación alguna; ser prestados tanto por la administración pública como por instituciones o personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro; y los que sean responsabilidad de las Administraciones Públicas ser prestados por instituciones y centros de carácter general a través de los cauces y mediante los recursos humanos, financieros y técnicos de carácter ordinario, salvo cuando, excepcionalmente, las características de las minusvalías exijan una atención singularizada.

 

126.          La prestación de los servicios antes acotados debe respetar al máximo la permanencia de las PCDs en su medio familiar y entorno geográfico, mediante la adecuada localización de los mismos, a la vez que contemplar, especialmente, la problemática peculiar de las PCDs que viven en zonas rurales. Y deben procurar, asimismo, y hasta el límite que impongan los distintos tipos de minusvalías, la participación de las propias PCDs, en las tareas comunes de convivencia, de dirección y control de los referidos servicios sociales.

 

127.          La ley española establece además la obligación de brindar orientación familiar a las familias, así como capacitación y entrenamiento para que puedan atender la estimulación y maduración de los hijos con discapacidad y la adecuación del entorno familiar a las necesidades rehabilitadoras de aquellos.

 

128.          La remoción de los obstáculos que impiden la plena e integral accesibilidad de las PCDs en todos los aspectos de la vida económica y social es un requisito indispensable para la realización de la igualdad de oportunidades. Para ello se requiere que los diversos sistemas de la sociedad, el entorno físico, los servicios, las actividades, la información y la documentación se pongan a disposición de todos, especialmente de las PCDs.

 

129.          Para que el principio de la igualdad de derechos sea efectivo, se necesita, al mismo tiempo, reconocer que las necesidades de todas las personas tienen igual importancia; que esas necesidades deben constituir la base de la planificación de las sociedades; y que todos los recursos deben emplearse de manera tal que garanticen que todas las personas tengan las mismas oportunidades de participación.

 

130.          Las PCDs son miembros de la sociedad y, como tales,  tienen el derecho a permanecer y participar a plenitud en sus comunidades. Para concretar este derecho no solo deben recibir el apoyo que requieren en el marco de las estructuras comunes de educación, salud, empleo y servicios sociales, sino que además deben tomarse medidas para que el entorno físico sea accesible y para garantizar el acceso de éstas a la información y la comunicación.

 

131.          La mayor parte de la legislación de los países que han sido materia de este estudio contempla medidas para asegurar la accesibilidad y eliminación de los obstáculos a la participación de las PCDs en el entorno físico, por ejemplo, en lo que se refiere a las viviendas, los edificios, los servicios de transporte público y otros medios de transporte, las calles y otros lugares al aire libre, así como para garantizar su derecho a la información y documentación escritas. Países como Chile han integrado en su legislación, además, medidas dirigidas a garantizar la plena accesibilidad de las PCDs en materia de educación, cultura y trabajo.

 

132.          La legislación de México define las “Barreras físicas”, como “Todos aquellos obstáculos que dificultan, entorpecen o impiden a las personas con discapacidad, su libre desplazamiento en lugares públicos o privados, exteriores, interiores o el uso de los servicios comunitarios.

 

133.          Las leyes de Ecuador, Chile, Brasil, El Salvador, España, México y Corea, contemplan disposiciones dirigidas a que toda obra pública o privada que suponga acceso del público, (lo que ocurre habitualmente con caminos, parques, aceras, jardines, plazas, servicios sanitarios, medios de transporte, sistemas de comunicaciones, edificios públicos y/o de departamentos y otras instalaciones públicas), integre accesos, medios de circulación, información e instalaciones adecuadas para PCDs.

 

134.          Las leyes de Corea y México instituyen explícitamente el deber de crear instalaciones para que las PCDs puedan participar, además, en actividades culturales, de entretenimiento y deporte de manera positiva. La del Perú dispone la adecuación progresiva del diseño urbano de las ciudades y un plazo para que todas las edificaciones se doten de medios de accesibilidad para las PCDs.

 

135.          La ley española obliga a los proyectos de viviendas de protección oficial y a las viviendas sociales a incluir un mínimo de 3% de viviendas con características constructivas accesibles a las PCDs. Obligación que alcanza, también, a los proyectos de viviendas de cualquier otro carácter que se construyan, promuevan o subvencionen por el Estado. Otorga, asimismo,  subsidios y préstamos con subvención de intereses a las reformas que las PCDs tengan que realizar, por causa de su minusvalía, en su vivienda habitual y permanente. Y establece, igualmente, la obligación de adaptar los ascensores para que puedan transportar, simultáneamente, una silla de ruedas de tipo normalizado y una persona no minusválida. 

 

136.          La legislación de México considera el otorgamiento de créditos para la adquisición de viviendas y la adaptación de las que habitan las PCDs, señalando que éstas deben cumplir con las normas técnicas en su infraestructura interior y exterior, para asegurar el acceso y libre desplazamiento de las mismas.

 

137.          La legislación de Ecuador, Chile y Costa Rica considera la reserva de asientos para PCDs y la progresiva adecuación de las unidades de transporte a las necesidades de estas personas. La ley mexicana señala que los vehículos del servicio público de transporte deben cumplir con especificaciones técnicas que permitan el acceso y uso a las PCDs, incluyendo la adecuación de instalaciones físicas como paraderos y estaciones; e instruye el deber de llevar a cabo programas y campañas de educación vial y cortesía urbana, encaminados a motivar los hábitos de respeto hacia las PCDs en su tránsito por la vía pública y en lugares de acceso al público. Establece, asimismo, que las personas ciegas acompañadas de perros guía tienen libre acceso a todos los servicios públicos, servicios al público o comerciales.

 

138.          La legislación de Chile, Costa Rica y El Salvador, dispone que todos los establecimientos y edificios destinados a un uso que implique la concurrencia de público deben contar con estacionamientos para vehículos conducidos por PCDs, o que las transporten, debiendo reservar, al mismo tiempo, un número suficiente de ellos para su uso. Con el objeto de garantizar la movilidad y seguridad de las PCDs en relación con los medios de transporte público, la ley costarricense establece además la obligación de adoptar medidas técnicas que conduzcan a su adaptación a las necesidades de estas personas, estableciéndose sistemas adecuados de señalización y orientación del espacio físico.

