REFORMA PARCIAL DE LA CONSTITUCION


Resulta indispensable que el Congreso de la República reforme la Constitución Política de 1993 diseñando un nuevo modelo destinado a que la función de impartir justicia se ejerza de manera autónoma, efectiva y predecible.


Ver aquí Proyecto de Ley 10676

PROPUESTAS

Los principales puntos contenidos en la propuesta aprobada por la CERIAJUS son los siguientes:

Poder Judicial

  • La justicia militar se incorpora dentro del Poder Judicial para que no siga siendo una instancia judicial paralela exenta de control, evitándose así los excesos cometidos.
  • El presupuesto elaborado por el Poder Judicial no podrá ser observado por el Ejecutivo, salvo que exceda del 4% del monto total del Presupuesto General de la República.
  • La Corte Suprema estará conformada por una Corte única de once miembros con competencia nacional que resolverá los recursos de casación y la responsabilidad de los altos funcionarios.
  • Para ser Juez de la Corte Suprema se deberá acreditar una trayectoria democrática, de respeto a los derechos fundamentales y una conducta profesional acorde con los principios éticos. Los jueces pueden permanecer en el servicio hasta los setenta años y tienen derecho a mantener su especialidad jurídica durante el desempeño de su función.
  • El Consejo de Gobierno del Poder Judicial será el órgano encargado del gobierno del Poder Judicial, y estará integrado por magistrados de todos los niveles y por representantes de las universidades y colegios de abogados. Los distritos judiciales tendrán su propio Consejo de Gobierno, según lo dispuesto por la Ley Orgánica.
  • Quedan eliminadas las diferencias entre los magistrados, precisándose que los jueces sólo se distinguen entre sí por la diversidad de sus funciones.
  • La carrera judicial se afianza para garantizar la independencia de la función jurisdiccional, los derechos de los jueces, el establecimiento de un sistema de méritos para el ingreso, ascenso y permanencia, la calidad del servicio de justicia.

 

Consejo Nacional de la Magistratura

  • Se constituye en el órgano autónomo encargado de la selección, nombramiento, promoción y régimen disciplinario de todos los jueces y fiscales.
  • Asume el control externo y permanente de los jueces y fiscales, eliminando el sistema de control interno que está en manos del Poder Judicial y del Ministerio Público.
  • Elimina las ratificaciones de jueces y fiscales cada siete años, pues en la practica se han convertido en un poder discrecional absoluto, secreto e incuestionable.

 

Academia de la Magistratura

  • Adquiere total autonomía administrativa, económica y académica, dejando de permanecer al Poder Judicial.
  • Está encargada de la formación y capacitación de los jueces y fiscales en todos los niveles, así como de la formación de los aspirantes a estos cargos cuando la ley lo señale.
  • El Consejo Directivo es su más alto órgano, y está integrado por represen- tantes del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Consejo Nacional de la Magistratura, de los Colegios de Abogados y de las Facultades de Derecho de las Universidades.

 

Ministerio Público

  • Sus miembros tienen los mismos derechos y prerrogativas y están sujetos a las mismas obligaciones que los del Poder Judicial en los niveles respectivos.
  • Se homologa el período del cargo de Fiscal de la Nación con el del Presidente de la Corte Suprema, ambos en dos años.
  • Se introduce al Consejo de Gobierno del Ministerio Público como el órgano encargado del gobierno de la entidad, el cual está integrado por fiscales de todos los niveles y por representantes de las universidades y de los colegios de abogados.

 

Tribunal Constitucional

  • Se introduce la posibilidad de que el Tribunal pueda escoger discrecionalmente los procesos de hábeas corpus, amparo, hábeas data y de cumplimiento resueltos por el Poder Judicial que considere necesario revisar. Además podrá resolver en instancia única los procesos de amparo interpuestos contra resoluciones judiciales dictadas por la Corte Suprema de la República y contra resoluciones dictadas por el Consejo Nacional de la Magistratura.
  • La sentencia que declara inconstitucional una norma carece de efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando sea más favorable al reo. Si la norma declarada inconstitucional afecta derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional podrá darle eficacia retroactiva a su sentencia.
  • Resolverá y adoptará acuerdos por mayoría simple de votos emitidos, salvo para dictar sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma, caso en que se requerirá un mínimo de siete votos del número legal de sus miembros.

 

Necesidad de establecer relaciones de coordinación

  • Se introduce una norma constitucional según la cual el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura y la Academia de la Magistratura establecerán relaciones de coordinación a efectos de asegurar el cumplimiento adecuado y oportuno de la función de impartir justicia.

 

Comunidades campesinas y nativas, rondas campesinas y pueblos indígenas.

  • Se reconoce que las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, rondas campesinas y pueblos indígenas pueden resolver conflictos dentro de su ámbito territorial.

 

Derecho a un debido proceso

  • Se lo reconoce como un derecho fundamental, precisando sus manifestaciones más relevantes.