 

139.          Las leyes de Colombia y Costa Rica prevén medidas para asegurar pleno el acceso de las PCDs a las bibliotecas públicas. En el caso de Colombia, se ha dispuesto, además, que todo papel moneda y moneda metálica sea distinguida de modo que pueda ser usada sin dificultad por todas las personas.

 

140.          Por su parte, y en cuanto refiere a las normas sobre accesibilidad en materia de comunicación, las leyes de Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, y México promueven tanto la eliminación de barreras respecto a la difusión de información, como la incorporación de recursos tecnológicos y humanos que permitan la recepción de mensajes y el acceso pleno de todas las personas a los sistemas de comunicación y señalización. En el caso de Ecuador, incluyendo el uso del lenguaje de señas ecuatorianas, la generación de caracteres, el uso del sistema braille y otros medios que faciliten el ejercicio por las PCDs de su derecho a la comunicación y la información.

 

141.          La ley ecuatoriana otorga particular cuidado a la problemática de las personas sordas con el objeto de garantizar su derecho al uso del lenguaje de señas, a la educación, bilingüe u oralista, así como el auspicio de la investigación y difusión de la misma. para garantizar a las personas con deficiencias auditivas el ejercicio de su derecho de informarse. La de Costa Rica señala que todas las personas deben tener acceso a los aparatos telefónicos, y éstos deben estar instalados y ubicados de manera tal que sean accesibles para todos.

 

142.          Tanto la legislación de Costa Rica, como la de El Salvador, señalan que los pasos peatonales deben contar con rampas, pasamanos, señalizaciones visuales, auditivas y táctiles que garanticen su utilización sin riesgo por las PCDs. Los ascensores, por su lado, deben disponer de facilidades de acceso, manejo, señalización visual, auditiva y táctil, y mecanismos de emergencia, de modo que puedan ser utilizados por todas las personas.

 

143.          En materia de asistencia y servicios sociales específicos, son destacables las siguientes prácticas recogidas de la legislación analizada: Las Leyes de Bolivia, Corea, Costa Rica, Chile, Ecuador, España, México, Venezuela y Perú prevén el otorgamiento de franquicias, liberaciones y/o exenciones en el pago de gravámenes e impuestos a toda importación de equipos, materiales, e instrumental destinados a los Centros de Habilitación y Rehabilitación en todo le país; y equipos y enseres de uso estrictamente personal de PCDs.

 

144.          La Ley de Argentina dispone la creación de hogares con internación total o parcial para personas discapacitadas cuya atención sea dificultosa a través un grupo familiar. La de Colombia, igualmente, da especial prioridad a la instalación de residencias, hogares comunitarios. Señala, además, que el Gobierno, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y en cooperación con las organizaciones de personas con discapacidad, preverá los recursos necesarios para crear una red nacional de residencias, hogares comunitarios y escuelas de trabajo cuyo objetivo será atender las necesidades de aquellas personas con limitaciones severas, carentes de familia, o que aún teniéndola adolezcan de severos problemas de integración.

 

145.          La misma ley colombiana dispone la realización de labores de información y orientación familiar. Los servicios de orientación familiar, tendrán como objetivo informar y capacitar a las familias, así como entrenarlas para atender la estimulación de aquellos de sus miembros que adolezcan de algún tipo de limitación, con miras a lograr la normalización de su entorno familiar como uno de los elementos preponderantes de su formación integral.

 

146.          En el mismo sentido, dispone medidas de atención especial y señala que todo envío postal nacional de material especial para la atención, educación, capacitación y rehabilitación de personas con limitación, gozará de franquicia postal. Para estos efectos se requerirá prueba acerca de la naturaleza del material.

 

147.          La Ley coreana indica que los Gobiernos nacional y Locales pueden proveer asignaciones de vida para personas con severa discapacidad y que son consideradas dependientes. La Ley de Ecuador dispone que las personas con discapacidades que cuenten con carné o registro del .Consejo Nacional de Discapacidades pagarán una tarifa preferencial del 50% en el transporte terrestre (urbano, parroquial o interprovincial; público o privado), así como servicios aéreos en rutas nacionales, fluvial, marítimo y ferroviario, los cuales serán prestados en las mismas condiciones que los demás pasajeros que pagan la tarifa completa. También otorgan exoneración del 50% en las tarifas de los espectáculos públicos.

 

148.          La Ley de Costa Rica garantiza que las personas con discapacidad agredidas física, emocional o sexualmente, tratadas con negligencia, que no cuenten con una familia o se encuentren en estado de abandono, tengan acceso a los medios que les permitan ejercer su autonomía y desarrollar una vida digna.

 

149.          La Ley de Ecuador establece  el 3 de diciembre de cada año como día clásico de las personas con discapacidad, en el cual se desarrollarán acciones de sensibilización a la sociedad. La Ley peruana establece el 16 de octubre “Día Nacional de los derechos de las Personas con discapacidad”.

 

150.          La Ley española crea un sistema especial de prestaciones sociales y económicas para los minusválidos que, por no desarrollar una actividad laboral, no estén incluidos en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social. La acción protectora de dicho sistema comprende: asistencia sanitaria y prestación farmacéutica.;subsidio de garantía de ingresos mínimos, subsidio por ayuda de tercera persona, subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte, recuperación profesional, rehabilitación médico-funcional. Asimismo, establece que los minusválidos acogidos en centros públicos o privados financiados en todo o en parte con fondos públicos, y en tanto permanezcan en ellos, tendrán derecho a la parte del subsidio de garantía de ingresos mínimos que reglamentariamente se determine. Asimismo dispone que se brinde orientación familiar con el objetivo de dar información, capacitación y entrenamiento a las familias, para atender a la estimulación y maduración de los hijos minusválidos y la adecuación del entorno familiar a las necesidades rehabilitadoras de aquéllos.

 

151.          Los servicios de atención domiciliaria tendrán como cometido, de acuerdo con esta legislación, la prestación de atenciones de carácter personal y doméstico, así como prestaciones rehabilitadoras.

 

152.          Los servicios de residencias y hogares comunitarios, previstos por la ley de España, tienen como objetivo atender a las necesidades básicas de aquellos minusválidos carentes de hogar y familia o con graves problemas de integración familiar. El Estado español fomenta la colaboración del voluntariado en la atención de las PCDs promoviendo la constitución y funcionamiento de instituciones sin fin de lucro que agrupen a personas interesadas en esta actividad.

 

153.          Cabe mencionar, para terminar esta sección, que la ley de Brasil, en hecho que la distingue del conjunto, confiere fuerza de Ley a la inserción de la problemática sobre discapacidad en el Censo Nacional.


SECCIÓN TRES:              RECOMENDACIONES

 

La revisión legislativa que acabamos de efectuar ha estado guiada por el objetivo de ofrecer a los formuladores de políticas públicas, y en particular a los legisladores, así como a las demás entidades públicas y privadas relacionadas con las PCDs, información sistematizada y elementos de juicio que les permitan desarrollar nuevas propuestas para promover los derechos de las personas con discapacidad..

 

Con el mismo fin, y sin agotar todas las posibilidades que emergen de tan vasta como variada información, se proponen las siguientes modificaciones de carácter legislativo:

 

  1. Incluir en la legislación una definición de la persona con discapacidad y otros conceptos que ubiquen la perspectiva adoptada en procura de armonizar las políticas y prácticas nacionales a los estándares internacionales que regulan el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Definiciones que, además, contribuyan al propósito de homologar criterios entre los operadores del derecho – tanto públicos como privados - en la materia tratada.

 

  1. En materia de principios rectores de la legislación sobre discapacidad, declarar de interés nacional, publico y social la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad; la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación que las afectan; así como su desarrollo integral y plena integración en la sociedad, en igualdad de condiciones de calidad, equidad, oportunidad, derechos v deberes que el resto de los habitantes de la Republica.

 

  1. Reconocer de manera explícita, el rol esencial de la familia para el logro del objeto y las acciones consideradas a favor de las PCDs.

 

  1. Reconocer el derecho de las personas con discapacidad que no disfruten del derecho de vivir con su familia, a contar con opciones para vivir, con dignidad, en ambientes no segregados.

 

  1. Reconocer el deber estatal de adoptar medidas de carácter legislativo, social, presupuestario, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para garantizar la igualdad y equidad de oportunidades, eliminar la discriminación de las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad. Asimismo, de ofrecer a las familias información y capacitación accesible, oportuna e integral para atender la presencia de discapacidad en uno o varios miembros de la familia.

 

  1. Instituir al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), como Organismo Público Descentralizado, con rango ministerial, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros.

 

  1. En materia de registro y certificación, que el Ministerio de Salud y CONADIS creen un Sistema Unico de Calificación de Discapacidades en base a la adecuación de la Clasificación Internacional de Discapacidades (CIF); que se establezcan programas regulares de capacitación del personal médico en materia de certificación; se instituyan Brigadas Itinerantes de Certificación para zonas rurales, a cargo del Ministerio de Salud; y que ésta sea de carácter gratuito. Asimismo, que el referido registro sea descentralizado y esté a cargo de las municipalidades, a través de sus respectivas OMAPEDs, previa capacitación por el CONADIS.

 

  1. En materia de salud y prevención de discapacidades, que se instituya un Plan Nacional de Prevención de Discapacidades, en el que participen los sectores Salud, Educación y Trabajo, así como los Gobiernos Regionales y Locales, comprometiendo a los medios de comunicación estatales y privados y la comunidad. Dicho Plan de Prevención debería contener, al menos:

 

·        Acciones de control pre y post natal

·        Campañas de vacunación contra enfermedades transmisibles;

·        Acciones de detección e intervención temprana;

·        Medidas de lucha contra las enfermedades endémicas;

·        Programas de sobrevivencia infantil;

·        Acciones de apoyo alimentario y mejoramiento de las prácticas nutricionales;

·        Control obligatorio de la salud, una vez al año de los niños de 0 a 12 años

·        Medidas de mejoramiento de las acciones educativas en salud;

·        Educación sexual;

·        Mejoramiento de los servicios sanitarios;

·        Educación en materia de higiene y de seguridad en el hogar, en el trabajo y en el medio ambiente;

·        Control de consumo de drogas y alcohol;

·        Control de accidentes;

·        Control de salud ambiental.

 

  1. En referencia a las medidas y políticas de Rehabilitación, adoptar el principio de No Discriminación de las PCDs en todos los  servicios de Salud Pública; prohibir toda forma de exclusión en las atenciones contempladas en los programas de salud implementados por el Estado; integrar el  enfoque de Rehabilitación Integral incluyendo acciones de atención médica, psicológica, de capacitación e inserción laboral y social, accesibles y oportunas; incorporar el enfoque de la Rehabilitación Basado en la Comunidad como estrategia y política nacional en la atención a las PCDs; crear Centros de Rehabilitación en todos los Departamentos del interior del país, incluyendo la provisión de servicios de apoyo y las ayudas técnicas que los usuarios requieran.

 

  1. En la misma materia se propone incluir a las PCDs en el Seguro Integral de Salud (SIS); la capacitación permanente a los profesionales de la Salud y la potenciación y modernización de los servicios de salud para las Personas con discapacidad psiquiátrica, los mismos que deben ser conducidos con un enfoque comunitario.

 

  1. En referencia a la dotación de Ayudas bio-mecánicas, se propone que, en aquellos casos que en razón de la discapacidad, sea imprescindible el uso de prótesis, de órtesis o de otras ayudas técnicas para realizar las funciones propias de la vida diaria, para la educación o para el trabajo, la adquisición, conservación, adaptación y renovación de dichos aparatos se entienda como parte del proceso de rehabilitación y sea asumida por el Estado. Asimismo, la institución de un Banco de Ayudas Bio Mecánicas y Medicinas que permita a las PCDs obtener facilidades para acceder a las ayudas que requieran, a través de donaciones o préstamos, según su condición socio económica.

 

  1. En materia de educación, se propone reconocer explícitamente el derecho de las PCDs a la educación y a no ser discriminados por razón de su discapacidad, previéndose medidas para asegurar el ejercicio efectivo de este derecho. Las personas con necesidades educativas especiales deben poder recibir su educación en el sistema educativo regular, con los servicios de apoyo requeridos. Cuando la naturaleza y/o grado de discapacidad no haga posible la integración de las PCDs a la educación regular, la enseñanza especial debe ser impartida en clases especiales dentro de los mismos establecimientos educacionales regulares. Solo cuando se declare oficialmente indispensable, la incorporación a la educación se hará en escuelas especiales, por el tiempo que sea necesario.

 

  1. Los procedimientos de ingreso de todas las entidades educativas deben adecuarse para permitir el acceso de las PCDs y dotarse de materiales educativos específicos según la discapacidad que presenten los alumnos, incluidas las bibliotecas de acceso público.

 

  1. Los establecimientos que exhiban espectáculos artísticos, culturales o deportivos deben ser acondicionados para que las PCDs accedan a los mismos.

 

  1. En materia laboral, para compensar las desventajas de las PCDs, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo debe integrar en su Plan Operativo Anual medidas especiales con el fin de lograr la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre los trabajadores con discapacidad y sin discapacidad, así como para promover oportunidades de empleo para las PCDs que se ajusten a las normas de empleo y salario aplicables a los trabajadores en general. Se debe crear un servicio de defensa legal gratuito y de asesoría del trabajador con discapacidad, encargado de defender y promover el ejercicio de los derechos de los trabajadores con discapacidad, en un marco de no discriminación e igualdad y equidad de oportunidades.

 

  1. Debe instituirse un Sistema de Colocación Selectiva para trabajadores con discapacidad, así como sistemas de cuotas e incentivos, para la contratación de trabajadores con discapacidad en todos los entes públicos y privados.

 

  1. El Ministerio de Trabajo debe administrar un Banco de Proyectos a fin de facilitar y promover las empresas promocionales para PCDS. Se debe implementar, de manera efectiva, un Fondo de Crédito Rotatorio para financiar las actividades de tales empresas.

 

  1. En el ámbito de la seguridad social se propone ampliar progresivamente la oferta de servicios de rehabilitación a todas las regiones del país, incluyendo servicios a domicilio y ambulatorios, de igual calidad en todas ellas, habilitados con recursos humanos y técnicos idóneos, así como con  los servicios de apoyo que se requieran para garantizar una atención óptima de las necesidades de las PCDs. La ampliación referida debe ser prevista en los planes operativos anuales de las entidades a cargo de la seguridad social, incluyendo metas, plazos y recursos idóneos para el logro del objetivo propuesto.

 

  1. Se propone, complementariamente, la creación de un Régimen Subsidiado de Seguridad Social en materia de salud y pensiones para las personas con discapacidad, debidamente inscritas en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, que no puedan gozar de un empleo competitivo y por lo tanto no puedan aportar al Sistema Regular de la Seguridad Social. El Régimen Subsidiado de Seguridad Social deberá otorgar los mismos beneficios contemplados en el Régimen común para las demás personas que carecen de una limitación.

 

  1. En materia de accesibilidad, se propone la adecuación del diseño urbano de las ciudades a las necesidades de las PCDs así como la promoción de viviendas accesibles y medidas relacionadas con la accesibilidad en el transporte.

 

 

  1. Debe instituirse una red nacional de residencias, hogares comunitarios y escuelas de trabajo cuyo objetivo sea atender las necesidades de aquellas personas con limitaciones severas, carentes de familia, o que aún teniéndola adolezcan de severos problemas de integración.

 

  1. Debe disponerse que todo envío postal nacional de material relacionado con la atención, educación, capacitación y rehabilitación de PCDs, goce de franquicia postal. Asimismo, la institución de una tarifa preferencial del 50% en el transporte terrestre (urbano, parroquial o interprovincial, público o privado), así como en los servicios aéreos en rutas nacionales, fluvial, marítimo y ferroviario, los cuales serán prestados en las mismas condiciones que los demás pasajeros que pagan la tarifa completa. La exoneración del 50% en las tarifas de los espectáculos públicos.

 

  1. Deben establecerse servicios de orientación familiar con objetivo de dar información a las familias,  capacitación y entrenamiento para atender a la estimulación y maduración de los hijos con discapacidad y la adecuación del entorno familiar a las necesidades rehabilitadoras de aquéllos.

 

  1. Debe fomentarse la organización de un voluntariado para la atención de PCDs, promoviendo la constitución y funcionamiento de instituciones sin fin de lucro que agrupen a personas interesadas en esta actividad, a fin de que puedan colaborar con los profesionales en la realización de actividades de promoción de su desarrollo integral.

 

  1. Debe darse prioridad a la atención de las PCDs en los Programas sociales del Gobierno Central, y gobiernos regionales y locales.

 

  1. Debe realizarse un Censo de PCDs.

 

  1. Debe declararse la Década de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

  1. Debe preverse un régimen que establezca que el incumplimiento de la ley acarrea sanciones administrativas, así como medidas de responsabilidad civil y penal para los infractores.

 

JM/LEC/31.10.03



[1] Ley 22.431 del 16 de marzo de 1981.

[2] Idem, Art.. 2 y 3.

[3] Idem, Art. 4.

[4] Ley 1678 del 18 de diciembre de 1995.

[5] Idem, Art. I.

[6] Ley 7.853 del 24 de octubre de 1989.

[7] Ley 19.284 del 5 de enero de 1984.

[8] Idem, Art. 3.

[9] Ley 361 de 7 de febrero de 1997.

 

[10] Idem, Art.. 1 y 2.

[11] Idem, Art. 3.

[12] Ley 4179, Promulgada el 30 de Diciembre de 1989

[13] Idem, Art. 2.

[14] Idem, Art. 3.

[15] Idem, Art. 4.

[16] Idem, Art. 5.

[17] Ley 7600 del 18 de abril de 1996.

[18] Idem, Art. 1.

[19] Idem, Art.. 1 y 2.

[20] Idem, Art.. 6 a 9

[21] Idem, Art.. 1o y 11.

[22] Codificación Nº 000.RO/301 del 6 de abril de 2001

[23] Idem, Art. 3.

[24] Ley 13 del 7 de abril de 1982.

[25] Constitución de España, artículo 49: “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.

[26] Idem, Art.. 1 y 2.

[27] Idem, Art. 7.

[28] Americans with Disabilities Act 1990

[29] Idem. Título I

[30] Decreto 135-96 de 28 de noviembre de 1996

[31] Idem, Art. 21.

[32] Disability Discrimination Act - 1995

 

[33] Idem. Puntos 1 y 3

[34] Ley del 1 de enero 1996

[35] Idem. Art.2

[36] Ley del 27 de noviembre de 1995.

[37] Idem, Art. 2.

[38] Idem, Art. 4.

[39] Ley 202 del 27 septiembre 1995

[40] Idem. Art. 3

[41] Ley 3 del 17 de Mayo de 1994 o Código de la Familia

[42] Idem, Art. 517.

[43] Idem, Art. 518.

[44] Ley 27050 del 18 de diciembre de 1998.

[45] Ley del 15 de agosto de 1993

[46] Idem. Art. 2

[47] Ley Nº 22.431 del 16 de marzo 1981

[48] Idem, Art. 5.

[49] Ley 1678 de 18 de diciembre 1995

[50] Idem, Art.. 17 y 18.

[51] Idem, Art. 19.

[52] Idem, Art. 21.

[53] Idem, Art. 23.

[54] Ley 7.853 del 24 de octubre 1989

[55] Idem, Art.. 10 y 11.

[56] Idem, Art. 12.

[57] Idem, Art. 13.

[58] Idem, Art. 9.

[59] Ley 19.284 del 5 de enero 1984

[60] Idem, Art. 52.

[61] Idem, Art. 54.

[62] Idem, Art.. 55 y 56.

[63] Idem, Art. 57.

[64] Idem, Art. 58.

[65] Ley 361 del 7 de febrero 1997

[66] Idem, Art. 6.

[67] Idem, Art. 70.

[68] Ley 4179 del 30 de diciembre 1989

[69] Idem, Art. 6.

[70] Ley 7600 del 18 de abril 1996

[71] Idem, Art. 12 y 13.

[72] Ley Codificación Nº 000.RO/301

[73] Idem, Art.. 5 y 6.

[74] Idem, Art.. 7 y 8.

[75] Idem, Art. 9.

[76] Idem, Art. 10.

[77] Idem, Art. 11.

[78] Idem, Art. 12.

[79] Decreto Nro. 888 del 27 de abril de 2000.

[80] Idem, Art.. 43, 36 y 9.

[81] Ley Nº 13 del 27 de abril 2,000

[82] Idem, Art. 65.

[83] Idem, Art. 66.

[84] Decreto Nº 35-96 del28 de noviembre 1996

[85] Idem, Art.. 22 a 24.

[86] Ley  s/n del 27 de abril 1999

[87] El referido Plan contempla las siguientes acciones: que contemple acciones en materia de: a) Prevención, asistencia médica y asistencia rehabilitatoria; b) Bancos de prótesis, órtesis, ayudas técnicas y medicinas de uso restringido; e) Educación y rehabilitación sexual; d) Orientación y capacitación a las familias o a terceras personas que apoyan a la población con discapacidad; e) Educación especial y regular; f) Empleo, capacitación para el trabajo, apoyo a proyectos productivos, talleres o centros de trabajo protegido a través de agencias laborales; g) Eliminación de barreras físicas implementando facilidades arquitectónicas, de señalización y de desarrollo urbano; h) Vehículos del servicio público de transporte, transporte adaptado y educación vial; i) Guarderías para menores con discapacidad; j) Servicios de turismo; k) Construcción y adquisición de vivienda; l) Actividades deportivas, recreativas y culturales; m) Reconocimiento, difusión, enseñanza y utilización del Lenguaje de Señas en servicios de salud, educación, empleo, capacitación, transporte, desarrollo social, servicios públicos, servicios al público y comerciales. n) Creación y asignación de becas deportivas, educativas y otros apoyos; o) Integración de la mujer con discapacidad y apoyos a madres solteras con discapacidad; y p) Creación de Albergues y Casas Hogar para personas con discapacidad.

[88] Idem, Art. 5.

[89] Idem, Art. 6.

[90] Ley 27050 del 18 de diciembre 1998

[91] Idem, Art. 5.

[92] Idem, Art.. 6 y 7.

[93] Idem, Art. 8.

[94] Idem, Art. 9.

[95] Idem, Art. 10.

[96] Ley 22.431 del 16 de marzo de 1981.

[97] Idem Art. 5 Incisos a).

[98] Ley 7.853 del 24 de octubre de 1989.

[99] Idem, Art. 3.

[100] Idem, Art. 7.

[101] Codificación Nº 000.RO/301 del 6 de abril 2001

[102] Idem, Art. 6, incisos   c) y e).

[103] Idem, Art. 9.

[104] Idem, Art. 9 inciso h)

[105] Idem, Art. 27.

[106] Ley 361 del 7 de febrero 1997

[107] Idem, Art. 26.

[108] Ley 19.284 del 5 de enero de 1994.

[109] Idem, Art.. 48 a 51.

[110] Ley de Bienestar para personas con Discapacidad del 30 de diciembre de 1989.

[111] Idem, Art.. 56 a 58.

[112] Ley 7600 de 18 de abril de 1996.

[113] Idem, Art. 60.

[114] Idem, Art. 61.

[115] Idem, Art.. 62 a 67.

[116] Ley 202 del 27 de septiembre de 1995.

[117] Idem, Art.. 22 y 25.

[118] Ley 3 del 17 de mayo de 1994.

[119] Idem, Art. 520.

[120] Ley 27050 del 18 de diciembre 1998

[121] Constitución Política del Perú, Art. 200 numeral 6.

[122] Ley 27050, Art. 8.

[123] Ley Nº 13 del 27 de abril 2,000

[124] Ley 4.623 del 15 de agosto 1993

[125] Ley del 15 de agosto de 1993.

[126] Idem, Art. 13, inciso i) y Art. 35.

[127] Ley 22.431 del 16 de marzo 1981

[128] Idem. Art. 3

[129] Ley 19.284 del 5 de enero 1994

[130] Idem. Art.3. Párrafo 2.

[131] Idem. Art. 7

[132] Idem. Art. 8 al 11

[133] Idem. Art. 12

[134] Idem. Art 47

[135] Ley 361 de 1997

[136] Idem. Art. 5

[137] Ley del 6 de abril de 2001

[138] Idem. Art. 18

[139] Idem. Art 30. SEGUNDA

[140] Disability Discrimination Act - 1995

[141] Idem. Puntos 1 y 3

[142] Ley 4179 del 30 de diciembre 1989

 

[143] Idem. Art.19

[144] Idem. Art. 19

[145] Ley de 1 de enero 1996

[146] ïdem. Art. 51 al 55

[147] Ley 202 del 27 de setiembre 1995

[148] Idem. Art. 4

[149] Ley 27050 del 18 de diciembre 1998

[150] Idem Art. 11

[151] Idem. Art. 12

[152] Idem. Art. 13

[153] Ley 22.431 del 16 de marzo 1981

 

[154] Idem. Art.6

[155] Idem. Art.7

[156] Ley 1678 del 15 de diciembre 1995

[157] Idem. Art. 19. Incisos c, g y l

[158] Ley 7.853 del 24 de octubre 1989

[159] Idem. Art. 2 Punto II. Incisos a, b, c, d, e, f

[160] Ley 19.284 del 5 de enero 1994

[161] Idem. Art.2

[162] Idem. Art.13

[163] Idem. Art. 14

[164] Idem. Art. 15

[165] Idem. Art.16

[166] Idem. Art. 17

[167] Ley 361 de 1997

[168] Idem. Art. 7

[169] Idem. Art.. 8 y 9

[170] Idem. Art.18

[171] Idem. Art.20

[172] Idem. Art. 21

[173] Ley 7600 de 18 de abril 1996

 

[174] Idem. Art. 5

[175] Idem. Art.31

[176] Idem. Art. 34

[177] Idem. Art. 35

[178] Idem. Art. 36

[179] Idem. Art. 38

[180] Idem. Art.. 39 y 40

[181] Ley del 6 de abril de 2001

[182] Idem. Art.4  Incisos F, I, J

[183]  Idem. Art. 19. Inciso B

[184] Idem. Art. 24

[185] Decreto 888 del 27 de abril 2000

[186] Idem. Art.. 5 y 6

[187] Idem. Art. 7

[188] Idem. Art. 8

[189] Idem. Art.. 9 y 10

[190] Idem. Art. 11

[191] Ley 13/1982

 

[192] Idem. Art.. 8 y 9

[193] Idem. Art. 18

[194]  Idem. Art.. 20 y 21

[195] Idem. Art. 22

[196] Decreto 135 de 1996

[197] Idem. Art.44

[198] Idem. Art..  Al 53

[199] Ley del 1 de enero 1996

[200] Idem. Art. 25

[201] Ley 4179 del 30 de diciembre 1989

 

[202] Idem. Art. 9

[203] Idem. Art. 21

[204] Idem. Art. 23

[205] Idem. Art. 24

[206] Idem. Art. 36

[207] Ley del 27 de abril 1999

 

[208] Idem. Art. 5. Punto VI. Incisos A y B

[209] Ley 202 del 27 de setiembre 1995

[210] Idem. Art. 6 al 8

[211] Ley s/n del27 de abril 1,999

[212] Idem. Art.. Del 9 al 12

[213] Ley Nº 3 del 17 de mayo 1994

[214] Idem. Art. 519

[215] Ley del 15 de agosto de 1993

[216] Idem. Art. 22

[217] Ley 27050 de 18 diciembre 1998

[218] Idem. Art. 14. Inciso 14.2

[219] Idem. Art.. 15 y 16

[220] Idem. Art. 17

[221] Idem. Art. 18

[222] Idem. Art. 19

[223] Idem. Art. 20

[224] Ley Código Nro. 000.RO/301 del 6 de abril de 2001.

[225] Idem, artículo 19.

[226] Idem.

[227] Ley 22.431 del 16 de marzo de 1981.

[228] Idem, Art.. 20 a 22.

[229] Ley 2678 del 15 de diciembre de 1995.

[230] Ley 19.284 del 5 de enero de 1994.

[231] Idem, Art.18.

[232] Idem, Art. 21.

[233] Idem, Art. 22.

[234] Idem, Art.. 23 y 24.

[235] Idem, Art. 25.

[236] Ley 361 de 7 de febrero de 1997.

[237] Idem, Art. 15.

[238] Idem, Art. 42.

[239] Ley 4179 del 30 de Diciembre de 1989.

[240] Idem, Art. 15.

[241] Idem, Art. 33.

[242] Ley 7.853 del 24 de octubre de 1989.

[243] Ley 7600 del 18 de abril 1996

[244] Idem, Art.. 41, 42 y 44

[245] Idem. Art..43 y 49.

[246] Idem, Art.. 45 a 48.

[247] Idem, Art.. 50 a 53.

[248] Decreto Nro. 888 del 27 de abril de 2000.

[249] Idem, Art.. 12 y 13.

[250] Idem, Art.. 14 y 15.

[251] Idem, Art. 16

[252] Idem, Art. 17.

[253] Ley 13 de 7 de abril de 1982.

[254] Decreto 135-96 del

[255] Ley del 27 de noviembre de 1995.

[256] Idem, Art. 2.

[257] Idem, Art. 5.

[258] Idem, Art.. 15 y 16.

[259] Idem, Art.. 17 y 17 (bis).

[260] Idem, Art. 17 (ter).

[261] Idem, Art. 18 literales I. A. V. I.

[262] Idem, Art. 18 (bis).

[263] Idem, Art.. 19 y 20.

[264] Ley 202  del 27 de setiembre 1995

[265] Idem. Art. 13. Incisos F , H,  I

[266] Ley 27050 del 18 de diciembre de 1998.

[267] Idem, Art.. 43, 44 y 2da. Disposición Tansitoria.

[268] Idem, Art.. 45 y 46.

[269] Ley del 15 de agosto 1993

 

[270] ïdem. Art. 32 y  34

[271] Ley 22.431 del 16 de marzo 1981

[272] Ley 22.431, Art. 13.

[273] Ley 7.853 del 24 de octubre de 1989.

[274] Idem, Art. 2, numeral I.

[275] Idem, Art. 2, numeral IV.

[276] Ley 19.284 del 5 de enero de 1994.

[277] Idem, Art.. 26 y 27.

[278] Idem.

[279] Idem, Art. 28.

[280] Idem, Art. 29.

[281] Idem, Art.. 30 a 32.

[282] Ley 361 del 7 de febrero de 1997.

[283] Idem, Art. 10.

[284] Idem, Art. 11 y Ley 115 de 1994.

[285] Idem, Art.. 11 a 13.

[286] Idem, Art. 13.

[287] Idem.

[288] Idem, Art.. 14 y 16.

[289] Idem. Art. 39

[290] Idem. Art.. 40 y 41

[291] Ley 7600 de 18 de abril de 1996.

[292] Idem, Art.. 14 a 17.

[293] Idem, Art. 20.

[294] Idem, Art. 18.

[295] Idem, Art. 19.

[296] Ley 7600 del 18 de Abril 1996

[297] Idem, Art. 21.

[298] Codificación Nº 000.RO/301 del 6 de abril de 2001

[299] Idem, Art. 19, literal c).

[300] Decreto 888 del 27 de abril de 2000.

[301] Idem, Art. 2, numerales 2 y 7 y Art. 18.

[302] Idem, Art.. 19 a 21.

[303] Idem, Art. 20.

[304] Ley 13 del 7 de abril de 1982.

[305]Idem, Art.. 6, 23 y 30.

[306] Idem, Art.. 24 a 26.

[307] Idem, Art. 28.

[308] Idem, Art. 31, numeral 2.

[309] Idem. Art. 52. Punto 5

[310] Decreto 135-96

[311] Idem, Art.. 25 a 28.

[312] Idem, Art.. 29 y 30.

[313] Idem, Art. 31.

[314] Idem, Art. 32.

[315] Idem, Art. 33.

[316] Ley 4179 del 30 de diciembre de 1989.

[317] Idem, Art.. 12 y 13.

[318] Idem, Art. 12, numerales 4 y 5.

[319] Ley del 1 de enero 1996

[320] Idem. Art. 26 y 27

[321] Idem Art. 28

[322] Idem. Art. 29

[323] Idem. Art. 30

[324] Ley del 27 de noviembre de 1995.

[325] Idem, Art. 5, numeral VI, literal e)

[326] Idem, Art. 21, numeral IV.

[327] Idem. Art. 27.

[328] Ley 202 del 27 septiembre 1995

[329] Idem Art. Inciso E.

[330] Ley 27050, del 31 de diciembre de 1998.

[331] Idem, Art.. 22 y 23.

[332] Idem, Art. 23.

[333] Idem, Art. 25.

[334] Idem, Art. 26.

[335] Idem, Art.. 27 a 29.

[336] Idem, Art. 30.

[337] Ley del 15 de agosto 1993

[338] Idem. Art. 19 al 21

[339] Ley 22.431 del 16 de marzo de 1981.

 

[340] Idem, Art.. 8 a 10.

[341] Ley 22.431 del 16 de marzo 1981

[342] Idem, Art. 11.

[343] Idem, arts. 13.

[344] Particularmente las disposiciones de las leyes 20.475 y 20.888.

[345] Ley 2678 del 15 de diciembre de 1995.

[346] Idem, Art. 6, literales h) e i).

[347] Idem, Art.. 14 y 15.

[348] Ley 7.853 del 24 de octubre de 1989.

[349] Idem, Art. 2, numeral III.

[350] Ley 19.284 del 5 de enero de 1994.

[351] Idem, Art.. 32 a 36.

[352] Idem, Art.. 37 y 38.

[353] Ley 361 del 7 de febrero 1997

[354] Idem, Art.. 22 y 23.

[355] Idem, Art. 23.

[356] Idem, Art. 24.

[357] Idem, Art. 26.

[358] Idem, Art. 27.

[359] Idem, Art. 28.

[360] Idem, Art. 28.

[361] Idem, Art. 30.

[362] Idem, Art. 32.

[363] Idem, Art. 34.

[364] Ley 4179 del 30 de Diciembre de 1989.

[365] Ley 7600 de 18 de abril de 1996.

[366] Idem, Art.. 23 y 24.

[367] Idem, Art. 25.

[368] Idem, Art. 26 y 27.

[369] Idem, Art.. 28 y 29.

[370] Idem, Art. 30.

[371] Codificación Nº 000.RO/301 del 6 de abril de 2001

[372] Idem, Art. 4.

[373] Idem, Art. 19.

[374] Decreto 888 del 27 de abril de 2000.

[375] Idem, Art. 2.

[376] Idem, Art. 24.

[377] Idem, Art. 26.

[378] Idem, Art.. 28 y 29.

[379] Ley 13 del 7 de abril de 1982.

[380] Idem, Art.. 37 y 38.

[381] Idem, Art. 38.

[382] Idem.

[383] Idem, Art. 39.

[384] Idem, Art.. 41 y 42.

[385] Idem, Art.. 43 a 45.

[386] Idem, art. 46 a 48.

[387] Idem, Art. 48.

[388] Americans with Disabilities Act (La Ley para los Americanos Discapacitados), o simplemente ADA, del 26 de julio 1990

[389] Idem. Título I

[390] Decreto Nº 135 de 1996

[391] Idem. Art. 34

[392] Idem. Art.35

[393] Idem. Art. 37, 38 y 43

[394] Idem. Art. 39 y 40

[395] Idem. Art. 36 y 42

[396] Disability Discrimination Act - 1995

 

[397] Idem. Punto 4

[398] Ley del 27 de noviembre de 1995.

[399] Idem, Art. 5.

[400] Idem, Art. 11.

[401] Idem, Art. 12.

[402] Idem, Art. 13.

[403] Idem, Art. 14.

[404] Ley del 1 de Enero 1996

[405] Idem. Art. 41

[406]Íïdem. Art. 67 y  68

[407] Ley 202 del 27 de setiembre 1995

[408] Idem . Art. 13

[409] Ley 3 del 17 de mayo e 1994.

[410] Idem, Art.. 63 y 62.

[411] Ley 27050 del 18 de diciembre de 1998.

[412] Idem, Art. 31.

[413] Idem, Art.. 32 a 34.

[414] Idem, Art. 35.

[415] Idem, Art. 36.

[416] Idem, Art. 38.

[417] Idem, Art. 39 a 41.

[418] Idem, Art. 42.

[419] Ley del 15 de Agosto 1993

[420] Idem. Art. 23 y 24

[421] Idem. Art. 25

[422] Idem. Art. 22 al 25

[423] Ley 22.431del 16 de marzo 1981

[424] Idem. Art. 14

[425] Idem. Art. 15

[426] Idem. Art.16

[427] Ley 361 de 1997

[428] Idem. Art. 5

[429]Idem Art. 19. y 29

[430] Ley 7600 de 18 de abril 1996

[431] Idem. Art. 28

[432] Idem. Art. 29 y 30

[433] Idem. Art. 32

[434] Idem. Art. 33

[435] Idem. Art. 37

[436] Ley 4179 del 30de diciembre 1989

[437] Idem. Art. 10

[438] Idem. Art. 34. Párrafo 1 y 2

[439] Ley del 15 de agosto 1993

[440] Idem. Art. 31

[441] Ley 27050 del 18 de diciembre 1998

[442] Idem. Art. 21

[443] Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración social de los minusválidos.

 

[444] Idem. Art. 12 y 13

[445] Ley 888 del 27 de abril 2,000

[446] Idem. Art. 30 y 31

[447] The Americans with Disabilities Act of 1990

[448] PWD Act.1995

[449] Idem. Art. 66, 67 y 68

[450] Ley 22.431 del 16 de marzo 1981

 

[451] Idem. Art.7

[452] Ley 1678 del 15 de diciembre 1995

[453] Idem Art. 22

[454] Ley 7.853 del 24  de octubre 1989

[455] Idem. Art. 17

[456] Ley 19.284 del 5 de enero 1994

[457] Idem. Art.39

[458] Idem. Art.. del 40 al 45

[459] Ley  361 de 1997

[460] Idem. Art. 35 al 37

[461] Idem Art. 38

[462] Ley 4179 del 30 de diciembre 1989

[463] Idem. Art.10

[464] Idem. Art. 11

[465] Idem. Art. 16

[466] Idem. Art. 34

[467] Ley 7600 de 18 de abril 1996

[468] Idem. Art.4 inciso h

[469] Ley del 6 de abril de 2001

[470] Idem. Art.20

[471] Idem. Art.. 22 y 23

[472] Idem. Art.28

[473] Ley 13/1982.

[474] Constitución de España, artículo 41: Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.

[475] Idem. Art.12

[476] Idem. Art.15

[477] Idem. Art.17

[478] Idem. Art.49

[479] Idem. Art.50

[480] Idem. Art.51

[481] Idem. Art.52

[482] Idem. Art 64

[483] Ley del 1 enero 1996

[484] Idem. Art. 56

[485] Idem. Art. 56

[486] Ley del 27 de abril 1999

[487] Idem. Art. 10

[488] Ley 202  del 27 de setiembre 1995

 

[489] Idem. Art. 2

[490] Ley del 15 de agosto 1993

[491] Idem. Art. 26

[492] Ley 27050 del 18 de diciembre 1998

[493] Idem. Art.47

[494] Idem. Art.50

[495] Idem. Tercera Disposición Final. Artículo Único

[496] Ley 22.431 del 16 de marzo de 1981.

[497] Idem Art. 5 inciso a).

[498] Ley 7.853 del 24 de octubre de 1989.

[499] Idem, Art. 3.

[500] Idem, Art. 7.

[501] Idem, Art. 6, Incisos   c) y e).

[502] Idem, Art. 9.

[503] Idem, Art. 9 inciso h)

[504] Idem, Art. 27.

[505] Idem, Art. 26.

[506] Ley 19.284 del 5 de enero de 1994.

[507] Idem, Art.. 48 a 51.

[508] Ley de Bienestar para personas con Discapacidad del 30 de diciembre de 1989.

[509] Idem, Art.. 56 a 58.

[510] Ley 7600 de 18 de abril de 1996.

[511] Idem, Art. 60.

[512] Idem, Art. 61.

[513] Idem, Art.. 62 a 67.

[514] Ley 202 del 27 de septiembre de 1995.

[515] Idem, Art.. 22 y 25.

[516] Ley 3 del 17 de mayo de 1994.

[517] Idem, Art. 520.

[518] Constitución Política del Perú, Art. 200 numeral 6.

[519] Ley 27050, Art. 8.